No tienen capacidad de movilización callejera como los piqueteros, ni la potencia del lobby de los productores agropecuarios que protestaron el 9 de julio. No expresan sus penurias como lo hacen a diario los turistas varados en el exterior ni convocan a miles de espectadores en las redes sociales para dar su mensaje, como el rapero L-Gante. Pero tienen una fuerza que asusta a cualquier gobernante: los jubilados son el grupo mayoritario de la población.

Esa mayoría silenciosa, con ocho millones de personas -contando jubilados y pensionados- no solamente constituyen el mayor colectivo del país sino que tienen la capacidad de inclinar una elección, al conformar el 22% del padrón electoral.

Pero claro, también representan un 25% del gasto público. Y por eso, en épocas de vacas flacas suelen ser candidatos a convertirse en la variable de ajuste. De hecho, el "éxito" del ministro Martín Guzmán -que logró emprolijar las cuentas y terminar el primer semestre con un déficit fiscal de "apenas" 0,4% del PBI- no habría sido posible sin una pérdida real en el poder adquisitivo de las jubilaciones.

Esa realidad dual fue un dolor de cabeza para el Gobierno y motivo de disputas internas entre los sectores de la coalición. Lo cierto es que la contundencia de los datos terminó por imponerse: ya no era políticamente sostenible que en lo que va del año las jubilaciones hayan tenido una suba nominal de 21% cuando la inflación llegará a 25%.

Y, menos aun, si se considera que en 2020 ya se había producido una pérdida -de 5% en la jubilación mínima y de hasta 12,5% en la máxima- por haber dejado en suspenso la fórmula indexatoria y dado aumentos por decreto.

Por otra parte, las encuestas están dejando en claro una sospecha que los politólogos tenían desde hacía tiempo: que, aun en plena pandemia, el hecho de llegar a la elección con todo el segmento etario de ancianos ya vacunados no será suficiente para ganarse su preferencia en las urnas.

"No tengo dudas que prevalecerá lo económico. De hecho, en todas las encuestas, cuando se suman todos los ítems económicos que la gente señala como preocupaciones, como la inflación, el empleo y la pobreza, esa sumatoria da por encima del 50 por ciento. Mientras que la temática de la salud ronda el 25 por ciento", dijo a iProfesional el analista Enrique Zuleta Puceiro.

Fue en ese marco que el presidente Alberto Fernández decidió adelantar el aumento ya previsto y comunicarlo en tono de campaña. Por lo pronto, la elección del lugar donde realizar el anuncio tuvo mucho de simbólico: el Club Social y Deportivo Ituzaingó, de Lomas de Zamora, había sido el escenario en el, siendo candidato presidencial, había prometido un plan de medicamentos gratis y había declarado que los jubilados serían la prioridad de su gestión.

De manera que el regreso a esa sede barrial, en plena campaña por las legislativas, buscó dejar un mensaje: la reafirmación del compromiso del Presidente con los jubilados. "Es un deber moral cuidarlos mucho porque ellos llegan a esa edad después de haber trabajado y haber dedicado toda su vida a criar a sus hijos, y lo que debemos darles es tranquilidad", afirmó Alberto a modo de justificación del bono extra.

Y dejó una frase sugerente, porque sonó a respuesta a críticas externas e internas: "Lo que no queremos es que los jubilados sean la variable de ajuste".

En la misma línea, la titular de Anses, Fernanda Raverta, recurrió a un argumento clásico: la comparación con macrismo, un período donde según la funcionaria se habían perdido 20 puntos de poder de compra. "Cuando asumimos, un jubilado de la mínima cobraba 14.000 pesos, y con este bono, cobra 28.000", dijo Raverta.

El Presidente junto a Fernanda Raverta, titular de Anses, en el momento del anuncio: un bono de $5.000 para compensar la licuación inflacionaria de las jubilaciones

La contracara del aumento: el fracaso de la nueva fórmula

Lo cierto es que no resulta fácil darle tono épico a un bono de $5.000, que no puede compensar la pérdida que ya sufrieron los jubilados que cobran la mínima de $23.000. Pero es, de alguna manera, una tradición kirchnerista.

Durante la gestión de Cristina Kirchner, los actos transmitidos por cadena nacional ante cada ajuste jubilatorio se transformaron en hitos del "relato". En realidad, se trataba de ajustes obligatorios por ley, que tenían fecha predeterminada y una fórmula específica de indexación. De manera que bastaba con una simple comunicación administrativa para que las jubilaciones quedaran ajustadas. Sin embargo, la ex presidente aprovechaba esas ocasiones para reforzar su discurso, escenificado por el apoyo de militantes que concurrían a la Casa Rosada.

Solía aprovechar esas ocasiones para hacer un repaso de los logros económicos de su gobierno, y lo irónico de la situación es que muchas veces los ajustes jubilatorios se ubicaban por debajo de la inflación, de manera que la Presidente estaba en realidad convalidando una baja en términos reales. Por caso, en el recesivo 2014 la pérdida real de los jubilados fue de 6%, en un contexto de inflación que se estimaba en 37% mientras los salarios subían al 33%.

Y este presente trae reminiscencias de aquellos días en que Cristina apelaba a la capacidad de su retórica cuando los recursos económicos escaseaban en las arcas estatales. De hecho, el desafío de Alberto es lograr el aplauso al presentar como un gesto progresista y solidario algo que, en realidad, es un reconocimiento tácito de los problemas que tiene la nueva fórmula indexatoria.

Ocurre que, finalmente, todas las advertencias que había hecho la oposición sobre la nueva ley de indexación de jubilaciones se terminaron concretando. Al sustituir una fórmula que se basaba en la inflación pasada, e imponer una nueva donde los factores que determinan la variación son el salario y la recaudación de Anses, se genera una política jubilatoria "pro-cíclica" -las jubilaciones crecen en momentos de recuperación económica y de baja inflación, pero caen cuando la economía está mal-.

En ese momento, quienes defendieron la ley sostenían que habría una recuperación de las jubilaciones. Pero no faltaron quienes sospecharon que, en el fondo, se buscaba una fórmula que permitiera, cuando fuera necesario, "licuar" la masa de gasto jubilatorio en términos del PBI.

Entre otros, el siempre escuchado Domingo Cavallo destacó que "el ajuste fiscal que se está produciendo es consecuencia de un gran aumento de la recaudación impositiva y de un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social y de los sueldos públicos en comparación con el resto de los gastos".

Insinuó claramente que la pérdida de poder adquisitivo de jubilados y estatales no fue accidental sino premeditada en el plan del ministro Martín Guzmán, aunque advirtió que tal estrategia generaría sólo efectos transitorios y que sería imposible de sostener en el tiempo.

Políticamente insostenible

Curiosamente, quienes más se mostraron de acuerdo con las críticas de Cavallo fueron los kirchneristas más radicalizados. En los últimos meses abundaron las quejas por parte de referentes de ese sector en el sentido de que se estaba propiciando un ajuste en el que las jubilaciones y los ingresos de los sectores más desprotegidos eran las primeras víctimas.

Y los números son de una claridad irrefutable: según calcularon los economistas de la Fundación Mediterránea, en el primer semestre el gasto previsional promedio cayó 9,4% en términos reales respecto del año pasado. Y si la comparación se hace contra el 2018, la reducción resulta más impactante: un 17,7%.

Estos números estaban generando una situación políticamente insostenible, porque contradecía el propio discurso oficial. Al mismo tiempo que se anunciaba una inyección de $40.000 millones en la economía, con medidas pro-consumo, se estaba generando un ahorro fiscal por recorte jubilatorio que los economistas estimaban en $155.000 millones.

Según Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews, la masa de jubilaciones pasará de significar un 9,74% del PBI a un probable 8,5% sobre fin de año. Y esto, asumiendo un escenario de un segundo semestre en el que la caída de las jubilaciones se ve atenuada por una mejora en el nivel de actividad de la economía y una menor inflación.

El sistema jubilatorio está evidenciando su problema estructural: cada vez menos aportantes por cada jubilado

Una herencia de la década ganada

Lo irónico de este momento es que el Gobierno está sufriendo uno de los principales efectos de la "década ganada": durante todo el período kirchnerista prácticamente se duplicó la cantidad de jubilados, gracias a la política que reconoció derechos a personas sin los años de aporte requeridos. En números, se pasó de 3,3 millones de jubilados en el año 2000 hasta 6,8 millones en la actualidad.

Medido en términos de gasto, el pago de jubilaciones, que en 2005 representaba un 5,2%, saltó a un impactante 11,9%, según la estimación realizada por la Fundación Mediterránea.

Y la financiación del sistema es cada vez más difícil, no solamente por la coyuntura recesiva sino, sobre todo, por un problema estructural de tipo demográfico: hay cada vez menos trabajadores que aporten al sistema y cada vez más jubilados.

Puesto en cifras, la relación trabajador/jubilado era de 2,1 hace 15 años, y ahora pasó a ser de 1,4. A medida que avanza la informalidad, esa relación empeora y la Anses se ve obligada a recurrir al auxilio del Gobierno para cumplir con los pagos. El déficit del organismo previsional pasó en 10 años de un nivel de 0,5% del PBI a un impactante 4,8%.

Lo cierto es que ese proceso tuvo su impacto a nivel político, y no fue el que esperaba Cristina Kirchner al decretar sus moratorias: a la hora de votar, el sector de los mayores de 60 años ha venido dándole la espalda al kirchnerismo. Tanto que si no fuera por su apoyo mayoritario -más de 60%-, Mauricio Macri no habría ganado las elecciones de 2015 y 2017.

Si había alguien que tenía en claro la importancia del voto de los jubilados era Alberto Fernández, que en su campaña presidencial de 2019 transformó a los jubilados en sus interlocutores principales. Uno de sus argumentos preferidos era que el macrismo prefería regalarle miles de millones de pesos a los bancos mediante la inversión en Lebacs, pero que él terminaría con ese negocio para destinar ese dinero a la mejora de las jubilaciones.

Dos años después, la mayoría de aquellos argumentos se transformaron en un boomerang para el Gobierno. Para empezar, porque las letras del Banco Central -ahora con otra denominación, pero con la misma función- siguen conformando una gigantesca bola de nieve que ya se ubica en torno a $3,7billones de dólares y que, solamente por concepto de intereses, implica el pago de unos $100.000 millones.

Pero, además, porque tras una reforma jubilatoria, la situación empeoró. El Presidente intenta reivindicarse con los jubilados mediante bonos extraordinarios, pero la erosión del ingreso fue grande, y todos asumen que se necesitará un esfuerzo fiscal mayor para aplacar el enojo de los perjudicados.