Si el kirchnerismo "duro" ya contaba con motivos para oponerse al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la revelación de que habrá una revisión del sistema jubilatorio hizo una contribución fundamental para que ese rechazo se exacerbe. A tal punto que se hacen cada vez más explícitos los pedidos de un voto negativo al acuerdo en el Congreso.

La noticia se conoció por el borrador del acuerdo que se filtró a la prensa, y generó un shock político, no solamente por la sensibilidad del tema jubilaciones, sino por el hecho de que el ministro de economía, Martín Guzmán, no había hecho referencia alguna al respecto.

De esa manera, se reforzó la desconfianza que un ala de la coalición gubernamental siente hacia Guzmán, que ya venía en alza por el hecho de que el ministro hubiese negado un cambio en el esquema tarifario de los servicios públicos.

Consciente de la reacción que se produciría tras la filtración de la noticia, Guzmán se apresuró a aclarar que no habrá cambios estructurales del sistema, en el sentido de que seguirá rigiendo la misma fórmula indexatoria que se aprobó a fines del 2020.

Sin embargo, la admisión de que se hará un estudio "para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional" y que esa revisión prestará especial atención a los regímenes especiales y a mecanismos para favorecer la prolongación voluntaria de la edad jubilatoria cayó como un balde de agua fría. Ni bien el ministro hizo su descargo, comenzaron las comparaciones entre esta cláusula del acuerdo con el FMI y la propuesta que en su momento había impulsado el gobierno de Mauricio Macri.

Jubilaciones y ajuste: la nueva fisura entre Alberto y Cristina

La tijera fiscal se posa sobre las jubilaciones

Tanto Guzmán como el presidente Alberto Fernández minimizaron la importancia de esta "revisión", al afirmar que solamente estará limitada a los casos conocidos como "jubilaciones de privilegio", contenidos en regímenes especiales de retribuciones altas, y se puso como ejemplo el caso de los jueces y el personal diplomático.

Pero la aclaración no terminó de conformar a la base militante del kirchnerismo, que en primer lugar se preguntó por qué el tema no había sido informado cuando se detalló el contenido del pre-acuerdo. Y, por otra parte, la inclusión de esta revisión podría ser la respuesta a la pregunta que todo el mercado financiero y el ambiente político se estaba haciendo: ¿de dónde se recortará gasto público para llegar a la meta comprometida de 2,5% de déficit fiscal?

Una vista al régimen jubilatorio puede dar pistas al respecto. La proliferación de regímenes especiales ha sido tan grande que, a esta altura, ya representa un 54,7% del gasto del sistema, según un estudio publicado por Cippec. Sí, es más el dinero que eroga el sistema por los casos de excepción que por los del régimen general.

Expresado en volumen del gasto público, estos regímenes de excepción significan un 7% del PBI, cuando el sistema en su conjunto representa un 12,8%.

De manera que, ante los ojos de los técnicos del FMI, es un rubro donde hay distorsiones provocadas por el lobby de gremios con poder de negociación. Y, sobre todo, es un lugar donde se puede aplicar la "tijera" fiscal.

Ya desde hace tiempo -y con más énfasis desde el pago de la "reparación histórica" de 2016-, los expertos en el tema vienen advirtiendo sobre la insostenibilidad a largo plazo del sistema jubilatorio argentino. Esa alarma se vuelve a encender cada vez que se anuncia una medida por la cual se incluye entre los beneficiarios a personas que no han realizado su aporte en regla.

En la comparación internacional, los expertos apuntan que los países ricos de Europa -como Francia y Reino Unido- que han sido históricamente líderes en cobertura social -y cuya pirámide demográfica muestra un mayor envejecimiento que la de Argentina- tienen un gasto jubilatorio que ronda el 10% del PBI. En consecuencia, su advertencia es que una reforma estructural en inevitable si no se quiere un colapso del sistema o una caída generalizada de las prestaciones.

Guzmán aclaró que no habrá una modificación en el régimen jubilatorio, pero desde el kirchnerismo desconfían

Controversia y "palabras al viento"

Visto desde la percepción del kirchnerismo, esos puntos débiles que señalan los economistas son un motivo de orgullo, porque representan la "inclusión social". De hecho, entre los principales puntos que Cristina Kirchner destaca de la "década ganada" figura el agregado de tres millones de nuevos jubilados al sistema.

Hoy, cuando la nómina supera los siete millones de beneficiarios -entre jubilados y pensionados-, desde el kirchnerismo se sigue manteniendo un rechazo a cualquier propuesta de extensión de la edad de retiro, incluso cuando se produzca de manera voluntaria. El argumento es que habría una diferencia de retribuciones grande entre quien se jubile a la edad reglamentaria y quien lo haga más tarde, en lo que en realidad será una manera encubierta de inducir a extender la vida laboral.

Y en cuanto a los regímenes especiales, se advierte sobre la posible pérdida de derechos adquiridos por grupos específicos de trabajadores que han logrado un trato especial, como el caso de los docentes.

Pero, sobre todo, el temor que se está agitando por estas horas es que las jubilaciones vuelvan a ser en 2022 la variable del ajuste, tal como ya lo fueron en los primeros dos años de la gestión Fernández.

A pesar de que la Anses -curiosamente, bajo la dirección de la kirchnerista Fernanda Raverta- suele publicitar que en 2021 las jubilaciones le ganaron a la inflación, el año pasado fue de pérdida de poder adquisitivo. Porque, si bien es cierto que la franja inferior de los jubilados, en la medición "punta a punta" tuvieron un incremento de 0,8% sobre la inflación, cuando se hace la medición promedio -que es la que verdaderamente refleja la variación del poder de compra- hay una caída importante.

Según Rafael Rofman, director del Programa de Protección Social del Cippec, esa caída equivalió el año pasado a dos puntos del PBI.

En tanto, un informe de la Fundación Mediterránea, estimó que, calculado en moneda constante, hubo un ajuste de $234.000 millones de la masa jubilatoria entre 2019 y 2021.

Por su parte, Idesa calculó que, antes del último incremento, los jubilados habían tenido un aumento en el año de 38%, ante una inflación que trepaba al 52%. Eso implicaba una caída real del 10% en un año.

Por más que desde el Gobierno se intentó negar esa situación, fue desde la propia interna del Frente de Todos que se hizo la denuncia más dura, cuando dirigentes del kirchnerismo denunciaron que Guzmán había privilegiado la austeridad fiscal a costa de una caída en el ingreso de los jubilados.

Nadie lo expresó más gráficamente que Fernanda Vallejos, la díscola ex diputada, quien en sus recordados audios de Whatsapp tras la derrota electoral del oficialismo, calificó la nueva fórmula indexatoria introducida en diciembre de 2020 como "esa reforma de mierda que nos hicieron votar".

Y, no por casualidad, fue nuevamente Vallejos una de las mayores críticas a la negociación que lleva adelante Guzmán, cuando se conoció la noticia de que el tema jubilaciones aparecería en la letra chica del acuerdo con el FMI.

Según Vallejos, no hay diferencias entre lo que plantea Guzmán y lo que hace cuatro años había planteado Macri. Y advirtió que las aclaraciones del ministro sobre lo acotado de la reforma a las jubilaciones de privilegio son "palabras que se lleva el viento" que no reflejan lo que aparece escrito en el borrador.

"En la letra del memorándum dice textualmente ‘regímenes especiales’, en general. Si no hay una aclaración específica en el texto que se pretende legalizar, son, en el mejor de los casos, expresiones de deseo que no respetaría, por ejemplo, un gobierno de derecha", escribió en las redes sociales la controvertida economista, a quien todos prestan atención porque sus posturas suelen reflejar las opiniones de Cristina Kirchner.

Tras dos años de pérdida de poder adquisitivo, en 2022 las jubilaciones podrían recuperarse -y hacer más difícil la reducción del déficit fiscal-.

¿Variable de ajuste o factor de déficit?

Lo cierto es que una consecuencia directa de esta filtración es el hecho de que las jubilaciones volvieron al centro del debate. Ahora ya no sólo se discutirá el tema tarifario, sino que el kirchnerismo pedirá garantías respecto de que no se apele al sistema de seguridad social como variable de un ajuste.

Hasta ahora, no hay un consenso respecto de qué ocurriría con el ingreso de los jubilados si, como prevé la mayoría de los economistas, ocurriera una inflación de 55%.

Hay quienes creen que, como ya ocurrió anteriormente, esa alta inflación será la forma de "licuar" en términos del PBI tanto las jubilaciones como los salarios de empleados públicos.

Tanto es así que hay economistas que señalan que Guzmán tiene un fuerte desincentivo para hacer caer la inflación. Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, le puso números a la táctica del ministro "Con dos tercios del gasto primario indexado, cada 5 puntos de merma en la inflación dispara un aumento de erogaciones de 0,3 puntos del PBI".

Esto implica que si se cumpliera la meta oficial de bajar la inflación hasta el rango de 40%, eso le agregaría al ministro una presión fiscal extra de 0,7 puntos, una cifra enorme si se tiene en cuenta que Guzmán celebró públicamente que el FMI sólo le había exigido un recorte fiscal de medio punto.

Hasta ahora, la pérdida salarial ha sido explicada por el efecto del nuevo esquema indexatorio. Como ya han explicado los analistas, se trata de una fórmula "pro-cíclica" porque hace depender el nivel de pagos de lo que se recaude a nivel fiscal y de la recuperación del salario, a diferencia de la anterior, que estaba más ligada a la inflación.

Esto significa que si el año es bueno, entonces podrá haber una recuperación real de jubilaciones, pero si los números no son buenos, entonces los pagos evolucionarán por debajo de la inflación.

Pero hay quienes prevén que, tras dos años de pérdida, el 2022 podría ser el punto de inflexión que beneficie a los jubilados -y que haga más difícil la financiación del déficit fiscal-. Rofman, de Cippec, plantea que las jubilaciones podrían tener un incremento real de 5%, si la inflación se mantuviera en torno de 50% y la recaudación creciera a un 5% real.

Y advierte que, si la inflación cayera al entorno de 40% -el que se fijó el Gobierno como meta- entonces las jubilaciones podrían crecer en términos reales hasta un 40% en un lapso de cuatro años.

"Esto implica que, con las reglas actuales, las reducciones esperadas en el déficit no vendrán del sistema previsional y que este generará presiones adicionales, difíciles de financiar (en caso de una baja de la inflación, tal vez insostenibles)", agrega el experto.

Esas cifras son las que en este momento están sobre la mesa de negociación con el FMI, y que generan la preocupación sobre la factibilidad de financiación del sistema.

En todo caso, lo que queda claro es que cualquier "revisión" que se incluya en el acuerdo con el organismo no tendrá como objetivo un incremento del gasto jubilatorio en términos de PBI sino su recorte. Es lo que percibe el kirchnerismo, que cada vez parece más cerca de adoptar una postura de voto contrario al acuerdo que de acompañar la tesitura oficialista.