Con un índice de pobreza del 40,6%, el plan del Gobierno para "poner plata en el bolsillo de la gente" está encontrando sus críticos más acérrimos en los lugares menos pensados: por ejemplo, entre los movimientos piqueteros.

No es que las organizaciones sociales estén en desacuerdo con una mayor asistencia económica, pero cada vez más explícitamente se muestran en desacuerdo con la forma en que se realiza y, más importante, con la concepción política que se esconde tras esa ayuda estatal.

Ya desde antes de la derrota en las PASO, los principales referentes de estos movimientos, como Emilio Pérsico, Daniel Menéndez y Juan Grabois. Todos calificaron las iniciativas como la tarjeta Alimentar como "pan para hoy y hambre para mañana". Y reclamaron explícitamente en la manifestación por el día de San Cayetano que la política asistencialista había cumplido su ciclo y se debía ingresar a una nueva etapa de "economía popular", que implica el pago de un salario universal, como contraprestación por trabajo organizado por cooperativas que reciban el subsidio estatal.

"Los planes sociales han fracasado como respuesta a la pobreza, hay un problema medular que es el empleo", fue la expresiva definición de Menéndez, líder del movimiento Barrios de Pie, que además ocupa el puesto 16 en la lista de candidatos a diputados por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

En definitiva, estos líderes se muestran en contra del tradicional método peronista que consiste en el reparto de dinero -o, directamente, de bienes de consumo- en los ámbitos municipales. Justamente la filosofía que defiende el jefe de gabinete, Juan Manzur, con el apoyo de los intendentes del conurbano.

Es una metodología que, a lo largo de décadas, ha demostrado ser eficaz desde el punto de vista político: refuerza el vínculo del gobernado con el gobernante, da protagonismo a la figura de los "punteros" y consolida el "dominio territorial" en los barrios.

Para Manzur, uno de los factores que explican la mala performance electoral peronista en la provincia de Buenos Aires -y su propio éxito en Tucumán- está en el rol de las intendencias en la gestión de la ayuda social.

El jefe de gabinete, Juan Manzur, está convencido de que el Gobierno debe apostar al protagonismo de los intendentes, una estrategia que choca con las posturas piqueteras

La desconfianza piquetera

Pero en los últimos días hubo señales de que esa iniciativa -cuyo máximo exponente es el regalo directo de electrodomésticos, como se vio en General Rodríguez y en Avellaneda- pueden no ser tan fáciles de implementar y encontrar escollos internos.

Grabois fue explícito al respecto: "Esa idea de ponerle plata en el bolsillo a la gente no me gusta. Es hasta cancherito. Nadie quiere que le pongan plata en el bolsillo. La sensación que tiene la gente es que le sacan plata del bolsillo. Los compañeros y compañeras nuestros, los más humildes, se la quieren ganar laburando o que se reconozca el trabajo que hacen. No que venga alguien a decir que le está dando la plata", dijo en una entrevista con Jorge Fontevecchia.

Esa filosofía es la que está detrás de la defensa de una reformulación de los programas IFE, pero con un formato permanente y ligado al apoyo a emprendimientos de gente que trabaja en la informalidad. Los últimos números sobre empleo -que hablan de un 32% de personas en condiciones de trabajar que no logran estar ocupados a pleno- son el principal argumento para la definición de estas nuevas políticas.

Es decir, toda una nueva concepción de la asistencia, que no termina de convencer a los peronistas de la línea tradicional, porque "saltea al intermediario".

Lo cierto es que las desavenencias entre piqueteros e intendentes es de larga data y ha ido in crescendo desde la pandemia.

Se evidenció primero en disputas por cómo se reparten los recursos. Y hasta se comentó en el ámbito político que la denuncia por sobreprecios en la compra de alimentos, que afectó al ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, fue el resultado del enojo de los movimientos piqueteros, que se sintieron excluidos del reparto en beneficio de las intendencias.

Luego la crítica se hizo más explícita, por ejemplo en casos como el aislamiento de Villa Azul, partido de Quilmes, por un brote de covid. En aquel caso, los piqueteros denunciaron falta de comida, pañales y elementos sanitarios y criticaron la política de "construcción de guetos de pobres con un cerco represivo".

Pero quizás el enfrentamiento más explícito entre intendentes y movimientos piqueteros fue el que tuvo como protagonista a Martín Insaurralde, ex jefe municipal de Lomas de Zamora, y en quien Cristina Kirchner confió para dotar de mayor control territorial al gobierno de Axel Kicillof.

Pocas semanas antes de las PASO, las oficinas de Insaurralde fueron objeto de un intento de toma violenta por parte de militantes del Movimiento Teresa Rodríguez, que quemaron neumáticos y atacaron a pedradas la sede municipal. Los activistas se quejaban de favoritismos y discriminaciones a la hora de repartir la ayuda estatal.

El incidente terminó en choques con la policía y puso de manifiesto hasta dónde puede llegar la puja por los recursos. El hecho de que Insaurralde haya recibido la inmediata solidaridad de los intendentes demostró que el problema estaba lejos de ser una cuestión local y que tenía potencial de extenderse por todo el conurbano bonaerense.

Estos incidentes y quejas tienen, además, otro destinatario poderoso; La Cámpora, que en el inicio de la ayuda alimentaria tomó a su cargo la organización y que recela del intento del crecimiento del protagonismo piquetero.

Caja apetecible y diferencias de criterio

La caja del ministerio de Desarrollo Social empezó el año con $360.000 millones, lo que implicaba un incremento de 50% respecto del 2020. Además, la política social se reforzó con el aporte extraordinario de las grandes fortundas, que lleva recaudados $332.000 millones hasta agosto.

Pero además, a lo largo del año el presupuesto ministerial tuvo varios refuerzos, dado que algunos rubros, como ayuda alimentaria, prácticamente habían agotado en un semestre los recursos previstos para todo el año. No es que se haya incrementado la cobertura, sino que el efecto inflación hizo lo suyo sobre la caja del ministerio.

Es por eso que en la última ampliación presupuestaria -la décima del año-, Desarrollo Social se quedó con un tercio de los $107.000 millones que se repartieron en la semana previa a las PASO.

Ahora, el debate político interno pasa por expandir el gasto público, como le pidió públicamente Cristina Kirchner al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien garantizó que el "rojo" fiscal llegará a 4% del PBI y no al 3% que proyectaban las consultoras económicas.

Pero mientras Guzmán saca cuentas para ver cómo financia esa expansión, en las reuniones de estrategia política se discute cómo gastarla. Sin ir más lejos, el martes en la Casa Rosada, Manzur debatió junto a Insaurralde, Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa la manera de instrumentar la asistencia estatal.

Haciendo equilibrio entre la plana mayor de la coalición y los movimientos piqueteros queda Juan Zabaleta, el nuevo ministro de Desarrollo Social, uno de los funcionarios que tienen la misión de llegar a los estratos más desfavorecidos de la sociedad, donde la crisis pegó a tal punto que decidieron castigar al peronismo ya sea con su voto en contra o mediante el ausentismo.

Las manifestaciones a la sede del ministerio de Desarrollo Social han dejado en evidencia las fisuras internas del Gobierno a la hora de gestionar la ayuda social

Equilibrio entre lo viejo y lo nuevo

Zabaleta -él mismo un representante de los "barones del conurbano"- tomó nota rápidamente de las dificultades que le esperarían en su nuevo cargo. Apenas asumido, le dieron la bienvenida con una serie de manifestaciones masivas a sus oficinas de la avenida 9 de julio.

Allí, bajo la gigantografía de Evita y concitando el interés mediático por el caos vehicular y la ruidosa protesta, una larga lista de movimientos entre los que destacaba el Polo Obrero reclamaron por "promesas incumplidas" de Zabaleta. Concretamente, le achacaban la postergación del pago por el plan "Potenciar Trabajo". Hablando en plata, pedían 90.000 "salarios sociales", por un promedio de $14.000.

El ministro vio la oportunidad para dar un gesto de autoridad y advirtió que no dialogaría bajo presión y se negó a recibir a los dirigentes hasta que no se despejara el corte. Pero quedó en claro que no se trataría de una pulseada fácil.

En estos días está siendo puesto a prueba el esquema de convivencia pacífica con los piqueteros, que el Gobierno puso en práctica mediante el "loteo" de áreas de Desarrollo Social. Es una situación de tensión extrema, en el que piqueteros que a su vez son funcionarios, como Pérsico, Menéndez y Fernando "Chino" Navarro suelen chocar con dirigentes del área política y, sobre todo, con las intendencias.

De hecho, tras la renovación de nombres en el gabinete se había corrido la versión de que Navarro sería removido de su cargo de secretario de Políticas Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil. Pero Manzur dio el paso para despejar rumores de ruptura y participó, junto al ministro Zabaleta, en un acto del Movimiento Evita. Hubo foto para la prensa y declaraciones sobre el rol central que jugarán los movimientos sociales en la nueva fase política.

Pero ahora vienen los hechos: estas organizaciones no se conforman con discursos y gestos políticos: quieren formar parte del diseño de una nueva política de asistencia estatal. Y consideran que la clásica figura del intendente benefactor no es la adecuada para este momento.

Por lo pronto, el ministro Zabaleta ya adelantó que canalizará la demanda piquetera por el "salario universal", al extender a sectores como construcción y la gastronomía el mismo esquema con el que se benefició a trabajadores rurales. Es decir, se garantizará que no perderán la asistencia social si consiguen un trabajo formal, y que en ese caso el plan se sumará al salario de convenio.

La destreza política de Manzur, Insaurralde y Zabaleta será puesta a prueba en estos días. Por un lado, tienen la misión de recuperar la presencia y la imagen del peronismo en los segmentos más pobres. Pero por otro lado tienen socios que recelan de las viejas fórmulas a las que consideran caducas. Y son socios que en los últimos tiempos han demostrado capacidad y voluntad para "copar la calle" si sus puntos de vista no son tenidos en cuenta.