La revisión en marcha de las jubilaciones especiales puso en alerta al Poder Judicial. En medio de la feria y la parálisis provocada por el colapso del sistema informático, que redujo al mínimo los movimientos en los tribunales, los magistrados convocaron reuniones de emergencia y empezaron evaluar acciones con el objetivo de contener o directamente frenar los cambios impulsados por el Gobierno para aumentar la edad jubilatoria y aportes de los jueces.

La avanzada oficial contra las "jubilaciones de privilegio" dejó en evidencia que la Justicia será el terreno donde se realizará el primer ensayo de una reforma que desde diciembre tiene en la mira también a docentes, científicos y trabajadores de la energía.

A fines del año pasado, el Ejecutivo intentó suspenderles la movilidad a todos ellos, pero la resistencia en varios sectores -incluso de gremios de maestros oficialistas- logró que quedaran excluidos de la Ley de Solidaridad, por la que se congeló la fórmula de actualización a 7,3 millones de personas.

La idea ahora de las autoridades es avanzar con el Poder Judicial y el servicio diplomático en sesiones extraordinarias a partir de la semana próxima. En ese marco, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJ) realizó tres reuniones de urgencia en los últimos días tras conocer el proyecto de ley.

Allí, se discutió la posibilidad de lanzar una catarata de amparos y pedidos de inconstitucionalidad, así como utilizar su poder de lobby para que los legisladores aliados "morigeren" la iniciativa oficial.

"Si van a aprobar una ley que afecta derechos adquiridos, va a haber algún tipo de acción", confirmaron a iProfesional desde el gremio de los altos mandos judiciales, que representa a magistrados del orden nacional y federal, fiscales, secretarios, prosecretarios, periodistas oficiales, contadores y calígrafos.

Pero todavía esperan ver las cartas sobre la mesa. "Hasta que no se haga oficial el proyecto, está todo en veremos", dijeron en la entidad encabezada por Marcelo Gallo Tagle. Según sus datos, hay 7.334 jubilados en el ámbito judicial con un haber promedio de $234.234, lejos de la mínima del régimen general, de $14.068. Un monto que proyectado a todo el universo significa un costo fiscal de $20.600 millones al año.

El regimen de magistrados y funcionarios de la Justicia Federal y Nacional prevé el retiro a los 60, con 30 años de aportes, aunque en general no lo hacen a esa edad. La mayoría se jubila a los 65 e incluso más. Ese es el caso de los titulares de la Corte Suprema, quienes tienen en promedio 68 años y cobran un básico de $341.000 brutos, según la escala salarial de diciembre pasado.

Si bien los jueces deben aportar el 12% (1% más que el régimen general), la longevidad fue siempre un punto de discusión y sería una de los motivos por los que el régimen previsional judicial depende de aportes del Tesoro para mantener el 82% móvil.

El Gobierno ahora quiere hacer cambios. Entre otros, se propone subir la edad mínima a 65 tanto para hombres como para mujeres, elevar los aportes del personal activo al 15% y mantener la movilidad, pero calculándola sobre la remuneración promedio de los últimos 50 meses, en lugar del cargo al momento del cese.

Los jueces rechazan que sus jubilaciones sean de "privilegio" por contar con 30 años de aporte, pero algunos reconocen que el monto de los haberes es alto porque son elevados los ingresos. Por caso, un juez de primera instancia cobraba un básico de $139.509 en septiembre, una remuneración que en algunos casos puede llegar a los $300.000.

Algunos items podrían ser rediscutidos, admiten en el Consejo de la Magistratura. Lo que no es "negociable" es el 82% móvil, justamente una de las cuestiones que figura desde el día 1 en la agenda del Ejecutivo.

Una batalla histórica

La reforma colocó a la AMFJ en el centro de la escena. No es para menos: la iniciativa oficial impacta sobre el grueso de sus 5.000 socios. De ese total, unos 4.100 son del Poder Judicial, sin contar defensores y fiscales, de los cuales 1.200 son jubilados y el resto son activos.

Los primeros se verían afectados por la modificación de la movilidad y eventuales "aportes solidarios", mientras que los últimos estarían alcanzados por la suba de edad. Pero todavía tienen esperanzas y no dudan repetir la experiencia del 2017, cuando lograron neutralizar el proyecto de Ganancias de Macri, que terminó aplicando solo para los nuevos magistrados.

La batalla por modificar los regímenes especiales tiene una larga historia de idas y vueltas. En 1991, por medio de la Ley N° 23.966, se derogaron varios de estos sistemas, pero meses más tarde fue sancionada la Ley 24.018 que ensanchó el espectro de las llamadas jubilaciones de "privilegio", beneficiando a diputados, senadores, concejales, intendentes, gobernadores y varios estamentos de la Justicia y el servicio de relaciones exteriores.

El Gobierno volvió a la carga en 1994 con el decreto 78 y derogó los regímenes de los diplomáticos y el de todas las nuevas categorías ampliadas, incluidos jueces y funcionarios del Poder Judicial. Pero los cambios no duraron demasiado.

Poco a poco, los fallos judiciales habilitaron la obtención de los beneficios a aquellos que se habían visto perjudicados por la derogación de los regimenes especiales, hasta que la Corte declaró inconstitucional el decreto en 1999. 

Una vez más, en octubre de 2002, por medio de la Ley 25.688, se volvieron a anulcar los regímenes especiales de magistrados y servicio exterior, situación que fue revertida en forma parcial por un decreto de Eduardo Duhalde de ese mismo año en el que dejó vigente varios artículos de dichos esquemas previsionales.

Así quedó en pie el beneficio al retiro, los años de aportes y la edad de retiro para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Nación y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, y para Presidente y Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte.

En 2016, Macri retomó la agenda de revisar el sistema de jubilaciones. Esa era una de las principales recomendaciones del FMI, organismo con el que un año más tarde cuando estalló la crisis acordó un préstamo de u$s57.000 millones.

La reforma incluía cambios en los regímenes especiales (jueces, diplomáticos, científicos y docentes) y diferenciales (de más de 50 sindicatos), las cajas de jubilación provinciales y la "asimetría" entre la edad jubilatoria de los hombres y las mujeres (el FMI había recomendado aumentar la edad de las mujeres a 65), junto con la creación de un "tercer pilar voluntario" que implicaba un régimen de capitalización privada o mixta, como las AFJP y las mutuales.

La llegada de Alberto Fernández al poder abrió un nuevo capítulo, con la declaración de la emergencia, la suspensión de la fórmula de movilidad y la intención de revisar el sistema previsional. "Estamos trabajando, la intención es estudiar los regímenes especiales, hasta ahora incluye los judiciales y el servicio diplomático", confirmaron a iProfesional desde una cartera del Ejecutivo.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ya tiene en sus manos un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el que se recomienda "una profunda revisión de la conveniencia y del alcance de los diferentes regímenes especiales y cajas complementarias, asegurando la permanencia de aquellos que tengan claros argumentos en favor de su existencia y, adicionalmente, asegurar su sostenibilidad a largo plazo".