En los últimos días, mientras se preparaba para asumir como nuevo ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio "Juanchi" Zabaleta recibió señales contundentes respecto de los tironeos a los que estará sometido su presupuesto de $360.000 millones para planes de asistencia.

Marchas de protesta por parte de organizaciones sociales, incidentes violentos en municipios del conurbano por la gestión del reparto de los planes, declaraciones periodísticas con advertencias sobre un "estallido social" y, finalmente, la multitudinaria peregrinación del día de San Cayetano fueron acumulando un mensaje político.

Durante años, este acto religioso que celebra al santo patrono del trabajo se transformó en un verdadero indicador sobre qué tan grave era la situación social. Fue así que en los años de desempleo más alto, la concurrencia se hacía más masiva y los testimonios de los fieles sonaban más dramáticos. Pero lo que ocurrió este año es muy elocuente: nunca el día de San Cayetano había visto tan desdibujada su faz religiosa y había sido cooptado de forma tan explícita por la política.

Las organizaciones sociales, con su imponente marcha desde Liniers hasta plaza de Mayo y su mensaje plagado de mensajes destinados al Gobierno, dejaron en claro que no se conformarán con jugar un rol secundario en los tiempos que vienen. Más bien al contrario, hicieron explícita su intención de ser reconocidos como la "cuarta pata" en la coalición del Gobierno y, como tal, marcar prioridades de la agenda.

Ya el lema de la peregrinación -que cambió el tradicional "pan, paz y trabajo" por "tierra, techo y trabajo"- es, de por sí, todo una declaración. Puede leerse entrelíneas la vigencia del reclamo que animó en los últimos tiempos a las tomas ilegales de terrenos privados, ya sea en el interior rural -con el argumento de transformar tierras ociosas en productivas- como en los conurbanos de las grandes ciudades, para el loteo y asentamiento de nuevos barrios precarios, como la recordada invasión masiva en Guernica.

Pero, sobre todo, el mensaje explícito que dejó el día de San Cayetano fue el de la necesidad de pasar a una nueva etapa en la política asistencial. Para estos movimientos, se debe dar por concluida la fase de asistencia mediante planes sociales y se debe pasar a una basada en la "economía popular", que implica el pago de un salario universal, como contraprestación por trabajo organizado por cooperativas que reciban el subsidio estatal.

"Los planes sociales han fracasado como respuesta a la pobreza, hay un problema medular que es el empleo", dijo Daniel Menéndez, líder del movimiento Barrios de Pie, que además ocupa el puesto 16 en la lista de candidatos a diputados por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

La frase va en la misma línea de la queja que había expresado Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, cuando en mayo pasado el presidente Alberto Fernández había anunciado un refuerzo de dinero y asignaciones para la Tarjeta Alimentar.

"La tarjeta nos puede incluir como consumidores. Pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. Y no resuelve el problema de la inflación. Esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana", fue la contundente definición de Pérsico, que no sólo hablaba en su condición de líder piquetero sino también de funcionario, porque ocupa el cargo de Secretario de Economía Social.

Juan Zabaleta asume como ministro de Desarrollo Social en medio de un clima convulsionado.

Ablandando el corazón de Guzmán

Lo cierto es que los movimientos sociales vienen incrementando la intensidad de su acción y la dureza de su discurso político. Y están desplegando medidas segmentadas para cada sector del Gobierno y de la opinión pública.

Para los funcionarios de formación técnica que tienen a su cargo la gestión de la economía, hay un acercamiento destinado a "tocar el corazón". Por ejemplo, la semana pasada el ministro Martín Guzmán recorrió, acompañado por dirigentes sociales, zonas marginales como Ciudad Oculta, donde visitó una "fábrica recuperada", hoy reconvertida como laboratorio farmacológico y almorzó en el comedor del centro barrial Mujica. Guzmán escuchó reclamos sobre la necesidad de más fondos para satisfacer la demanda creciente en los comedores y tomó nota de la queja sobre la imposibilidad de acceso al crédito bancario en las empresas cooperativas.

El sábado, en el acto por San Cayetano, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular hizo una alusión a esta estrategia: "Acá estamos para decirle a cualquier funcionario ‘acompañanos, compartí la vida un rato con los más humildes y vas a ver que, además de que se te van a caer las lágrimas, vas a ser uno nuestro, vas a movilizar con nosotros, vas a pelear por los derechos de los trabajadores más humildes’", dijo en su discurso de plaza de Mayo.

Las primeras señales parecen dar resultado. El mismo día en que visitó Ciudad Oculta, Guzmán tuvo una reunión con empresarios, a quienes atribuyó parte de la culpa por la inflación. El ministro, que logró reducir en el primer semestre el déficit fiscal a 0,5% del PBI sobre la base de un fuerte ajuste real sobre las jubilaciones -el gasto en ese rubro cayó 9% interanual-, parece haber sido persuadido sobre la necesidad de incrementar el gasto social, aun cuando eso suponga un drástico incremento de la financiación con emisión monetaria, como se está viendo en estos días.

Reclamos crecientes

Pero, por si la estrategia de "ablandar el corazón" no diera resultado, los movimientos piqueteros cuentan con otras formas más contundentes y efectivas de hacer saber sus posturas.

Lo sabe mejor que nadie Daniel Arroyo, el saliente ministro de Desarrollo Social, que sufrió las presiones a lo largo de toda su gestión. Por ejemplo, al inicio de la pandemia, hubo denuncias sobre problemas logísticos en el reparto de comida, pañales y elementos sanitarios. En casos como el brote de covid en Villa Azul, los piqueteros denunciaron una política de "construcción de guetos de pobres con un cerco represivo".

Allí empezaron los primeros casos de pugna con los intendentes por la ejecución del reparto asistencial.

Luego, Arroyo sufrió acusaciones de faltar a su palabra y "ningunear el trabajo de miles de compañeros", por un reclamo de bono extraordinario de fin de año.

Más cerca en el tiempo, ya con clima electoral, hubo una marcha masiva hacia el ministerio sobre la avenida 9 de Julio, en la que se denunció que el Gobierno estaba planeando dar de baja los planes Potenciar Trabajo -que son gestionados por Pérsico-. Allí se reclamó que ningún trabajador tuviera ingresos por debajo de la canasta básica -que en la medición del Indec es de $66.488 para un hogar promedio-.

Aquella marcha, que terminó por sellar la suerte de Arroyo, tuvo una frase hiriente: "Salimos nuevamente a las calles a reclamar respuestas de un Gobierno que prometió cambiar el desastre macrista pero a casi dos años sigue con las políticas de ajuste".

Intendencias en la mira

Zabaleta habrá tomado nota de estos mensajes. Como también miró con lupa las disputas internas por la gestión de la ayuda. Una muestra contundente de ello fue el violento intento de toma de la municipalidad de Lomas de Zamora.

Allí, militantes del Movimiento Teresa Rodríguez, más alineado con la izquierda que con el peronismo, quemaron neumáticos y atacaron a pedradas el edificio donde tiene sus oficinas Martín Insaurralde. Los activistas se quejaban de favoritismos y discriminaciones a la hora de repartir la ayuda estatal.

El incidente terminó en choques con la policía y puso de manifiesto hasta dónde puede llegar la puja por los recursos. El hecho de que Insaurralde haya recibido la inmediata solidaridad de los intendentes demuestra que el problema está lejos de ser una cuestión local y tiene potencial de extenderse por todo el conurbano bonaerense.

Estos incidentes y quejas tienen, además, otro destinatario poderoso; La Cámpora, que en el inicio de la ayuda alimentaria tomó a su cargo la organización y que recela del intento del crecimiento del protagonismo piquetero.

Juan Grabois, uno de los principales líderes de los movimientos sociales, alertó sobre el riesgo de un estallido social violento

Entre la bendición papal y el fantasma del estallido

Pero, sobre todo, hay en estos días un potente mensaje político: los movimientos sociales ya no se autodenominan "de desocupados" sino "de trabajadores de la economía popular". Y no se trata apenas de un cambio semántico sino conceptual. Los desocupados no tienen sindicatos, no cobran salario ni aportan a la seguridad social.

Por este motivo es que el centro de la estrategia piquetera está centrado en el concepto del "salario universal". Y la estrategia de comunicación se basa en dos mensajes potentes. Por un lado, la supuesta bendición del Papa Francisco, que desde hace tiempo viene refiriéndose a la necesidad de que los gobiernos consideren subsidios universales.

Por lo pronto, en el día de San Cayetano, la Iglesia hizo un guiño a los piqueteros al advertir sobre "situación casi desesperante" que se vive en el país. "El trabajo es una realidad que hace a la dignidad más profunda del ser humano. En el trabajo está la vocación más noble del hombre y su suprema dignidad. Pero hoy esta dignidad está herida. Es una dignidad herida porque tenemos enormes problemas de desocupación, de pérdidas de trabajo, de angustia", sostuvo el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea.

Pero, por si no alcanzara con el apoyo eclesiástico, hay miembros del movimiento social que hacen un permanente recordatorio sobre el riesgo de un estallido social. El más notorio es Juan Grabois, quien en la previa de la jornada de San Cayetano escribió un artículo con mensajes para todos: a la sociedad, las empresas y el propio Gobierno.

"La relativa estabilidad que se mantuvo durante el tiempo de la pandemia, lograda por algunas medidas del Gobierno y la formidable red de cohesión comunitaria que por décadas tejimos movimientos sociales e iglesias no podrá evitar por mucho más tiempo el estallido del pueblo pobre que quiere algo más que el plato de comida que nuestras ollas populares ofrecen cotidianamente", escribió Grabois.

No es lo que se dice una recepción tranquila para el nuevo ministro de Desarrollo Social. Zabaleta tiene en claro que conseguir recursos económicos será apenas una de sus nuevas dificultades, y acaso ni siquiera sea la más difícil.