Contentos por contar con un feriado en noviembre y tener un fin de semana largo soleado, a la enorme mayoría de los argentinos les resulta indiferente la polémica que siguen manteniendo los historiadores respecto de si es correcto vincular a la batalla de la Vuelta de Obligado con la defensa de la soberanía nacional.

Sin embargo, esa fecha histórica instituida como feriado en 2010 por Cristina Kirchner, sintetiza como pocas las grandes contradicciones argentinas. El feriado recuerda la batalla sobre el río Paraná el 20 de noviembre de 1845, en la cual las fuerzas de Rosas se enfrentaron a las flotas navales inglesa y francesa, que intentaban abrir el río a la navegación internacional.

Y la polémica reside en las contradicciones de ese feriado: se festeja si en realidad fue una batalla de defensa nacional o un enfrentamiento de Buenos Aires con provincias del litoral por el monopolio de las aduanas. Y, dos siglos después, sus defensores reivindican el federalismo en los discursos pero a la hora de la verdad aplican políticas de premios y castigos mediante el reparto discrecional de recursos a las provincias.

Cristina y el revisionismo como política de Estado

Para Cristina, que había hecho del revisionismo histórico una verdadera política de Estado, todo encuadraba en su lógica política. A la ex presidente le gustaba mezclar el pasado con el presente, al punto que en un acto por el día del general Belgrano, se preguntó: "¿Si Belgrano viviera, con quién creen que estaría, a quién apoyaría?", dando a entender con claridad que el prócer elegiría el lado kirchnerista de la grieta.

En otro recordado discurso, ante los popes de la Unión Industrial Argentina, dio su visión respecto de por qué Norteamérica logró el desarrollo industrial mientras Argentina siguió con una matriz económica de exportación agro-ganadera. "Nosotros perdimos en Caseros y ellos ganaron la Guerra de Secesión y por eso fueron la potencia industrial más fuerte del mundo", dijo, en una mezcla de queja y elogio por las prácticas proteccionistas estadounidenses.

Pero si había un tema histórico que obsesionaba a Cristina era la reivindicación de Juan Manuel de Rosas. Gustaba repetir en sus discursos cómo, de niña, polemizaba con su maestra entrerriana, "la señorita Miriam", que era ferviente admiradora de Urquiza, el vencedor en la batalla de Caseros.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner insinuaron que se vendrá una etapa de mayor castigo impositivo a las provincias agropecuarias

La creación de un instituto de revisionismo histórico y el establecimiento del 20 de noviembre como Día de la Soberanía fueron los puntos altos de esa pasión por recurrir a la historia como forma de justificar medidas políticas del presente.

No fueron pocas las críticas a esa política. En aquel momento, el investigador Luis Alberto Romero acusaba a Cristina de "reemplazar la ciencia histórica por la epopeya y el mito". Y otros historiadores se quejaron de su tendencia a una versión maniquea de los hechos pasados y manipulada por intereses políticos.

La crítica trascendió fronteras, al punto que un ex presidente uruguayo, Julio María Sanguinetti, fustigó al feriado por la batalla de Vuelta de Obligado, al argumentar que ese episodio "fue una guerrilla interna mucho más que una causa nacional".

"En la Vuelta de Obligado lo que había fundamentalmente era una gran lucha de intereses. De un lado estaba Buenos Aires defendiendo su aduana y que no quería libertad de los ríos para que las provincias no pudieran tener sus aduanas propias, mientras las provincias litoraleñas de Misiones, Corrientes, Entre Ríos querían la libertad de los ríos", sostenía Sanguinetti.

Rosas, la hidrovía, el FMI y las retenciones

Los años pasan pero la polémica queda: este lunes Mario "Pacho" O’Donnell -el primer director del Instituto Dorrego de revisionismo histórico- acaba de establecer un paralelismo entre la Vuelta de Obligado y la actual negociación del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional.

Como en 1845, afirma O’Donnell, estos son tiempos "en los que se impone sostener los intereses nacionales tantas veces bastardeados por negociadores compatriotas, los deletéreos ‘socios interiores’, al servicio de intereses ajenos a los que hacen al bienestar de nuestro pueblo".

Por otra parte, el kirchnerismo duro reclama que se avance más rápido en la "recuperación de la soberanía del Paraná", a la que consideran perdida por el hecho de que se haya encomendado a firmas extranjeras los trabajos de dragado para la navegabilidad sobre el principal río del país, donde cada año unos 4.000 buques mueven unos u$s70.000 millones.

Y mientras se hacen esas apelaciones patrióticas, otros funcionarios del Gobierno establecen con claridad que habrá regiones del país a las que les tocará resignar recursos en nombre del bien general, que se decide desde la Casa Rosada. Por lo pronto, el secretario de comercio, Roberto Feletti, planteó que para combatir la inflación en alimentos se analizarán nuevas medidas intervencionistas en rubros como la carne y la exportación de trigo y maíz.

Pero, en realidad, quien se había referido más explícitamente a esa redistribución federal había sido el propio Alberto Fernández, cuando en el acto por el Día de la Militancia dijo que el crecimiento económico no debe "concentrarse en el centro del país". Casualmente, la zona que le dio la espalda al Gobierno, y a la que indirectamente acusó del alza de precios, por su negativa a reducir márgenes de ganancia. Y adelantó que su esfuerzo de los próximos dos años será que esa riqueza se vaya al norte y al sur, "para los argentinos que la necesitan".

En los medios afines al kirchnerismo, ya se habla sin tapujos sobre la inutilidad de pretender recuperar votos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el norte rural de Buenos Aires, esa "franja amarilla" que es la principal proveedora de divisas del país.

El razonamiento del kirchnerismo es que ese sector mantendrá su firme postura ideológica contra el kirchnerismo y que, por lo tanto, agudizar la confrontación no supone un mayor costo político que el que ya se pagó. En cambio, sí habrá mucho por ganar, porque los recursos obtenidos podrán aplicarse a regiones como el conurbano y provincias del norte, donde hay margen para que el oficialismo mejore sus chances electorales.

Premios y castigos

De hecho, esa curiosa concepción de federalismo centralizado, en el que desde la Casa Rosada se define con discrecionalidad los repartos de recursos, en un régimen de premios y castigos, se está intensificando.

Se vio con claridad en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional –los famosos ATN, creados para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros en las provincias-, que benefició particularmente a provincias como Buenos Aires, Formosa, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos, Es decir, todos distritos donde el peronismo quería consolidar su mayoría o bien dar pelea política.

La provincia de Buenos Aires acaparó 31% de esa ayuda que totalizó $15.000 millones. En contraste, hubo cero aporte para la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Corrientes, distritos gobernados por opositores o, como el caso de Córdoba, donde el Frente de Todos quedó reducido a su mínima expresión.

Es también elocuente la table de transferencias que recibe cada provincia sobre el total de sus recursos: hay casos en los que más del 90% de los ingresos a las arcas provinciales vienen desde Buenos Aires. Coinciden con las regiones del país donde hay mayor incidencia del empleo público y, también, con regiones de histórica hegemonía política peronista. Lideran la tabla Formosa y La Rioja, con 94% de su ingreso vía transferencias, seguidas por Santiago del Estero y Catamarca con 91%, según un informe de la Fundación Mediterránea. En la otra punta de la tabla, para la Ciudad de Buenos Aires las transferencias representan un 25% de los ingresos.

También es ilustrativo el ranking de cuánto recibe cada provincia en relación a los recursos generados. Mientras en un extremo, Formosa recibe 390 puntos por encima de su aporte, Chaco 246 y Catamarca 179, en la otra punta la Ciudad tiene una percepción de -91 sobre su aporte, seguida por Santa Fe con -67, la provincia de Buenos Aires con -58 y Chubut con -56.

Pero lo más curioso de este momento político es que hace apenas un año, para justificar la ayuda al gobernador Axel Kicillof, el Presidente se quejaba de que la crisis era consecuencia de que Argentina, a la hora de repartir el dinero, no lo hace como un país federal sino como unitario, porque "el Estado acumula y distribuye con cierta discrecionalidad", en vez de darle "a cada uno lo que corresponda".

"Uno se pregunta por la provincia de Buenos Aires, que produce el 41% del PBI, que tiene una densidad demográfica impresionante y ha crecido como ninguna provincia en los últimos 30 años, por qué le toca lo que le toca", decía el mandatario. Y, en una argumentación arriesgada, buscaba la explicación en la reforma de los tiempos alfonsinistas, sin hacer mención a cómo Cristina Kirchner, cuando estaba enfrentada políticamente a Daniel Scioli, licuó sus recursos al llevar casi a cero los ingresos por el Fondo de Reparación Histórica de la provincia.

El método elegido por la ex mandataria fue simple y letal: congelar la cuota de $650 -instaurada cuando regía el "uno a uno", lo que significa que equivalían a 650 millones de dólares- sin actualizarla por inflación. Eso llevó a que la porción correspondiente a la provincia se fuera diluyendo de tal forma que en 2015 –es decir, cuando Kicillof era ministro de economía- llegó a ser el 1% del total.

El gobiernador Kicillof se quejó de que la provincia recibe menos recursos de lo que aporta a la econonomía nacional: será beneficiada con partidas para el conurbano

Las críticas a las deficiencias de gestión de Scioli mutaron, después que Kicillof llegó a la provincia, a los cuestionamientos al injusto sistema de reparto. Y fue ese el argumento por el que se le recortó un punto de coparticipación a la Ciudad -que perdió 7% de sus recursos- y se le dio a la provincia, agobiada por tomas de tierras, conflictos sindicales y hasta una rebelión policial.

Aun así, no resultó suficiente para resolver los serios problemas de infraestructura y los problemas sociales del conurbano, de manera que se está planeando un incremento en las partidas presupuestales que manejarán los intendentes.

Paradójicamente, quien más defendió el criterio "meritocrático" de reparto de los recursos fue el propio Kicillof, quien se había quejado de que mientras su provincia aportaba más del 40% del PBI, lo que recibía del Estado era mucho menos.

Mientras tanto, el resto de los gobernadores, que ven con claridad cómo viene la situación para los próximos dos años, ya se preparan para un tradicional debate findeañero con la Casa Rosada sobre el impuesto a los Ingresos Brutos.

Para muchas provincias, es el principal impuesto de recaudación propia, y no están dispuestas a ver reducir esa cuota. De manera que en estos días se empezará a negociar una nueva pausa por excepción al cronograma de disminución de las alícuotas de ese impuesto, que se había establecido en el pacto fiscal de 2017.

Como siempre, sobre la mesa de negociaciones estará el envío de recursos discrecionales, los fondos de financiación de obra pública y pedidos varios de subsidio, que suelen formar parte del menú fijo de reclamos de los gobernadores. Del otro lado, se opondrá la posibilidad de nuevos impuestos en forma de retenciones a la exportación.

Es así como la Casa Rosada negociará, con el Excel de recursos fiscales en una mano y la hoja de resultados electorales en la otra. Una rara forma de federalismo, para seguir alimentando la polémica eterna de los historiadores sobre quién ganó en la pelea de unitarios contra federales.