“Paz social”. Ese fue el concepto que utilizó el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, a la hora de referirse al bono de 5.000 pesos que este martes el Gobierno oficializó vía decreto.

"Lo que busca el bono es generar un esquema de paz social y armonía adecuada a la situación del proceso inflacionario que estamos viviendo", indicó el funcionario.

Sostuvo además que se trata de un "mecanismo de carácter general, para atenuar" la suba de precios, cuya escalada encendió las alarmas en la Casa Rosada.

Pero esa visión optimista chocó con las protestas que se escucharon desde sectores sociales tan disímiles como los empresarios y las organizaciones piqueteras.

Lo cierto es que desde el mundo empresarial este martes ya hubo advertencias de que no todos podrán pagar el monto establecido por el Ejecutivo. A la par, las organizaciones sociales hicieron saber que reclaman un bono similar al que logró la CGT. Si no, aseguran, multiplicarán sus protestas.

Distensión

Con el fin de año en el horizonte y el G20 a la vuelta de la esquina (se realizará entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre en Buenos Aires), el Gobierno buscó con el bono disminuir la conflictividad social. Sin ir más lejos, logró desactivar un paro nacional de la CGT. El encargado de ratificar que la central obrera desactivó la medida de fuerza que había anunciado fue el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, quien aseguró este martes que "por el momento" no habrá huelga general.

"Desde el Estado buscamos un camino que atienda a las dificultades, pero dentro del cual el objetivo es, como dijo el Presidente, ir acompañando esta situación y para eso pedimos la solidaridad a los empresarios así como la comprensión a los trabajadores", destacó Ibarra.

"Pedimos estos mientras se va corrigiendo este tema transitorio de alta inflación que en los próximos meses irá bajando", afirmó.

El vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización resaltó que las autoridades optaron por "este camino del gradualismo en una Argentina que hemos recibido totalmente quebrada, y que hemos empezado a ordenar".

También reconoció que la situación social, "por supuesto nos está pegando y hay que tener sensibilidad, y por eso buscamos el mejor camino, con la mejor voluntad, respaldando a la vez, la vulnerabilidad de los diferentes sectores".

Lo cierto es que la situación en el conurbano bonaerense no es la mejor y en el Gobierno siguen de cerca el panorama. Saben en la administración nacional y sobre todo en la provincial que es necesario aplacar los reclamos ante el advenimiento de las fiestas. El fantasma de los saqueos siempre sobrevuela diciembre cuando la situación económica es delicada.

"A veces, hay situaciones no deseadas y hay medidas coyunturales, por eso esperamos que los argentinos comprendan estas cuestiones y lo hacemos acompañando a los distintos sectores en la implementación del bono", continuó Ibarra en declaraciones radiales, a sabiendas del malestar que la medida provocó en el empresariado.

En la misma línea que su par, el ministro del Interior Rogelio Frigerio también se refirió al tema este martes y remarcó para que no haya lugar a dudas de que el bono "es obligatorio".

No obstante, se preocupó en aclarar que es "obligatorio, independientemente de lo cual puede usarse dentro de la discusión paritaria que ya están llevando adelante empresas y sindicatos".

Reclamos

Mientras la cúpula de la CGT se muestra conforme con la medida, desde el mundo empresarial ya se hicieron sentir los reproches. No fueron los únicos en hacer pública su disconformidad. Las organizaciones sociales ahora exigen un bono similar.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, aseguró este martes que "nuestro sector está complicado, algunas empresas pagarán el bono sin mayor problema aunque otras están en dificultades para hacerlo efectivo", afirmó a Télam.

En cuanto al mecanismo de pago para los trabajadores del sector de la construcción, aclaró que "continuarán las negociaciones con nuestra contraparte (la UOCRA) para ver cómo avanzamos con el pago en el marco de las paritarias".

Por su parte, el secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, indicó que el "sector privado realizará un enorme esfuerzo para llevar calma social" con la mejora salarial que representará el pago del bono acordado con el Gobierno y la CGT.

"Es el momento de apelar a los criterios de responsabilidad para paliar situaciones complejas; no es un tema menor el pago de este bono, particularmente en un contexto donde el sector asalariado no llega a fin de mes y el sector privado tampoco, por eso me refiero al enorme esfuerzo por nuestra parte", explicó Grinman a Télam.

En este sentido, destacó la importancia del diálogo entre las partes "porque acá no es una cuestión de ellos o nosotros, sino trabajar todos juntos, ellos y nosotros, con el objetivo de hacer una contribución hacia un país normal".

"Es cierto que no todos los sectores podrán afrontar el pago de este bono, por eso resulta importante que haya quedado abierta la posibilidad de una negociación directa con los sindicatos para buscar alguna modalidad de pago más allá de las dos cuotas", resaltó.

En cuanto a la medida impulsada por el Ejecutivo, aclaró que se resiste "a pensar que el único objetivo haya sido evitar un paro general, lo que sería reconocer que somos rehenes de algún sector (gremial) y no podemos ser rehenes de nadie".

"Los paros nunca solucionaron nada, menos en estos últimos tiempos que no los anuncian por reclamos genuinos sino por defender a personas en situaciones complicadas ante la Justicia", concluyó.

Organizaciones social exigen bono

Luego de que se rubricara el decreto 1043/2018, los movimientos sociales adelantaron que también reclamarán al Ejecutivo un bono para las fiestas.

"Estamos iniciando un proceso de discusión muy fuerte con autoridades del Gobierno nacional, con el Ministerio de Desarrollo Social", dijo Agustín Burgos, integrante de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

En declaraciones al diario El Cronista, Burgos precisó que en Julio las organizaciones sociales acordaron un aumento del Salario Social Complementario y de todos los programas sociales, además de un bono para diciembre, que "inicialmente, iba a ser de 3.000 pesos".

"Hoy estamos, lamentablemente, discutiendo la actualización de ese bono, por los acontecimientos que se han dado en el país, fundamentalmente la inflación, que ha golpeado muy fuertemente a nuestros compañeros y compañeras, y a la economía de todos los trabajadores y trabajadoras del país", señaló el dirigente de la organización que lidera Juan Grabois.

Burgos aclaró: "Hoy estamos con una negociación abierta, pero también con probables medidas de fuerza que nos lleven a profundizar esta discusión".

El Movimiento Evita, por su parte, viene reclamando la sanción de una Ley de Emergencia Alimentaria para aumentar partidas para comedores.

La CGT oficializó baja del paro

En un gesto hacia el Gobierno, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, hizo oficial que "por el momento" la CGT no realizará un paro general, luego de que el Gobierno dispusiera el pago del bono para el sector privado y acordara un aumento a estatales.

"Este bono es una bocanada de aire fresco para los trabajadores", sostuvo el gremialista.

En declaraciones a FM La Patriada, el jefe del gremio de estatales señaló que "es un año muy difícil con una economía paralizada" y reconoció que la CGT prevé "un panorama complejo para lo que viene".

"La prioridad de la CGT hoy es cuidar el empleo", aclaró Rodríguez, al tiempo que ratificó que "no habrá paro" general, como se había analizado hace algunas semanas.

En ese contexto, el sindicalista elogió al secretario de Trabajo, Jorge Triaca, quien dijo que tiene "una relación aperturista hacia el Movimiento Obrero".

"La figura de Triaca con el movimiento obrero siempre fue buena", dijo Rodríguez al ser consultado sobre la posible renuncia del funcionario.

Alcance del bono

Este martes fue publicado en el Boletín Oficial el decreto por el cual las empresas deberán pagar un bono de $5.000 a sus empleados con la intención de compensar la pérdida del poder adquisitivo frente a la elevada inflación en el país.

Se abonará 50% en el salario de noviembre y 50% en el de enero (a cobrar en diciembre y febrero). No obstante, según dispone el decreto, aquellas empresas en crisis o "declinación productiva" podrán modificar el monto y las cuotas a abonar.

Así, deja abierta la posibilidad de que el monto negociado se incluya como “futuros aumentos” paritarios.

El decreto también establece “hasta el 31 de marzo de 2019 un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa de trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción con una anticipación no menor a 10 días hábiles previo a hacerla efectiva”.

Por su parte, el Ministerio “de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado, las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral”.

A su vez, se fija que “el incumplimiento de lo establecido dará lugar a la aplicación de sanciones”, y exceptuó de este procedimiento “al personal de la industria de la construcción”.

El texto publicado este martes en el Boletín Oficial lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña, y los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; Defensa, Oscar Aguad; Hacienda, Nicolás Dujovne; Producción, Dante Sica; Justicia, Germán Garavano; Seguridad, Patricia Bullrich; Desarrollo Social, Carolina Stanley, y Educación, Alejandro Finocchiaro.