Toda la carne al asador: así se puede resumir la estrategia electoral del Gobierno para la recta final del calendario electoral. Todos saben que es una jugada no exenta de riesgos y que pasará facturas en el mediano plazo, pero nadie ve otra salida posible: hay que poner plata en el bolsillo de los votantes.

Si alguna duda quedaba en la cúpula del Gobierno, los conatos de estallidos sociales, como la reciente toma violenta de la municipalidad de Lomas de Zamora, ofició como crudo recordatorio sobre la gravedad de la situación.

Es así que, a todas las medidas ya adoptadas, se agregarán otras actualmente en carpeta, que impactarán en el momento justo. Es decir, en las semanas previas a las elecciones.

Para empezar, una suba por decreto en el salario mínimo, del orden de 10%, que según el cronograma vigente debe ajustarse a $29.160 a inicios de septiembre. Con las mejoras aplicadas desde marzo, el salario mínimo acumula un aumento de 35%, y el Gobierno quiere un impulso adicional para asegurarse de que haya una evolución por encima de la inflación.

Además, se analiza el pago de un nuevo bono extraordinario para los jubilados, que ya recibieron una mejora de $5.000 en agosto y antes habían recibido dos pagos de $1.500 en abril y mayo.

Será una medida fiel al estilo K, en la que se busca transformar un defecto en virtud y motivo de festejo. Las jubilaciones fueron el principal rubro de recorte fiscal instrumentado por Martín Guzmán para terminar el primer semestre con un déficit de apenas 0,5% del PBI y demostrarle al FMI que su vocación de "tranquilizar la economía" es creíble.

Ese ajuste se logró con la aplicación de la nueva fórmula indexatoria, que al ligar las jubilaciones con el salario y la recaudación de Anses -y desvincularlas de la inflación- introduce el componente "pro-cíclico": las jubilaciones crecen cuando lo hace la economía y bajan cuando hay recesión. De esa manera, el gasto público destinado a pagar jubilaciones cayó en términos reales un 9% en el primer semestre. Ni el macrismo se había animado a tanto.

Claro que en tiempos electorales esa situación resulta insostenible, y es por eso que se piensa en una nueva mejora coincidiendo con el ajuste de calendario previsto para el mes próximo, de manera de poder anunciar, como ya hizo Alberto Fernández en el club de jubilados de Lomas de Zamora, que el bono protegerá contra la inflación y es la prueba de que no olvida su promesa pre-electoral de poner el interés de los jubilados por encima del de los bancos.

Guiños a la clase media

En ese plan de reconciliación con la sociedad por la vía financiera hay otro destinado a la clase media: el nuevo ajuste por inflación en el "piso" del Impuesto a las Ganancias. Ya lo había anunciado Sergio Massa, el autor intelectual del proyecto de abril por el cual se subió a un nivel de $150.000 de salario bruto el "mínimo no imponible".

"Cada trabajador que tenga una suba en la paritaria no tiene que tener miedo", había dicho Massa, al explicar que no se repetiría la clásica erosión inflacionaria de la mejora salarial.

La frase tranquilizadora estaba justificada: en las últimas semanas hubo una seguidillas de revisiones, tanto para personal que negocia en paritarias como para los fuera de convenio. Las mejoras, que en los gremios más grandes tenían originalmente una previsión en torno del 35% -cuando todavía se creía en la meta inflacionaria oficial del 29%- pasarán a un promedio de 45%, gracias a las revisiones que empezarán a regir con el próximo pago de sueldos.

Para evitar que el shock anímico de esa mejora se pudiera ver empañado por un aumento de la presión impositiva, se confirmó que la medida de actualización de Ganancias se hará efectiva en septiembre.

"Beneficiamos a un millón 200 mil, subiendo el mínimo no imponible para que no paguen Impuesto a las Ganancias y beneficiamos a cuatro millones, cambiando el monto de Monotributo para que paguen menos", recordó el presidente de la cámara de diputados.

Sergio Massa prometió una nueva actualización en el "piso" del impuesto a las Ganancias para septiembre

¿Más consumo es igual a más votos?

Pero el desafío mayor del Gobierno, para que todas las mejoras de septiembre se traduzcan en votos es que, previamente, esos pesos pasen de los bolsillos al consumo, y no a la búsqueda del dólar blue. Pero, sobre todo, que la mayor presencia de dinero en la calle no traiga el correlato de una suba en los precios.

Nadie entendió el riesgo mejor que Alberto Fernández, quien al anunciar la nueva versión del programa de crédito Ahora 12, hizo una advertencia al rubro de ropa y clazado. "Espero que los textiles, que han aumentado sus precios fuertemente, no aprovechen esta oportunidad de ventas para seguir aumentando los precios y que piensen en la posibilidad de que todos los argentinos puedan lograr acceder a una mejor indumentaria sin que eso signifique mayores precios", dijo el mandatario. 

Una frase que en menos de 24 horas tuvo una respuesta por parte de las gremiales del sector. Dificultad de acceso al crédito, aumento de la presión impositiva, incrementos en los costos, incertidumbre sobre los precios de reposición fueron las consabidas explicaciones para justificar los últimos aumentos.

Y si bien por una cuestión de diplomacia prometieron hacer un esfuerzo por no aumentar los precios, no parece haber mucha seguridad al respecto. Por ejemplo, en la UIA recuerdan que el stock de crédito a las empresas cae a un ritmo de 14% anual, en un momento de alta liquidez bancaria. Por otra parte, recordaron que en el precio de un producto de indumentaria, el 54% son impuestos. Y, finalmente, que los fabricantes no tienen el control total sobre los comerciantes, que pueden verse tentados de remarcar ante una mayor demanda a la que le atraen las cuotas fijas.

La apuesta más difícil del Gobierno: evitar que la inyección de pesos se traslade a un incremento de precios

¿Cómo resultará esa elección paralela en la que la gente vota con el bolsillo? Los expertos se han mostrado muy escépticos en el sentido de que el Gobierno pueda reeditar lo que en tiempos de Cristina Kirchner se denominaba "fuga al consumo". Es decir, que en un entorno de inflación alta y ante la imposibilidad de comprar dólares, la gente se vuelque a una especie de "consumo defensivo" que finalmente termine reactivando la economía.

Las argumentaciones apuntan a que, por un lado, ahora el poder adquisitivo es mucho más bajo, pero sobre todo a que para consumir se necesita una sensación de estabilidad laboral que hoy no existe. Por otra parte, apuntan a que, ante un incremento de la demanda, es más probable que los empresarios respondan con aumentos antes que con mayores niveles de producción, dados sus incrementos de costos y también por el factor de incertidumbre -si habrá una devaluación post elecciones, por ejemplo-.

Hay casos sintomáticos al respecto, como el de los autos: la demanda aumenta porque, medidos en dólar blue, los precios volvieron a ser atractivos, pero faltan modelos y las concesionarias recalculan a la baja su previsión de ventas para el año.

Aun así, el Gobierno se permite mantener una cuota de esperanza. Creen que en algún momento debe llegar el punto de inflexión y que, en la medida en que la campaña vacunatoria ayude a normalizar la vida cotidiana, la vocación argentina por el consumo debería volver.

Algunos indicadores apuntan tímidamente en esa dirección. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor, que mide la Universidad Di Tella, registró un punto de inflexión después de varios meses de caída. Cuando se le pregunta a la gente por su disposición a comprar bienes durables, como electrodomésticos, la mejora respecto del mes anterior es de 23%. Aun con esa mejora, ese nivel sigue implicando una caída de 8% en el año, algo que queda en claro cuando se ve la crisis de las grandes cadenas de electrodomésticos.

Sin embargo, el efecto de "abaratamiento en dólares" puede volver a tener cierta incidencia. Otra cosa, naturalmente, es que eso implique más votos. Un dato sugestivo es que la mayor disposición a comprar va en paralelo con un empeoramiento sobre las expectativas de la economía.

En definitiva, apelar a la estrategia de "fuga al consumo" tiene su lógica política, aunque los resultados no están asegurados. A fin de cuentas, como recuerdan quienes revisan la historia electoral reciente, el kirchnerismo sufrió su peor derrota en las legislativas de 2013, y ese año se batieron récords de venta en autos y aparatos de aire acondicionado.