Esperando el impacto: el dato de pobreza dará encima de 40% y agrava las chances electorales del Gobierno

Se acerca uno de los momentos más temidos por el Gobierno: en pocas horas, el Indec dará a conocer el dato oficial de pobreza e indigencia, correspondiente al primer semestre del año. Y, aunque se estima que el número podría dar una leve mejora respecto del dato anterior, se descuenta que el indicador se ubicará por encima del 40%.

Desde el punto de vista político, el "timing" de la publicación es de alto daño para la campaña oficialista: deja al desnudo la gravedad de la crisis social y cómo las políticas asistencialistas no lograron compensar los problemas estructurales de la economía, como el desempleo y la inflación.

Es por eso que, a modo de compensación, el Gobierno está embarcado en una ola de anuncios para aliviar la situación de los sectores más golpeados: es allí a donde apuntan la suba del salario mínimo, el bono extraordinario a los jubilados y el refuerzo asistencial a un tercio de los que el año pasado habían sido beneficiarios del IFE.

Hablando en números, lo que los expertos esperan es una leve mejoría respecto del registro del segundo semestre del 2020, cuando el Indec informó un nivel de pobreza de 42%, de los cuales un 10% son indigentes -es decir, no pueden pagar una canasta alimentaria-.

Si se hace el seguimiento por períodos trimestrales, la situación marcó un agravamiento sobre del final del año pasado, cuando el índice superó el 45%, y luego hubo una caída a un nivel de 40% en el primer trimestre del 2021, como consecuencia del "efecto aguinaldo" y las subas salariales que superaron a la inflación.

Pero la situación volvió a deteriorarse en el segundo trimestre. Si bien el sector de empleo formal tuvo la protección de las paritarias, por otra parte se produjo la "mini cuarentena" de abril, que volvió a impactar en el comercio y los trabajos informales. Y, además, fue el momento del año con el mayor nivel de inflación, tras el pico de 4.8% registrado en marzo.

Esto hace que los investigadores privados que siguen el tema -como el Cedlas (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales), el Observatorio Social de la Universidad Católica y la Universidad Di Tella- tengan expectativas de que la cifra arroje entre 41% y 42%.

El impacto de los "nuevos pobres" asalariados

En cualquier caso, un número de un impacto emocional innegable en un momento de hipersensibilidad social. La cifra ya no solamente implica la tragedia social de la gente a la que le resulta difícil ingresar al sistema laboral formal, sino que incluso trabajadores asalariados empiezan a quedar por debajo de la línea.

Los números son elocuentes: con una canasta básica que, para una familia tipo ya se ubica en $68.000, un hogar con dos ingresos mínimos queda todavía un 15% por debajo del límite. Y si a ese monto se le suman dos Asignaciones Universales por Hijo, apenas se estaría llegando a financiar la canasta.

Esto llevó a analistas políticos a fundamentar el revés electoral del Gobierno en el deterioro social de ese segmento que, aun con trabajo asalariado, no logra satisfacer las necesidades básicas.

Artemio López, consultor vinculado al kirchnerismo, señaló que el segmento crítico que llevó a perder las elecciones es el que se ubica entre los deciles tercero y sexto de la pirámide de ingresos, que no llega al promedio nacional de $86.000 pero que tampoco califica para recibir la asistencia directa del Estado. Ese sector, un 40% de la población nacional, recibe un 24% de la renta. Y está enojado.

Así los describe López: "Electores que están muy lejos de ser impactados por la suba del piso de ganancias a $175 mil y sin beneficiarse tampoco de la saga de subsidios del Gobierno ni su trama clientelar. Estos segmentos medios y medios bajos ausentes en las PASO, descansan su ingreso básicamente en jubilaciones, pensiones y salario mínimo complementados por changas y son los más refractarios a ingresar en la polarización creciente y habitual que sogma el comportamiento electoral en las últimas décadas".

Lo cierto es que este es el dato de fondo que está por detrás de las polémicas que se ven en estos días en la interna de la coalición gobernante, empezando por la que mantuvieron Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre si hubo ajuste fiscal y sobre quién recayó el costo de la austeridad del ministro.

Los límites a las medidas de "plata en el bolsillo"

Pero los economistas señalan que la clase política subestima dos fenómenos más profundos que el hecho de si hay "plata en el bolsillo" para estimular el consumo.

El primero es la inflación, que en el primer semestre cumplió el clásico rol de "licuación" del gasto en términos reales, algo que se sintió sobre todo en las jubilaciones: según calcularon los economistas de la Fundación Mediterránea, en el primer semestre el gasto previsional promedio cayó 9,4% en términos reales respecto del año pasado. Y si la comparación se hace contra el 2018, la reducción resulta más impactante: un 17,7%.

La inflación es lo que hizo que, pese a las mejoras salariales nominales, en el segundo trimestre se haya producido un deterioro en el plano social. Un informe de Jorge Colina, economista jefe de IDESA marca que en un período de tres años, mientras que el ingreso laboral de los trabajadores informales subió un 136%, la canasta básica lo hizo a un ritmo de 230%.

Ahí, reside, afirma Colina, la explicación de por qué desde el inicio de 2018 hasta ahora la pobreza haya explotado desde un nivel de 26% hasta situarse por encima de 40%.

"Cuando una sociedad tiene informalidad por baja productividad tiende a tener pobreza relativamente alta. Pero si a esto le suma alta inflación va a tener pobreza muy alta. Esto es lo que la dirigencia política no termina de entender o aceptar. La prueba está en que todas las encuestas ponen en los primeros lugares del ranking de las preocupaciones de la gente a la inflación, pero ningún candidato propone bajar la inflación", afirma el economista.

Desde su punto de vista, la estrategia de firmar acuerdos de precios con empresas, al tiempo que se hace un esfuerzo por "poner plata en el bolsillo de la gente" resultará equivocada, porque está "en abierta contradicción con lo que dice la propia gente, que lo que más quiere es que la inflación no le licue el dinero que ya tiene en el bolsillo".

El otro gran punto que están mirando los economistas es el del empleo. La última medición arrojó a primera vista una mejora -se bajó a 9,6%- pero esa baja se relativiza cuando se tiene en cuenta que no es una consecuencia de una mayor creación de empleo sino del "efecto desaliento" que hace que ahora la cantidad de gente que busca empleo es menor a la que lo hacía antes de la pandemia.

Por eso, es más relevante observar el número que el Indec define como "presión laboral". Al sumar los desempleados más los sub-ocupados, más otros ocupados que buscan empleo y más otros que están ocupados pero tienen disponibilidad de trabajar mayor cantidad de horas, entonces la cifra asciende a la impactante cifra de 32,4% de la población económicamente activa.

Los expertos en consumo afirman que esa incertidumbre sobre el futuro laboral hace que, aun con más dinero en el bolsillo, la tendencia al consumo sea menor que en otras épocas.

En definitiva, la idea que quedó instalada entre los analistas es que la salida de una parte importante de la población de la pobreza será más lenta que la recuperación del PBI -que según la estimación oficial este año crecerá al 8% y el año próximo al 4%-.

Estudios del Cedlas establecieron que, para volver a los niveles de pobreza que se registraban antes de la pandemia, se necesitará no menos de cinco años, siempre que se logre mantener un sendero de crecimiento continuo de la economía a un promedio de 3%. Ese período de cinco años contrasta con el tiempo que llevará recuperar el PBI pre-pandemia, lo cual podría ocurrir en dos años, según prevén los organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI.

Pobreza y el mapa electoral

Está claro que aquellos que están sufriendo por no poder pagar una canasta básica no necesitan que la estadística del Indec les confirme su situación. Pero eso no significa que la publicación del dato no tenga, igualmente, su impacto a nivel político.

Para empezar, ratificará que el discurso oficial sobre una política que apunta a mejorar la vida de la población no se cumplió. Confirmará, además, a aquellos que señalan a la inflación como un problema central de la economía.

Y, por otra parte, recalentará la disputa interna con los líderes de las organizaciones sociales, que están hablando sobre el agotamiento del sistema asistencialista y reclaman la generación de empleo con la implantación de un "salario universal" para los más postergados, una masa que se estima en no menos de dos millones de personas.

Es un debate que incomoda a cualquier gobierno, pero mucho más a una gestión del peronismo, porque le pega en la línea de flotación de su discurso y pone en entredicho el histórico apoyo de los sectores más desfavorecidos.

De hecho, en las PASO se constató cómo el oficialismo perdió terreno en lugares donde históricamente había prevalecido, como en el conurbano bonaerense y en provincias norteñas como el Chaco.

Cuando se cruzan los datos de las elecciones con los de las mediciones de pobreza, la correlación pone nerviosos a los estrategas del Gobierno: allí donde se sintió más el efecto de la cuarentena -porque la mayoría de la población trabaja en actividades informales- la pobreza llegó a superar el 50%. Y esto tuvo su correlato electoral: el Frente de Todos perdió por cuatro puntos en la primera sección del conurbano, mientras que en la tercera -donde se ubica La Matanza, histórico bastión kirchnerista- la victoria peronista quedó acotada a apenas ocho puntos.

Es por eso que, mientras esperan el golpe del nuevo dato del Indec, los políticos del Gobierno se preguntan si el cambio de estrategia -y, sobre todo, la saga de anuncios económicos- serán suficientes como para generar un cambio de clima social.

Los primeros indicios apuntan en contra de esa expectativa. Por caso, Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, señaló que siete de cada 10 encuestados reprueba la gestión económica del Gobierno. Y que seis de cada 10 creen que los recientes cambios de gabinete no traerán ninguna consecuencia positiva.

En tanto, una encuesta de la firma Solmoirago, hecha tras los últimos cambios, señala que la ventaja entre la oposición y el Gobierno, lejos de atenuarse tienden a agrandarse.