Como parte de un proceso de rescate y normalización de los ingresos de Edesur, el grupo italiano Enel acaba de cerrar la entrega de $1.000 millones para la principal distribuidora de electricidad de la Argentina.

Se trata de fondos que el holding controlante de la compañía cederá en forma de contrato de financiamiento por un plazo de 12 meses. En ese marco, el dinero será usado por Edesur para cancelar pasivos de corto plazo y como capital de trabajo con el objetivo de reforzar las inversiones en su red.

Esto último es algo que ya ha venido llevando a cabo en los últimos años para mejorar la calidad del servicio que ofrece a sus 2,4 millones de clientes distribuidos en la Capital Federal y varios partidos del Gran Buenos Aires.

El préstamo tuvo el aval del comité de auditoría de la sociedad por entender que es razonable en las condiciones actuales del mercado financiero, por lo que se espera que la empresa lo suscriba en los próximos días.

El dinero llega en momentos en los cuales se está terminando de aceitar el marco legal que regirá el traspaso de jurisdicción tanto de Edesur como de Edenor, del ámbito nacional al de la Ciudad de Buenos Aires y el de la provincia de Buenos Aires.

Como parte de este proceso ya informado en marzo pasado y dispuesto por las leyes 27.467 de Presupuesto Nacional y 27.469 de Consenso Fiscal, y por el Decreto 162/2019, se dispone que la Provincia y la Ciudad asumen en forma conjunta el carácter de poder concedente del servicio público que presta Edesur.

Asimismo, se dispone la creación del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico (EMSE), que reemplazará al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el control de las actividades de ambas empresas de distribución de electricidad.

Si bien ya fue anunciado, el traspaso recién entrará en vigencia una vez ratificado por el Poder Ejecutivo Provincial y la Legislatura porteña, lo cual todavía no se concretó.

Una vez formalizado, el acuerdo también pondrá en marcha el pago de deudas cruzadas entre Edesur y Edenor y el Estado nacional, y pone fin a los reclamos recíprocos pendientes originados en el período de transición del 2006 al 2016, años en los cuales las tarifas quedaron totalmente congeladas.

En ese marco, Edesur está obligada a cancelar deudas remanentes originadas en esos años y a ejecutar inversiones adicionales a las establecidas en el contrato de renegociación tarifaria integral acordado con el Gobierno.

Compensaciones del Estado

El objetivo de los desembolsos es el de contribuir a la mejora, confiabilidad y seguridad del servicio con inversiones por casi $9.500 millones. El dinero provendrá de fondos propios de la compañía en la cual sus ejecutivos renunciaron a percibir dividendos para solventar esos planes.

Por su parte, el Estado Nacional compensará a favor de Edesur deudas por mutuos y compras de energía y por la tarifa social generadas entre el 2017 y el 2018, y además condonará una serie de multas y sanciones que había impuesto por distintos incumplimientos en el servicio.

En este caso, el monto total comprometido por el Estado Nacional suma aproximadamente $10.200 millones, aunque la sociedad deberá a su vez afrontar el pago de impuestos correspondientes por aproximadamente $2.800 millones.

El cambio de jurisdicción forma parte del proceso iniciado por el Gobierno en línea con el objetivo de déficit primario cero que se comprometió a cumplir con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que obligará a que las arcas de la Ciudad y la Provincia financien los aportes para los subsidios de la tarifa social y a las conexiones de los barrios carenciados.

Durante los últimos años, Edesur vino desarrollando su servicio bajo un marco regulatorio que sus ejecutivos consideraron adverso por haber afectado significativamente los ingresos de su operación y su liquidez, y condicionaron severamente las decisiones sobre acciones en la red, las que se limitaron a las factibles con los ingresos otorgados.

En este marco, desde la empresa confían en que el acuerdo final de tarifas le permita recomponer la ecuación económico-financiera prevista en el contrato de concesión, y revertir los efectos en la red de los acotados niveles de inversión que encaró debido a una caída sostenida de sus ingresos entre el 2002 y el 2014.

En cuanto a la política comercial, la empresa busca mejorar la calidad percibida por los clientes y la optimización de los procesos comerciales, además de enfocarse en la seguridad eléctrica en instalaciones domiciliarias e industriales y en la eficiencia energética.

De hecho, en el último balance correspondiente al primer trimestre de este año, Edesur reportó ciertas mejoras en sus ingresos, aunque todavía alejadas de otros años. Entre enero y marzo pasados su ganancia integral total neta fue de $573 millones, en comparación con un de $1.976 millones para el período de tres meses finalizado el 31 de marzo del 2018.

Esto en parte se debe a una caída del 7,3% en la demanda de electricidad, que a su vez redujo los ingresos de la distribuidora de $13.687 millones del primer trimestre del año pasado, a $12.747 millones entre enero y marzo pasados.

Por su parte, el costo de explotación aumentó un 10,8%, debido principalmente a mayores cargos por compra de energía eléctrica que se explica por un incremento en el precio promedio.

La empresa logró compensar en parte estos incrementos con una reducción de las remuneraciones y cargas sociales, debido principalmente a una disminución en la nómina de personal. Esto fue consecuencia de las adhesiones al plan de retiro voluntario que puso en marcha el año pasado y que está a punto de finalizar.

De manera adicional, Edesur tuvo que afrontar mayores gastos de comercialización y de administración, que aumentaron un 18,4% respecto del mismo período de 2018.