En una medida inédita, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria a una decena de gremios que participarán del paro general de este martes convocado por Hugo Moyano sin el respaldo de la CGT. Tal como había anticipado iProfesional ayer, las notificaciones comenzaron a llegar este lunes temprano por la mañana a la sede de las organizaciones sindicales, en donde la mayoría de los dirigentes se inclinó por proseguir con el plan de acción desafiando la amenaza de ser sancionados con multas millonarias. Una carta arriesgada por parte del Ministerio de Producción y Trabajo que, en su preocupación por evitar nuevas señales de inestabilidad, forzó un tibio apoyo del sector privado a su jugada de último minuto para declarar la ilegalidad de la huelga.

Las conciliaciones dictadas por la secretaría de Trabajo, a cargo de Lucas Fernández Aparicio, alcanzaron al sector aeronáutico y portuario, cine y publicidad, así como a la industria ceramista y aceitera. En la mayoría de los casos, se trata de gremios pequeños sin la espalda del camionero para soportar sanciones millonarias. Pero en el entorno de Moyano se mostraron despreocupados ayer por el arsenal de recursos administrativos destinados a socavar su poder de convocatoria, una medida que según los sindicalistas no tiene antecedentes.

"El tema está cerrado, va a ser un paro grande y no pueden hacer nada, le vamos a encontrar la vuelta para parar", dijeron cerca del principal organizador de la huelga.

Uno de los primeros en ser notificados fue el titular del sindicato de ceramistas, Domingo Moreyra, quien por la tarde convocó al consejo directivo de su entidad para definir los pasos a seguir ante la conciliación solicitada por la cámara de la actividad. El gremio había adherido la semana pasado al paro general por el creciente cierre de fábricas. "Nos están cerrando la industria, cerró una planta en Puerto Madryn y otra en Villa Mercedes, si los empresarios están de acuerdo veremos cómo terminaremos. Nosotros sin laburo, y ellos sin fábricas", dijo el sindicalista a iProfesional. Dentro de la industria, el Gobierno también notificó al Sindicato de Obreros y Aceiteros de San Lorenzo, luego de que la cámara de la industria cerealera (Ciara) pidiera la intervención oficial de las autoridades.

En el sector aeronáutico, en tanto, se dictó la conciliación al personal superior de UPSA y al personal de tierra de APA a pedido de la empresa Intercargo que brinda el servicio de rampas y cuyos servicios son claves para las líneas extranjeras. La medida alcanzó además a los trabajadores de Protección y Seguridad a la Aeronavegación nucleados en Atepsa, tras el pedido de elevado por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Mientras que Aerolíneas Argentinas solicitó lo mismo para los pilotos de APLA, pero el titular del gremio, Pablo Biró, negó haber sido notificado. El Ejecutivo trató de convencer, incluso, a los directivos de LAN de que le pidieran la conciliación, pero los CEO finalmente se abstuvieron para evitar futuros conflictos con los pilotos, según pudo saber iProfesional. 

Los funcionarios se apoyaron en la necesidad de acordar servicios mínimos para las actividades consideradas "servicios esenciales", previstos en el artículo 24 de la ley 25.877 y el decreto 272/06. Para ello, primero debe intervenir la comisión de garantías, un órgano independiente al cual el gobierno nunca convocó en su mandato, durante el cual a través de tres decretos modificó su composición y le quitó la facultad de dictar su propio reglamento de funcionamiento. En desacato, la gran mayoría de los gremios aeronáuticos ratificó su adhesión al paro de este martes, al señalar que no están obligados a ofrecer servicios mínimos en el caso de una línea aerocomercial y que el paro fue anunciado con anticipación. "Es ilegal impedir el derecho de huelga, vamos a meter una denuncia penal", dijo a iProfesional Pablo Biró, titular de APLA.

Trabajo notificó además a la Federación Marítima Portuaria (Fempinra), liderada por Juan Carlos Schmid, quien se plegó al paro de Moyano en los últimos días. Así el portuario que integra la Confederación del Transporte (CATT) se desmarcó del colectivero Roberto Fernández (UTA) y el chofer de trenes Omar Maturano (La Fraternidad) que en las últimas horas ratificaron su decisión de hacer un quite de colaboración este miércoles, sin sumarse a la huelga general de este martes. Por otra parte, las autoridades enviaron conciliaciones a la Asociación Argentina de Actores (AAA) y al Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), tras la solicitud de la Cámara Argentina de la Industria del Cine y Video Publicitario.

En su estrategia de polarización, el Gobierno esperaba un mayor respaldo del sector empresario. Por caso, se especulaba con un pedido de intervención oficial por parte de las cámaras bancarias, pero hasta anoche el gremio encabezado por Sergio Palazzo no había sido notificado de ninguna medida. Una señal de los nuevos tiempos que corren en el "círculo rojo", más distante de Macri tras la corrida del dólar de la semana pasada y el efecto "Cristina". La decisión de recurrir a la conciliación obligatoria (ley 14.786) sorprendió a los letrados del ámbito sindical, que criticaron el uso de una norma creada cuando las huelgas políticas estaban prohíbidas.

"El paro general no era legal en 1958, pero actualmente sí lo es porque reenvía a los órganos de control del Comité de Libertad Sindical y a la Comisión de Expertos de OIT", sostuvo Héctor García, abogado de la CTA liderada por Hugo Yasky.