Para el Gobierno, el acampe en la 9 de Julio fue "una extorsión" y resolvió no recibirlos

La ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley,  resolvió no recibir a los integrantes de las organizaciones sociales que durante casi 24 horas cortaron la avenida 9 de Julio con un pernocte incluido frente a la sede de esa cartera. Según argumentaron allegados de la funcionaria, la razón de la negativa es que los consideran "unos extorsionadores".

Es que desde el miércoles militantes y piqueteros del Polo Obrero y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), las dos agrupaciones con mayor fuerza, se instalaron en la 9 de Julio con pedidos de mayor ayuda social, en medio del debate por la emergencia alimentaria que otros movimientos llevaron al Congreso, en una jornada atravesada por marchas y cortes de calles.

Durante todo el día, hubo contactos y reuniones entre funcionarios del ministerio y los representantes de las organizaciones que no llegaron a buen puerto.

El Gobierno considera el conflicto callejero está impregnado por la campaña electoral. "Ellos quieren ser intermediarios y nosotros trabajamos directamente para la gente", resaltaron desde el entorno de Stanley.

"Las partidas presupuestarias siempre estuvieron a disposición para reforzar la asistencia alimentaria. Van a seguir estando como hasta ahora", ampliaron.

A partir de ahora, la Casa Rosada no está dispuesta a mostrar más fragilidad de la que tiene desde que Mauricio Macri perdió las PASO del 11 de agosto ante Alberto Fernández y su administración quedó sumergida en una crisis político y económica que no registraba antecedentes en estos casi cuatro años.

Incluso desde el propio Ministerio destacaron que el plan de acción de los movimientos sociales no fue fogoneado por el PJ. Y que Juan Grabois, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que hizo una alianza con el Frente de Todos, trabajó en estas horas con "responsabilidad".

El dirigente social marchó con su agrupación hasta el Congreso, donde impulsó junto a otras organizaciones el proyecto de declaración de la emergencia alimentaria, una iniciativa que comparten con la CGT, la CTA y la Iglesia, entre otras instituciones, y que el Gobierno rechaza.

Mientras el kirchnerismo en Diputados buscaba por estas horas dar la discusión parlamentaria, había voces en Casa Rosada que daban cuenta de que la iniciativa podía tener luz verde. Hay quienes creen que la UCR, que es parte de la coalición de gobierno junto al PRO y la Coalición Cívica, podría acompañar el proyecto.

"La emergencia alimentaria está en la ley de emergencia social vigente. No hay problema si la quieren ampliar", decían en el ministerio.

Para el Gobierno, el acampe fue organizado y por los frentes más radicalizados: el Polo Obrero el FOL. Eduardo Belliboni, del primero, fue uno de los interlocutores durante estas 24 horas. En el caso del FOL, su líder no pudo participar de la discusión porque estuvo en Iguazú. Cortó, junto a otros activistas, la entrada al parque nacional e impidió el acceso de turistas.

"Es un hecho político. Quieren ver si sacan más planes, y como ven que no pueden, se van a ir", subrayaban desde el Gobierno.

"Antes de Navidad, estas mismas organizaciones hicieron un acampe grande de un día y medio. Se les ofreció la apertura de comedores y merenderos nuevos. Les transferíamos la plata a una asociación civil de ellos, y podían comprar y repartir comida en comedores. Era un convenio semestral de $2millones. Nunca presentaron un papel", argumentaron.