El Gobierno de Estados Unidos trabaja en un plan de transición en Venezuela ante la certeza de que la crisis humanitaria que vive el país sudamericano puede provocar la caída del régimen, con un número de refugiados que superará al de la guerra en Siria.

Varios altos funcionarios, diplomáticos y senadores consultados por ABC de España aconsejaron al presidente Donald Trump que prepare una propuesta de intervención en el país, ante la posibilidad de que la situación derive pronto en un golpe militar, una revuelta popular o la propuesta de una coalición armada.

Recientes en la memoria norteamericana las experiencias de Afganistán e Irak, el único escenario que no contempla la Casa Blanca es una misión armada unilateral, a pesar de que Trump expresó esa posibilidad en varias ocasiones.

Sí hubo consultas en ese sentido entre Estados Unidos y aliados suyos e instituciones como la Organización de Estados Americanos, cuyo secretario general, Luis Almagro, dijo recientemente: "Respecto a una intervención militar para deponer al régimen de Maduro, ninguna opción debe descartarse". De producirse, sería a través de una coalición, con un objetivo limitado.

Según admitió recientemente el almirante Craig Faller, candidato a liderar el Comando Sur de Estados Unidos, "los esfuerzos militares de momento dieron cobertura a la diplomacia para garantizar una transición pacífica en Venezuela, pero la situación es desastrosa, y está afectando a toda la región. Nuestro principal foco serán nuestros aliados".

Colombia, Perú y Ecuador ya recibieron a 1,8 millones de los 2,6 millones de venezolanos que abandonaron hasta la fecha el país, ante la falta de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI estima que a final de año llegará al 1.000.000 por ciento.

Trump cuenta con apoyo de ambos partidos en el Capitolio, que trabajan en su propio plan de transición. Once senadores republicanos y demócratas elaboraron una ley dedicada a preparar a Estado Unidos para un cambio de régimen inminente, con 55 millones en fondos de ayuda y créditos para la reconstrucción de Venezuela.

Sus objetivos declarados son "restaurar la ley y la democracia, liberar a los presos políticos, permitir la entrega de ayuda humanitaria y crear las condiciones necesarias para que se celebren unas elecciones libres y democráticas".

Según opina uno de los autores de la ley, el senador republicano David Perdue, "muchas cosas deben cambiar, desde el hundimiento de la economía al deterioro del marco legal. Es de vital importancia que Estados Unidos se mantenga junto a la ciudadanía de Venezuela frente a esta tiranía".

"Hasta que Leopoldo López, Juan Requesens y los otros presos políticos sean liberados, se le devuelvan los poderes a la Asamblea Nacional y se restablezcan los mecanismos legítimos de la democracia, seguiré ejerciendo presión sobre ese régimen corrupto", añade el demócrata Dick Durbin.

Una de las medidas principales que ya tomó la Administración de Trump es aumentar la presión sobre Cuba. Según señaló un alto funcionario de Estados Unidos, la Casa Blanca cree que lo único que mantiene a Maduro en el poder es "que la inteligencia cubana le ayuda a tener bajo control a los elementos del Estado que están insatisfechos con él y que podrían tomar la iniciativa para deponerle".

Ese representante del Gobierno norteamericano, que explicó estas medidas a un grupo de periodistas bajo condición de anonimato, dijo que 22.000 cubanos se infiltraron en las instituciones venezolanas.

En los próximos días, el Asesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, prevé ofrecer detalles sobre esas medidas de presión a Cuba, que pasan por mayores restricciones a los norteamericanos que quieran viajar o hacer negocios en la isla, revirtiendo varias medidas aperturistas de Barack Obama.

Un impedimento para Bolton y Estados Unidos son sus constantes ataques a la Corte Penal Internacional, ante la que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú denunciaron los crímenes contra la humanidad de Maduro. Varios senadores aconsejaron a la Casa Blanca que se sume a esas demandas, en lugar de boicotear a la Corte.

Una razón de peso para que la Casa Blanca se resista hasta ahora a tomar medidas más enérgicas contra Maduro es que Venezuela fue el año pasado el cuarto país que más petróleo vendió a Estados Unidos, un 7% del total de sus importaciones. Las ventas a Estados Unidos suponen un 80% de las exportaciones totales de crudo de Venezuela, y una fuente primordial de ingresos del régimen.

Por lo pronto, las sanciones económicas de Estados Unidos se dirigieron al régimen y sus representantes, pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, sugirió el mes pasado que Trump está considerando sanciones parciales a la producción de crudo, en concreto a las productoras de petróleo del Ejército y a las aseguradoras que cubren el transporte del crudo. El año pasado, Washington prohibió a bancos de Estados Unifod conceder créditos a la petrolera pública venezolana, PDVSA.

Desde que llegó al poder, Trump impuso cuatro rondas de sanciones al régimen. La última, el mes pasado, afectó entre otros a la mujer de maduro, Cilia Flores, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Varios altos funcionarios de Estados Unidos se llegaron a reunir con militares venezolanos que sopesaban un deponer a Maduro, pero finalmente decidieron no apoyar logística o militarmente ningún golpe de Estado, según reveló hace un mes The New York Times. Dos intentos recientes de derrocar al régimen fallaron: una conspiración militar en mayo y un ataque con drones a Maduro en agosto.