Lejos de cerrar el fin de año sin sobresaltos, el Gobierno se vio sacudido este martes por una onda expansiva de alto impacto, luego del fallo de la Corte a favor de los jubilados que expuso “la nueva mayoría peronista” y sentó un antecedente para 150.000 reclamos.

Detrás de la rebelión suprema, emergió un fenómeno inesperado que amenaza con complicar los planes oficiales para reducir el déficit fiscal y avanzar en la reforma previsional acordada con el FMI: el surgimiento del primer sindicato de jubilados de la Argentina.

Se trata de una organización de nuevo tipo no prevista en el modelo de sindicato único por rama de actividad, que podría llegar a representar a 6,8 millones de trabajadores pasivos en paritarias ante el Gobierno.

Y que además apunta a ejercer su derecho al voto en la dirección del PAMI, que aún sigue intervenido, así como en la Anses y el Consejo del Salario Mínimo, el órgano tripartito que todos los años fija indirectamente la jubilación mínima, la cual representa el 82% de ese piso salarial.

En esa iniciativa, que ya cuenta con un estatuto redactado, viene trabajando el abogado previsional Christian Gonzalez D'Alessandro, quien ayer recibió por primera vez el espaldarazo del sindicalismo duro encabezado por el camionero Pablo Moyano.

Fue durante un acto organizado por asociaciones y abogados de la tercera edad junto con más de 20 gremios enrolados en la CGT que convocaron desde las 8 de la mañana a unos 4.000 jubilados frente al Palacio de Tribunales, la sede de la Corte.

“Ya tenemos todo armado, ahora los jubilados van a poder estar afiliados a sus sindicatos de base y a la vez tener otra opción porque muchos sindicatos no bregan por los derechos de jubilados”, confirmó D'Alessandro a iProfesional.

Así se refirió el especialista en gerontología al Sindicato de Trabajadores Pasivos, la entidad promovida por los gremios nucleados en el Frente Sindical, las 62 Organizaciones Peronistas y la CTA Autónoma. Ese sector, que el martes se movilizó a Plaza Lavalle, se reunirá hoy en el sindicato marítimo SOMU para avanzar en su plan para “recuperar” la CGT.

El ala dialoguista que conduce Azopardo cerró la semana pasada su año calendario con un balance optimista tras obtener por decreto en el peor año de la gestión de Macri un bono de fin de año para los trabajadores de $5.000 en dos tramos y un mecanismo de despido con preaviso.

“El balance es muy bueno, logramos algo que no estaba en agenda”, explicó a este medio Federico West Ocampo, asesor del triunviro Héctor Daer y quien estuvo al frente de la negociación del DNU.

Daer acordó con el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, gestionar ante el Gobierno un incremento en los haberes, tal como anticipó en noviembre iProfesional. Pero cerca del triunviro reconocieron que “no va a salir nada para los jubilados este año”.

Por lo pronto, intentará pedir que se adelante a enero el aumento previsto para marzo por la Ley de Movilidad. El otro punto pendiente para el 2019 es la devolución de los fondos adeudados a las obras sociales y la recuperación de lo perdido en paritarias.

Una onda expansiva

El último aumento, del 7,79%, llevó la jubilación mínima a $9.300 en diciembre. La ley vigente fijó una fórmula compuesta por el IPC y los salarios del INDEC (RIPTE) para definir el nivel de incremento de los haberes y asignaciones, que este año acumularon un incremento del 28,8%, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual prevista.

En el Ejecutivo aseguran que no tienen los recursos presupuestarios para otorgar una compensación a los jubilados. Y algunos funcionarios esgrimen incluso que un desembolso extra podría “recalentar” la economía. La principal preocupación por estas horas es obtener antes de Navidad una nueva inyección de fondos del FMI, por u$s7.600 millones.

Los sindicatos duros, en cambio, creen que hay margen para arrancar concesiones al Gobierno en plena campaña electoral. El fallo de la Corte, que ayer finalmente por 4 a 1 declaró inconstitucional el índice RIPTE utilizado por la Anses para actualizar los haberes, terminó de convencerlos de su aparente poder de fuego.

“Hasta el lunes por la noche eran 3 a 2 los votos y este martes conseguimos el 4 a 1. La protesta generó una presión sobre los jueces”, dijo el farmacéutico Marcelo Peretta, en referencia a la definición de la jueza Elena Highton de Nolasco, que inclinó la balanza a favor de los jubilados y dejó en minoría a Carlos Rosenkrantz.

Peretta leyó un documento unificado sobre el escenario, acompañado de Moyano, Dallesandro, Leonardo Fabbre (Seguridad social) y Omar Plaini (Canillitas). Allí exigieron un bono de fin de año para los jubilados, la restitución del 100% de la cobertura de medicamentos del PAMI y la derogación de los cambios en las jubilaciones de diciembre pasado.

"Solamente sacan (dinero) del Anses para pagar el crédito del FMI. Este va a ser un fin de año deprimente, donde los compañero docentes todavía no firmaron su paritaria, hay despidos y suspensiones y no se cobra el bono", disparó Moyano.

La manifestación contó además con la adhesión del Frente Renovador, cuyo líder Sergio Massa salió en tandem de inmediato a exigir al Gobierno que cumpla lo dispuesto por la Corte y corrija la reforma previsional del año pasado, que terminó en hechos de violencia.

En su documento, los gremios rechazaron además una eventual “privatización” del sistema jubilatorio, advirtieron sobre el encarcelamiento de opositores y llamaron a salir a la calle siguiendo el ejemplo de los chalecos amarillos en Francia que "lograron bajar el precio de la nafta" y el de las actrices argentinas al "frenar los abusos machistas".

Por último, se comprometieron a constituir el sindicato de jubilados, cuyo estatuto ahora deberá ser revisado por el equipo de asesores sindicales integrado entre otros por “Huguito” Moyano, el hijo abogado del camionero.

El borrador prevé que los jubilados puedan afiliarse a la nueva entidad y aportar su cuota sin necesidad de abandonar su gremio de base, el principal temor que generaba resquemores en los dirigentes, incluso dentro del moyanismo.

Una vez definido esos detalles, el próximo paso será la presentación del pedido de inscripción ante la secretaría de Trabajo, en donde el ministro de Producción, Dante Sica, designó ayer nuevos funcionarios, tal como anticipó el lunes este medio.

De ser rechazado el trámite por las autoridades, como se espera, el mismo continuará en la Justicia laboral y podría llevar hasta dos años. Mientras tanto, los sindicatos ya pujan por definir quién estará al frente de la nueva organización.