Correo Argentino despedirá a cuatro mil empleados en dos etapas
Los dirigentes gremiales informaron que en los primeros días de febrero se concretarán 2.500 despidos autorizados por el Ministerio de Trabajo en el Correo Argentino. Aunque eso apenas es el puntapié inicial de un proceso de cesantías mucho más amplio: en total las bajas en la empresa estatal serán 4.000.
El ministro de Trabajo de la Nación, el cuestionado Jorge Triaca, aprobó un plan propuesto por la Sociedad Anónima, que tiene como único accionista al Estado, y así habilitó a la firma que formó parte del Grupo Macri a pagar sólo el 50% del monto de indemnizaciones que corresponden por ley.
Así, el procedimiento preventivo de crisis permitirá al Correo modificar las condiciones laborales de sus empleados, cerrar áreas, no cumplir con lo pautado en las negociaciones paritarias e inclusive despedir a trabajadores.
De acuerdo al plan presentado por el directorio, el déficit de la empresa postal supera los $2.000 millones. En ese marco, determinaron no abonar las licencias gremiales, suspender el aporte solidario a los sindicatos y no pagar la última cuota de 5% de la paritaria 2017 que debe efectivizarse con el sueldo de enero.
Los titulares de la Asociación Argentina de Trabajadores de la Comunicación (Aatrac), Juan Palacios; de la Federación de Obreros Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), Alberto Cejas; de la Federación de Obreros y Empleados del Correo Oficial y Privados (Foecop), Ricardo Ferraro, y Horacio Zungri de la Federación de Empleados Jerárquicos y Profesionales del Correo (Fejeproc) decidieron reunirse para evaluar un plan de lucha de cara al nuevo escenario adverso.
Según trascendió, los gremialistas ponen la continuidad laboral por encima de las deudas de aportes aunque por ahora esperan a que la empresa estatal encabezada por Luis Freixa Pinto dé el primer paso para evaluar medidas.
La empresa adquirió la deuda durante la década del '90, cuando Carlos Menem privatizó el Correo y se lo adjudicaron los Macri: bajo la administración de la ahora familia presidencial, no pagaron el canon establecido con la excusa de que el Estado no les permitía aumentar las tarifas, acumularon u$s300 millones de deuda y despidieron a diez mil trabajadores. Para 2001 ya habían entrado en concurso preventivo, mientras hacían juicios al Estado.