El último feriado también continuó con la tradición política del año y dio lugar a nuevas manifestaciones opositoras, en Plaza de Mayo y frente al Congreso, así como en varias capitales provinciales. Sin la masividad de protestas anteriores, pero tal vez con un contenido que para Alberto Fernández sea más preocupante, porque apuntan directamente al discurso que intenta elaborar el Gobierno.

Esto ocurre cuando las últimas encuestas revelan que, si las elecciones fueran hoy, una mayoría de 48% dice tener intención de votar por alguna corriente opositora, mientras una minoría de 38,5% apoyaría al oficialismo y un 13,5% no responde. Esto revela, en principio, que desde hace un año el Gobierno perdió diez puntos de apoyo en su propia base electoral.

Y ese fenómeno causa inquietud en la mesa chica de Alberto Fernández porque se evidencia un nuevo flanco político: el cambio más notable de las nuevas protestas es que incluyen reivindicaciones que critican al Gobierno "por izquierda", con acusaciones de ajuste fiscal. Por ejemplo, con las críticas sobre que las jubilaciones serán la variable de ajuste para achicar el déficit en 2021, un tema que estuvo en la última jornada de protesta.

Y es un cambio que genera evidente incomodidad en el kirchnerismo. Porque la agenda tradicional de la protesta anti-K, que incluía, por caso, la defensa de Vicentin ante el intento de estatización, o la acusación de avance sobre la independencia del poder judicial, estaban dentro de la antinomia tradicional de la "grieta".

Es decir, de un lado un ala de centroderecha que trataba de instalar la corrupción en la agenda y que rechazaba cualquier avance del "Estado presente" en la economía, mientras que del otro lado había una centroizquierda que reclamaba la reforma de la justicia para evitar el "lawfare" y que defendía el rol estatal de redistribuir recursos en tiempos de crisis.

Mientras el debate estuvo planteado en esos términos, el Gobierno no sintió alterado su eje discursivo. Pero el hecho de que militantes macristas y "libertarios" salgan a denunciar un recorte a las jubilaciones implica un golpe a la estrategia comunicacional del Gobierno, que hizo campaña diferenciándose, precisamente, del "modelo ajustador" del macrismo.

El hecho de que el año terminará con un incremento jubilatorio de 35% -en línea con la inflación, mientras que si se hubiese aplicado la fórmula del gobierno de Macri, las jubilaciones habrían tenido una suba del 42%- no sólo dejan expuesto al Gobierno a las chicanas opositoras sino que generan el riesgo de profundizar la fisura interna, donde cada vez es más evidente el malestar de la base electoral kirchnerista.

Es en ese contexto que el discurso oficial antepone el debate sobre el impuesto a la riqueza, que tiene altas chances de ser aprobado en el Senado y muchas más altas chances de entrar en un empantanamiento jurídico que lo haga impracticable. De hecho, en los estudios de abogados y contadores ya se habla de una ola de juicios para plantear vicios de inconstitucionalidad –por ejemplo, por incurrir en doble imposición al gravar activos ya alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales-.

Todo lo cual pone en serio cuestionamiento la posibilidad de que puedan recaudarse los $300.000 millones que calculó el diputado Carlos Heller. Y aun cuando esa recaudación fuera posible, hay advertencias desde el sector empresario sobre factores que podrían "licuar" ese resultado, como por ejemplo una disminución en la exportación agrícola.

El argumento es que, ante la imposibilidad de contar con dinero líquido para pagar el aporte extraordinario, los productores de porte mediano deberían sacrificar inversión en maquinaria y tecnología, lo cual podría afectar los rendimientos de la próxima campaña en cifras de hasta u$s2.000 millones.

No es que el kirchnerismo ignore este riesgo, desde ya. Pero sabe que, como mínimo, el proyecto significará una victoria política, porque logra el ansiado objetivo de volver a tomar la iniciativa política y "fijar la agenda pública", algo que en el entorno de Alberto Fernández sentían que habían perdido a partir de la turbulencia con el dólar.

La pérdida de poder adquisitivo de los jubilados, principal preocupación para los estrategas del discurso oficialista

El efecto boomerang del debate con Acuña

Pero los nuevos debates que ensanchan la grieta no se quedan en el debate económico. Cada vez con más intensidad se está planteando la discusión en el plano educativo, con el Gobierno determinado a cerrar filas en torno a Nicolás Trotta, el cuestionado ministro de Educación que mantiene la negativa al regreso pleno de las clases presenciales.

La antinomia en este momento quedó planteada por el contraste entre Trotta y su colega del gobierno porteño, Soledad Acuña, quien causó revuelo con su acusación de que hay docentes que hacen adoctrinamiento político a los alumnos. Y que, sobre todo, la ministro provocó la furia de los sindicatos docentes al alentar a padres y alumnos a denunciar a aquellos docentes que pudieran incurrir en conductas de adoctrinamiento en clase.

Fue así que se transformó en un "trending topic" la curiosa "denuncia" realizada en el diario oficialista Página 12, que habitualmente refleja la línea política de Cristina Kirchner. El diario destacó como principal nota política el hecho de que la ministro había asistido como alumna a un colegio alemán dirigido con el criminal de guerra nazi Erich Priebke.

La ministro de educación porteña, Soledad Acuña, instaló el debate sobre el adoctrinamiento y fue objeto de un ataque mediático

El tema llevó a que toda la dirigencia política opositora, incluyendo a Mauricio Macri y a Horacio Rodríguez Larreta, salieran a expresar su repudio. Hubo incluso denuncias formales por discriminación.

Curiosamente, el día anterior se había realizado una jornada organizada por el Gobierno, cuyo tema central era el análisis y la prevención sobre la difusión de discursos de odio.

En todo caso, el "affaire Acuña-Priebke" parece haber logrado el efecto absolutamente inverso al buscado: no solamente hizo de caja de resonancia mediática a las acusaciones de la ministro sino que generó una corriente de simpatía expresado desde todo el arco opositor. Peor aun, se reabrió el viejo debate histórico sobre la complicidad peronista en la protección a criminales de guerra nazi durante los años '50.

La resignificación del lema "Ni olvido ni perdón"

El otro punto que sigue golpeando al Gobierno tiene que ver con las restricciones a la movilidad que impone la cuarentena. Aunque de un modo diferente al que se había visto en las últimas protestas. En realidad, hace rato que las manifestaciones opositoras dejaron de tener una connotación de rebeldía ante las restricciones de la cuarentena, esa suerte de desafío por "copar la calle" que irritaba al peronismo y que respondía con acusaciones de que se fomentaban las "marchas de los contagios".

Más bien al contrario, en los últimos tiempos han proliferado actos de organizaciones oficialistas con características bien clásicas, donde los manifestantes concurren a pie, no mantienen distancia social y hasta suelen prescindir de los barbijos.

Se llegó la semana pasada al extremo de que se reeditaran las clásicas jornadas pre-pandemia de caos en el tránsito porteño, con la coincidencia de varias manifestaciones de diversa índole. Desde el día del militante peronista hasta el acto de apoyo a la legalización del aborto. Y desde la protesta sindical por mantener al IFE hasta el reclamo de los hinchas de San Lorenzo en la Legislatura para obtener el permiso de construcción de su estadio.

En un marco de 10.000 contagios diarios de covid-19, tuvieron que salir las autoridades de los gobiernos porteño y bonaerense a recordar que la pandemia no salió de su fase aguda y que la proliferación de actos políticos supone un factor de riesgo.

Pero aun así, las restricciones de la cuarentena siguen siendo un motivo de controversia política. En este momento, por la conmoción nacional provocada tras el caso del padre que debió cargar en brazos a Abigail, su hijita enferma, tras no haber sido habilitado para cruzar con su vehículo en la frontera entre Tucumán y Santiago del Estero.

La oposición decidió tomar el caso como bandera y motivo de denuncia, incluso tomando como consigna una frase históricamente asociadas a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, como "Ni olvido ni perdón".

Es decir, otra típica situación en la que la oposición incomoda al Gobierno al "correrlo por izquierda" con la agenda de los derechos humanos. En Santiago del Estero hubo convocatorias a cacerolazos contra el gobierno de Gerardo Zamora.

El gobernador aliado del kirchnerismo se disculpó con los padres de Abigail y avisó que la pauta publicitaria que el programa de Mirtha Legrand rechazó recibir a modo de protesta será invertida para costear el tratamiento de la pequeña. Pero a pesar del gesto de disculpa, el impacto político del tema fue inevitable, y para hoy se convocó a un acto de repudio frente a la casa de Santiago del Estero en Buenos Aires.

Y cuando todavía siguen los ecos de ese caso, se sumó otro que afecta al controvertido gobierno de Gildo Insfrán en Formosa, también aliado kirchnerista. En la provincia norteña una embarazada perdió a su bebé tras haberle sido rechazado un traslado en ambulancia y por haber tenido que desplazarse en moto.

Otro caso que generó una ola de repudios y la renovación de acusaciones sobre el manejo político de los "feudos" de las provincias peronistas. Formosa ya estaba en el ojo de la tormenta por la prohibición de reingreso a la provincia de decenas de personas que no tienen el permiso sanitario y debieron pasar a la intemperie, un caso en el que debió intervenir la Corte Suprema de Justicia.

Fue el momento aprovechado por la oposición para recordar que Alberto Fernández, en una reciente visita, había ponderado a Insfrán –que ocupa su cargo hace 25 años- como uno de los mejores gobernadores.