El primer sindicato de jubilados de la Argentina tendrá hoy su primera prueba de fuego con el inicio de su pedido de inscripción gremial ante el Ministerio de Producción y Trabajo.

La titular de la nueva entidad, Delicia Sensión y su apoderado, el abogado previsionalista Christian Dalessandro, presentarán hoy a las 11 a la sede de Alem al 650 la documentación para obtener el reconocimiento de la asociación de primer grado con la que buscan negociar paritarias y representar a 6,8 millones de personas de la tercera edad en los organismos como el Pami y la Anses, tal como lo adelantó la semana pasada iProfesional.

Esas son algunas de las potestades previstas en el estatuto del denominado Sindicato de Trabajadores Previsionales. Este se apoya en la Ley 27.360 aprobada por el Congreso en junio del año pasado, que ratificó la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, por la cual los miembros firmantes de la OEA garantizan el derecho de asociación de los mayores.

Bajo ese esquema, la flamante organización se propone entre otras funciones celebrar convenios colectivos, peticionar exenciones impositivas y reclamar tarifas de servicios no superiores al 15% de los haberes; a la vez que busca intervenir ante cambios de fórmula de las jubilaciones en instancias judiciales y administrativas. 

Los jubilados, a su vez, podrán afiliarse a la nueva entidad y aportar su cuota sindical sin necesidad de abandonar su gremio de base, el principal temor que generaba resquemor en la dirigencia sindical.

El surgimiento del nuevo gremio representa todo un desafío adicional para el Gobierno, en donde siguen preocupados por el impacto del fallo de la Corte Suprema conocido el 18 de diciembre pasado a favor del jubilado Lucio Orlando Blanco.

Dicha sentencia, que fue acompañada de un recorte del poder del titular del tribunal Carlos Rosenkrantz, declaró inconstitucional el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) utilizado por la Anses para calcular el haber inicial y las actualizaciones de quienes se jubilaron en el período 1995-2008 y ordenó al Congreso que fije un nuevo indicador.

Hasta tanto se resuelva, se aplicará el ISBIC (índice de salarios básicos de la industria y la construcción), que según especialistas en el caso Blanco es un 31% superior al ofrecido por la Anses con la Reparación Histórica.

Ahora, las autoridades temen que los reclamos alcancen a la Ley de Movilidad y las indemnizaciones por accidentes de trabajo, que también utilizan el RIPTE. Pero el frente de conflicto que empezó a abrirse por lo pronto es un anteproyecto de ley que plantea una nueva fórmula para calcular los haberes e indemnizaciones de jubilados que hicieron juicio al Estado, como dispuso la Corte.

La iniciativa empezó a ser analizada ayer por los referentes del nuevo gremio de jubilados junto a letrados previsionales, sindicalistas y referentes de la tercera edad durante la reunión que mantuvieron en la sede del Sindicato de Farmaceúticos y Bioquímicos, liderado por Marcelo Peretta, también referente de una de las tres fracciones de las 62 Organizaciones Peronistas.

El autodenominado movimiento 18D es el mismo espacio sindical y político que el 18 de diciembre pasado protagonizó una protesta frente a Tribunales ante el fallo de la Corte, junto a Pablo Moyano, y que en marzo busca capitalizar la decisión de los magistrados con la presentación de una iniciativa “consensuada” en el Congreso.

La intención de sus impulsores es desenganchar el nuevo índice de los salarios con un cálculo que tenga en cuenta la recaudación de Anses, la inflación y el costo de vida para determinar un reajuste del haber inicial más favorable que el del RIPTE y el ISBIC.

Los reclamos de los jubilados cobraron impulso luego del rechazo del Gobierno a extender a ese sector el bono de fin de año de $5.000 para los trabajadores que negoció el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, con la CGT y empresarios.

Las autoridades sostienen que la Anses no cuenta con los recursos presupuestarios para cubrir un gasto extra aproximado de $32.500 millones. En el ámbito sindical aseguran, sin embargo, que el argumento choca con la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, por la cual el Gobierno tomó $86.000 millones del organismo a través de una Letra del Tesoro suscrita por la Anses.

En ese contexto, el equipo de Sica recepcionó el pedido elevado esta semana por la CGT a través de una carta firmada por sus dos titulares en la que solicitan la convocatoria en forma urgente al Consejo del Salario Mínimo frente al avance de la inflación sobre las remuneraciones. Justamente ese piso, además de incidir sobre los trabajadores informales, impacta sobre el valor de la AUH y la jubilación mínima que cobra la mayoría de los adultos mayores.