El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciadas este domingo por atentado a la salud pública y por sedición tras haber impulsado "una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021", lo que según la denunciante implica haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.

La denuncia fue presentada el domingo por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos, y será sorteada este lunes por la Cámara Federal, tras lo cual recaerá en un juzgado del mismo fuero.

En la denuncia, Carreras aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó "en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes".

Sin embargo, siguió la denunciante, Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen "realizar lo que el DNU prohíbe", como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días, en el caso del jefe de gobierno al presentarse ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido en la denuncia porque la titular del PRO anunció "que presentaría un recurso de amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)" para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también "las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos".

Por otro lado, la denunciante planteó que las medidas dispuestas en el decreto 241/2021 son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.

Por último, Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta prevista en el artículo 205 del Código Penal (atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años) y del artículo 230 inciso 2 (sedición, al que según el Código Penal le corresponde una pena de 1 año a 4 años), "al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción".

Habrá clases en la Ciudad: Larreta no acatará fallo de Justicia

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decidió que este miércoles continúen las clases en su distrito. La idea de la administración porteña es que no se suspendan las clases hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la cuestión.

El Gobierno de la Ciudad se reunió de urgencia en la noche de este martes para analizar el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari que, más temprano, dejó sin efecto el fallo de la Justicia porteña que habilitó la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. En esa reunión se tomó la decisión de no acatar lo dictado por Furnari.

Este es el comunicado del Gobierno de la Ciudad:

 

"Con relación al fallo recientemente dictado por un Juez de Primera Instancia de la Justicia Federal, y ante la opinión jurídica de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que corresponde seguir acatando el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Gobierno de la Ciudad ratifica que las clases continuarán siendo dictadas de forma presencial como hasta el día de hoy", señaló el comunicado del Ejecutivo porteño que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Nuevos cacerolazos a favor de las clases presenciales

Vecinos de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires realizaron en la noche de este martes nuevos cacerolazos en rechazo al fallo de la Justicia Federal que ordenó suspender la presencialidad de las clases en el distrito porteño.

Mientras el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se debatía entre acatar o no la resolución del fuero Contencioso Administrativo Federal, vecinos de barrios como Nuñez, Belgrano, Villa Crespo, Caballito, Recoleta, Retiro y Palermo salían a las calles o a los balcones de los edificios a manifestar su malestar por la decisión judicial que interrumpiría las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

Minutos antes,  el juez federal Esteban Furnari, del fuero Contencioso Administrativo Federal, admitió parcialmente la inhibitoria planteada por el Estado nacional y declaró la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires.

#AHORA | Cacerolazo contra el fallo de la Justicia Federal que anula las clases presenciales en Ciudad de Buenos Aires pic.twitter.com/qGpQPqmzKP — Fer Jaime (@feresjaime) April 20, 2021

El caso será resuelto en los próximos días por la Corte Suprema, que se declaró competente luego de la presentación de la Ciudad para que tome intervención en la causa, y emitirá un fallo que pondrá fin a la controversia.

Mientras el país quedó al borde los 30.000 contagios confirmados de coronavirus por día, grupos de padres y otros actores de la comunidad educativa, especialmente de colegios privados, exigen que las clases continúen para no deteriorar aún más el proceso de aprendizaje de sus hijos, que ya perdieron un año de presencialidad.

El Gobierno de la Ciudad les da la razón y muestra estadísticas que demostrarían que las escuelas son ámbitos de bajo riesgo de propagación del virus, y también exhiben datos que indican que el uso del transporte público se mantiene en niveles similares al momento previo al inicio del ciclo lectivo.

El Gobierno nacional, en cambio, sostiene que el objetivo de la medida de cerrar las escuelas es reducir (y no mantener igual) el flujo de pasajeros que usan el transporte público para disminuir la circulación del virus, y también muestra otros datos que advierten sobre el riesgo epidemiológico que supone el encuentro de alumnos y docentes en espacios físicos cerrados como las aulas.

Días atrás, atento al panorama de aumento sostenido de los casos y siguiendo el consejo de especialistas epidemiólogos, el presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que endureció las restricciones a la circulación y de forma sorpresiva anunció la suspensión de las clases presenciales hasta el próximo 30 de abril. .

Dicha medida enfureció a grupos de padres y a grupos opositores al Gobierno que alertaron por la violación al derecho a la educación, y protestaron a través de "cacerolazos".

El fallo de la Justicia Federal

El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo declaró la incompetencia de la justicia porteña y envió el expediente a la Corte Suprema, medida que deja sin efecto la cautelar planteada por padres y madres de alumnos contra el DNU de suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari pidió al Gobierno porteño que "se abstenga de aplicar o ejecutar la medida dispuesta el pasado fin de semana", en referencia al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que había ordenado mantener las clases presenciales en el distrito.

La resolución del juez fue emitida ante un pedido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de admitir la competencia federal, declarar la inhibitoria para entender o resolver sobre el tema de la Justicia de la Ciudad y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser de competencia originaria.

Esta es la resolución del Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo:

Pedido de inhibición de la justicia porteña

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había dicho a la mañana que esperaba que en los "próximos días" la Corte Suprema de Justicia dictamine sobre la presentación de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales por 15 días dispuesta por el Gobierno nacional entre las medidas para mitigar la segunda ola de coronavirus.

"La Corte ya le dio traslado al Gobierno nacional para que informe, luego de tomar todos nuestros argumentos, así que lo que corresponde es esperar que dictamine en los próximos días", dijo el funcionario.

"Vamos a acatar el fallo de la Corte Suprema; eso está fuera de discusión", agregó luego. "A nivel nacional, el caso de las clases presenciales lo tiene la Corte Suprema, que dictaminó que es competente para dictaminar en un tema como este, ya que es una discusión entre el Gobierno nacional y un gobierno local, con lo cual no debería actuar un juzgado federal", consideró el mandatario porteño.

"Vamos a acatar el fallo de la Corte Suprema; eso está fuera de discusión", dijo Larreta este martes

Luego de que el domingo la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo y Tributario de la justicia porteña ordenara la continuidad de la presencialidad educativa en la ciudad, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, pidió  la inhibitoria de la justicia porteña y que se mantenga la aplicación del decreto presencial en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

Al exponer sus argumentos en favor de las clases presenciales, Rodríguez Larreta subrayó hoy que, "respecto de la educación, la Constitución nacional dice que quien es competente y quien es responsable, es el Gobierno de la Ciudad, y ,si hay una discusión de interpretación de alguna norma, lo tiene que dirimir la Corte".

En ese punto, agregó que "la Ciudad tiene estatus de provincia, es autónoma, eso está fuera discusión" y sostuvo que, "de hecho, la Corte tomó el caso; si no, no lo hubiera hecho".

En ese marco, subrayó: "Acataremos el fallo que la Corte disponga, pero, por otro lado, yendo al fondo de la cuestión, para nosotros es fundamental que los chicos estén en las aulas, y las clases presenciales se abrieron porque hubo un fallo de la Justicia que nos ordenó habilitarlas".

De todos modos, resaltó que, dada la preocupación transmitida por el Gobierno nacional, decidieron "fortalecer los cuidados y el control alrededor de las escuelas, para que no haya aglomeraciones". Insistió con que "la educación es una prioridad" y es "lo último que hay que cerrar".