Este lunes, día en que cumpliría años Néstor Kirchner, Cristina Fernández fue citada por el juez Claudio Bonadio a prestar 8 declaraciones indagatorias.

En la que fue su primera visita del año electoral a los tribunales federales de Comodoro Py, la expresidenta dejó en claro cómo será su estrategia comunicacional en medio de una campaña que la tendrá visitando con asiduidad el edificio de Retiro. Lo utilizará como tribuna, como caja de resonancia de sus críticas al Gobierno nacional. 

La incógnita que se abre es qué táctica política será más efectiva. La del oficialismo, que espera usufructuar el desfile de la exjefa de Estado por los pasillos de Comodoro Py para vincular su gestión con la corrupción, o la de la principal líder de la oposición en la actualidad, que buscará presentarse como víctimas de una persecución y criticará el rumbo económico del país.

En el escrito que presentó ante el titular del juzgado federal 11 y a través de las redes sociales, la senadora cargó contra distintos actores judiciales: Bonadio; el fiscal del caso de los cuadernos, Carlos Stornelli; y el operador detenido Marcelo D'Alessio.

Pero también apuntó contra la coalición Cambiemos a la que vinculó con su situación procesal. "La única y verdadera asociación ilícita son ellos", afirmó.

Así, la exmandataria expuso la estrategia que desarrollará a lo largo de este 2019, en el que deberá afrontar distintos juicios y, seguramente, nuevas indagatorias.

Es que la referente de Unidad Ciudadana no sólo negó los cargos en su contra. Utilizó toda la atención que acapara su visita a la sede judicial para cuestionar también la situación económica que atraviesa el país, justamente, el eje sobre el que machacará la oposición durante la campaña presidencial.

"Mientras proyectan esa película por la cadena nacional de medios oficialistas, los argentinos y argentinas ya no saben cómo hacer para pagar los útiles del colegio, las facturas de luz, gas y agua, la cuota de la prepaga, las expensas y alquileres, el changuito del supermercado", tuiteó la exjefa de Estado, antes de ingresar al edificio de ubicado sobre la Avenida Comodoro Py 2002.

Mientras proyectan esa película por la cadena nacional de medios oficialistas, los argentinos y argentinas ya no saben como hacer para pagar los útiles del colegio, las facturas de luz, gas y agua, la cuota de la prepaga, las expensas y alquileres, el changuito del supermercado. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 25 de febrero de 2019

Nada de lo que escribe la exprimera mandataria está tado al azar.

En pos de defenderse, Cristina también puso sobre la mesa de discusión el caso D’Alessio, que involucra al fiscal de la causa de los anotadores del chofer Oscar Centeno. El falso abogado que ganó notoriedad  luego de que fuera denunciado por extorsión por el empresario Pedro Etchebest, fue procesado por asociación ilícita este lunes.

"No sólo arman causas para hacer operaciones políticas de estigmatización y destrucción de opositores, sino que recaudan dinero en divisa extranjera coimeando a empresarios e imputados", afirmó Cristina en su cuenta en Twitter, haciéndose eco de la novedad que surgía del juzgado federal de Dolores a cargo de Alejos Ramos Padilla.

Por eso profundizó: "El guión es del fiscal Carlos Stornelli y uno de sus socios Marcelo D’Alessio; fotografiados, filmados, grabados y whatsapeados extorsionando y coimeando empresarios en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Montaje y producción: Cambiemos. Dirige Claudio Bonadio", siguió tuiteando.

En lo que evidencia un plan comunicacional, además de los tuits, la expresidenta que suena como posible candidata para las presidenciales de este año, hizo circular el escrito que presentó ante Bonadio en el marco de sus diversas indagatorias.

Allí señaló: "A partir de simples fotocopias, el juez ordenó la detención de decenas de personas con el indisimulable propósito de presionarlas y obligarlas a recitar un libreto que ya estaba armado, esto es: que los anteriores gobiernos constituían una ‘asociación ilícita’. La suerte de quienes no se adhirieran a semejante maniobra fue graficada por Stornelli con la ya famosa frase ‘no habrá sortijas para todos’, palabras que seguramente pasarán a la historia como muestra del descaro con el que se ha procedido en el expediente".

Y añadió una referencia a la arbitrariedad con la que se manejaría la dupla judicial. "Eso sí, a los familiares más cercanos del Presidente de la Nación no les fue necesario retirar sus sortijas en la Fiscalía de Stornelli, ya que éste se las llevó personalmente a la Quinta Presidencial de Olivos. Como era obligatorio, mi defensa reclamó que se llevaran a cabo medidas probatorias para acreditar este vergonzoso episodio que fuera ampliamente difundido por los mismos medios de comunicación afines al gobierno, pero el juez no hizo lugar a tal petición, bajo el siempre útil latiguillo de que la misma no era pertinente", afirmó.

Luego de su presentación, dos empresarios fueron detenidos.

Dos nuevas detenciones

Después de que la senadora pasara por tribunales, se conoció que dos empresarios, uno de la firma Electroingeniería y el otro de Supercemento, fueron detenidos por orden de Bonadio en la llamada "causa de los cuadernos", informaron fuentes judiciales.

Los detenidos fueron Osvaldo Acosta, copropietario de la firma Electroingeniería, y Gustavo Dalla Tea, presidente de Supercemento, quienes fueron apresados luego de prestar declaración indagatoria.

Acosta y Dalla Tea son dos de los 101 empresarios y ex funcionarios citados a indagatoria por Bonadio por distintos hechos investigados en la causa originada en cuadernos cuya autoría se atribuyó Oscar Centeno, el arrepentido ex chofer del ministerio de Planificación.

Los dos empresarios quedaron detenidos al ser imputados como miembros de una asociación ilícita vinculada con la supuesta cartelización de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa y sucesora.

Fuentes judiciales indicaron que los ejecutivos detenidos habían negado los cargos que se les imputa, como lo hizo la expresidenta Cristina Fernández unas horas antes.

Por los tribunales federales de Comodoro Py también pasó este lunes Gerardo Ferreyra, el otro dueño de la firma Electroingeniería, quien fue trasladado desde el penal de Marcos Paz, donde está detenido, para volver a ser interrogado por el juez.

Ferreyra, que reconoció haber dado dinero para colaborar con el Frente para la Victoria pero negó que eso fuera un delito, es uno de los pocos empresarios que quedaron procesados como miembros de una asociación ilícita.

La semana pasada habían sido apresados otros dos empresarios: Hugo Dragonetti, dueño de la firma Panedile, y Gustavo Ammaturo, cuya dirección aparecía en los cuadernos de Centeno pero la justicia tardó en detectarlo.