El impacto de la devaluación sobre los precios ya empezó a activar reclamos de reapertura de paritarias en el sector privado y público. Por estas horas, varios gremios que firmaron subas en promedio del 30% salieron a pedir la revisión de los acuerdos salariales para compensar la inflación, que a fin de año superaría el 55%.

Las demandas, en algunos casos acompañadas de paros y medidas de fuerza a nivel nacional, resurgieron en el sector aeronáutico, la industria y los bancos, así como entre los docentes y estatales. Y plantean un desafío a la tregua abierta por la CGT hasta octubre para minimizar los riesgos electorales.

Tanto la cúpula de la central obrera como el sindicalismo duro se alineó con Alberto Fernández, quien se encuentra de viaje en España. Si bien en los últimos días disparó varios tuits sobre la situación económica, trata de mantener un perfil bajo tras los controles cambiarios anunciados por Macri.

"La idea es bajar un cambio", dijeron cerca del presidenciable. Las señales de conflictividad registradas en las últimas horas, sin embargo, amenazan con complicar la paz social impulsada desde ese espacio.

Las tensiones coinciden con el reconocimiento del deterioro de los ingresos por parte de funcionarios y empresarios, pese a las medidas recientes adoptadas por Macri para paliar los efectos de la disparada del dólar después de las PASO, que llegó a cotizar a $62 y ayer cerró a $58.

El paquete oficial incluyó el descuento de $2.000 en los aportes personales a los trabajadores privados, un bono de $5.000 a los empleados públicos y la elevación del piso para pagar el impuesto a las Ganancias. Los anuncios contemplaron además la quita del IVA a los productos de la canasta básica y el incremento del 35% del salario mínimo.

Tensión gremial

La decisión de algunas empresas de otorgar una suma extraordinaria en línea con la directiva estatal generó tensión en el ámbito sindical. Eso es lo que ocurrió en Latam, luego de acordar con un sector sindical un bono por única vez de entre $14.000 y $19.000, según la categoría, para los tripulantes de cabina a partir del 16 de septiembre.

La Asociación de Tripulantes de Cabinas de LATAM (Atcepea) aceptó la gratificación extraordinaria no remunerativa en compensación por la baja de horas de vuelo en temporada baja y la menor demanda, pero el gremio rival de Aeronavegantes, liderado por Juan Pablo Brey, lo rechazó y anunció ayer medidas de fuerza para este fin de semana.

"Desde esta asociación consideramos (el bono) como insuficiente, dado el desfasaje de salario con el que contamos por correr de atrás a la inflación, la consecuente pérdida de poder adquisitivo y la falta de respuesta ante otros reclamos que  vienen de larga data", dijo la organización en un comunicado.

La empresa viene de otorgar un 25% de aumento salarial entre octubre del 2018 y abril de este año, por lo que ahora Brey exige negociar el segundo tramo del acuerdo, que va de abril a septiembre de 2019. A julio, la inflación de los últimos 12 meses había sido del 54,4%.

Detrás de la disputa salarial, hay también recelos históricos vinculados con la interna del sector. Brey lidera un sindicato de actividad alineado al camionero Hugo Moyano, mientras que Atcpea es un gremio de empresa conducido por la azafata Natalia Fenchuk, cercana al titular del gremio de personal técnico (APTA), Ricardo Cirielli.

El mecánico forma parte del Frente Aeronáutico, integrado por el piloto Pablo Biró (APLA), el jerárquico Rubén Fernández (UPSA) y Edgardo Llano, titular del personal de tierra (APA), un espacio del que Brey se mantiene alejado.

La industria es otro foco de peleas. Luego de que el titular de la UIA, Miguel Acevedo, se mostró abierto el lunes a renegociar salarios, el líder del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, confirmó este martes en una entrevista con RadioCaput que reabrirá la discusión en su sector, pese al cierre de fábricas, la parálisis de la producción y los despidos.

Daer participó el viernes pasado del Consejo del Salario, en donde el Gobierno definió elevar el ingreso mínimo a $31.000 ante la falta de acuerdo con las centrales obreras. Al igual que su hermano al frente de la CGT, Héctor Daer, el sindicalista de la alimentación apuesta a evitar la confrontación callejera.

En contraste con esa postura, la Federación de trabajadores aceiteros inició anoche desde las 22 horas una huelga nacional como primer paso de un plan de lucha ante la falta de respuestas de las cámaras empresarias CIARA, CIAVEC y CARBIO a la revisión de la paritaria firmada el 6 de diciembre de 2018.

En aquella ocasión, las partes acordaron una cláusula de revisión en la cual se comprometieron a reunirse en la primera quincena del mes de julio para analizar la evolución salarial y la coyuntura económica. 

"Sin embargo, tras dos meses en los cuales la crisis se ha acelerado y los salarios pierden día tras día su valor real, las patronales continúan sin brindar una respuesta seria al planteo que realiza esta Federación, al tiempo que se continúan multiplicando sus ya extraordinarias ganancias", advirtió en un comunicado la Federación.

La organización advirtió que "estas empresas, grandes ganadoras del modelo agroexportador, se han favorecido con la brutal devaluación y no han tenido reparo alguno en trasladarla a la mesa de las familias argentinas en el precio del aceite comestible". 

El sindicato del neumático, por otra parte, pidió en las últimas horas adelantar la revisión del acuerdo, una instancia que estaba prevista para fines de este mes, según confirmó a iProfesional el titular de la organización Alejandro Crespo.

El gremio industrial liderado por la izquierda había firmado en julio un aumento del 67% para los últimos 15 meses y acumuló un 31% de aumento entre enero y septiembre. Pero ahora afirman que el entendimiento quedó desfasado y convocaron para este sábado a un plenario del sindicalismo combativo en su sede de San Fernando.

En el rubro bancario, el sindicato encabezado por Sergio Palazzo pidió este martes un bono extraordinario ante la pérdida de poder adquisitivo del salario. La Bancaria había acordado una suba del 30%, sujeta a actualización en caso de que la inflación superara esa cifra.

Septiembre caliente

Las tensiones más notorias se concentran en el sector público y, en particular, en Chubut. Las agresiones sufridas en el sur de esa provincia por cinco maestras en la madrugada de ayer a manos de una presunta patota del sindicato de petroleros forzó a la principal central de docentes CTERA a convocar un paro nacional a partir de hoy.

La medida no estaba en los planes de la organización vinculada a la CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky. Pero los últimos acontecimientos llevaron a la confederación a enfrentarse al gobernador Mario Arcioni, quien al igual que Yasky es un aliado de Fernández.

En tanto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional para el martes próximo para reabrir paritarias.

La seguidilla de conflictos sumará así otro actor en las calles. El Gobierno fue testigo ayer de una nueva protesta con acampe de los movimientos sociales en la avenida 9 de Julio para exigir la emergencia alimentaria.

La CGT se solidarizó con el reclamo ayer por la tarde al emitir una declaración propia, en sintonía con la estrategia impulsada por sectores del peronismo que buscan convocar una sesión extraordinaria en el Congreso la semana próxima para aprobar un proyecto de ley unificado.

Algunas organizaciones sociales hicieron circular ayer un supuesto acuerdo multisectorial para exigir la emergencia alimentaria tras una aparente reunión de una mesa de diálogo. El texto llevaba la firma de la CGT, las CTA y la UIA, junto con ADIMRA, Coninagro y Carbap.

Pero fuentes de dichas cámaras desmintieron haber participado del documento. "Definitivamente no hemos estado en esa reunión ni hemos firmado un documento y se que no ha habido nadie de la UIA", dijo a iProfesional el titular de la central fabril, Miguel Acevedo.