¿Y la solidaridad en la política?: el caso del director que fue contratado por el Estado y los organismos de control no advirtieron

El esfuerzo que deben hacer los argentinos para superar la crisis no tiene espejo en la política ni en entes de control que no advierten irregularidades
Por Andrea Catalano
18/12/2019 - 15,30hs
¿Y la solidaridad en la política?: el caso del director que fue contratado por el Estado y los organismos de control no advirtieron

Mientras los sucesivos gobiernos piden esfuerzo, sacrificio y solidaridad a los argentinos que trabajan para poner al país de pie, la política mira para otro lado. Y los ejemplos sobre cómo se duplican cargos y designaciones que no corresponden son una muestra de esa indiferencia, o de que el esfuerzo lo hagan los otros.

Es lo que sucedió con un funcionario que, mientras tenía un cargo en el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) también cobraba por servicios de auditoría al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y que podría replicarse en miles de casos.

El 12 de diciembre de 2018 salió la designación de Diego Moix como "director de la dirección de administración" del INADI a través de la decisión administrativa 1876/2018. El texto refería a ese nombramiento desde el 1° de agosto de 2017 por 180 días hábiles "contados a partir de la fecha del dictado de la presente decisión administrativa", tal como puede leerse en el Boletín Oficial. Se trata de uno de los máximos cargos de ese organismo pues se ocupa desde las cuestiones vinculadas con el personal hasta las contrataciones y acuerdos, entre otros.

Si bien su designación se publicó casi un año y medio después de haber sido puesto en funciones, el ex funcionario comenzó a ocupar el cargo de manera efectiva desde la fecha citada en la resolución.

Mientras el director de administración comenzaba a interiorizarse sobre las actividades que debía cumplir en el INADI, el 25 de agosto de 2017 el ministerio de Ciencia y Tecnología aprobó una orden de compra por servicios profesionales y comerciales a favor de la misma persona, quien se desempeña como contador.

Se trata de un contrato por $550.000 por servicios de auditoría, con una duración de seis meses, de acuerdo a lo que surge del EX-2017-11303658 de la cartera mencionada.

Esto quedó plasmado el 18 de diciembre de 2017 cuando se reunieron los integrantes de la comisión de recepción de bienes y servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología para evaluar si la contratación directa realizada vía ese expediente tenía algún inconveniente. Pero no.

El texto dice que la comisión no encontró "impedimento alguno para efectuar su pago". Es decir que, cuatro meses después de ese contrato, Moix cobró, tal como surge del Pase electrónico del expediente 2017-11303658 del citado ministerio.

Si bien en este caso hay una superposición de fechas entre la designación en la dirección del INADI mencionada y el inicio del contrato en Ciencia y Tecnología, podría concederse que, debido a los tiempos que tiene el Estado, el trabajo de consultoría pudo haberse realizado antes de agosto de 2017, aunque se cobró tiempo después. Y esa gestión de tiempos terminó en una casual superposición de tareas.

No obstante, Moix continuó desempeñándose como director del INADI, más allá de esos 180 días que figuraron en la decisión administrativa de 2018 retroactiva a 2017. Diversas publicaciones institucionales y administrativas dan cuenta de ello.

El ahora ex funcionario fue uno de los directores a cargo del llamado a la presentación de ofertas para el servicio médico del Parlamento Federal Juvenil que se realizó entre octubre y noviembre de ese año, tal como surge del expediente 2018-39001213 del Instituto, y que puede verse en el portal Compr.Ar.

Y siguió en sus funciones en 2019, cuando obtuvo otro contrato más de parte de Ciencia y Técnica. Es decir, cobró doble por actividades manifiestamente incompatibles: no se puede ser funcionario público y, al mismo tiempo, ser contratado por el Estado.

Ciencia y Técnica no advirtió que Moix tenía un cargo en la administración pública nacional, y siguió contratándole servicios de auditoría contable. Hecho que quedó en evidencia cuando obtuvo otro contrato por parte del, en ese entonces, ampliado Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Esta vez por $560.000 para efectuar otro servicio de auditoría contable, con IVA incluido.

El ministerio había llamado a una contratación directa en 2016. Tres años después decidió llevar a cabo el acto de apertura mediante el cual se recepcionaron cuatro ofertas: Estudio Villares y asociados, Diego Javier Moix, Becher y Asociados y Karina Carbone Nanni.

El 18 de marzo de 2019 se elaboró el dictamen de evaluación y la propuesta de Diego Moix quedó "primera en orden de mérito del renglón número 1 por ajustarse al pliego de condiciones particulares y específicas técnicas", reza el proyecto de resolución EX2018-59653911 del ministerio. En el párrafo siguiente se da cuenta de la finalización del procedimiento de contratación directa en favor de Moix.

Esa contratación directa es aprobada "por el servicio de auditoría de los estados contables anuales de los Fondos Fiduciarios para la Promoción Científica y Tecnológica (FONDOTEC) y para la promoción de la Industria del Software", tal como surge del expediente 2018-59653911 de la dirección de compras y contrataciones del ministerio de Educación.

Entre mayo y junio de este mismo año, el ex funcionario en su rol de contratado recibió dos pagos, uno por $196.000 y otro por $168.000, de acuerdo a la documentación a la que accedió iProfesional.

Vale insistir: Moix continuaba siendo contratado para realizar servicios de contabilidad por parte del Estado mientras, por otro lado, seguí con su cargo como director del INADI. La misma comunicación institucional organismo contra la discriminación da cuenta de ello: en febrero de 2019 aparece mencionado en un encuentro con estudiantes de derecho de la UBA, tal como se puede ver en este enlace.

Hasta mediados de 2019 se lo veía con frecuencia en el organismo. A partir del segundo semestre su ausencia fue evidente aún cuando su cargo como director de administración lo obligaba a firmar ciertos papeles, contrataciones y demás menesteres relacionados con su actividad. Se lo volvió a ver en el organismo a finales de año cuando estaba finalizando la gestión del gobierno anterior.

Esta situación de incompatibilidad parece no haber sido advertida ni por la Oficina Anticorrupción (OF) ni por la Auditoría General de la Nación (AGN) ni en el momento de su nombramiento, a finales de 2018, ni en ninguna de las contrataciones directas efectuadas desde 2017 en adelante.

En tiempos en los que se les pide solidaridad a los trabajadores, la política sigue sin hacer su parte. Los argentinos que cumplen con sus obligaciones debieron hacerse cargo de contratos que nunca debieron haberse autorizado. La política sigue haciendo sus avivadas.

Quienes deben controlar ponen la lupa en donde les conviene. Y hay quienes se siguen llenando los bolsillos a costa de los argentinos que trabajan. Una rueda que ¿alguien se atreverá a parar en nombre de la solidaridad?