Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola darán a conocer este lunes el pedido de penas para los acusados, entre ellos la vicepresidenta Cristina Kirchner, por presuntas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El tramo final de la novena y última jornada de alegato tiene previsto resumir de manera compactada lo que ambos representantes del Ministerio Público desgranaron en las oportunidades anteriores, realizar una evaluación político-judicial  y culminará con el pedido de penas, que se insinúa particularmente alto en el caso de los principales imputados.

Voceros del Tribunal Oral Federal que lleva adelante el debate estimaron que por la forma en que está estructurada la audiencia de hoy, el pedido de penas podría conocerse en torno a las 18.

Después de los alegatos  de la acusación comenzará la ronda de las defensas, cuyo organigrama no está aun definitivamente establecido.

Si bien la disposición original indicaba que los abogados defensores alegarían por orden alfabético, ese esquema puede alterarse por pedido de las parte y con la autorización del tribunal.

Causa Vialidad: cómo sigue al juicio que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada

Luciani y Mola señalaron el viernes en su octava audiencia de alegatos que a su criterio está probado que la vicepresidenta cometió dos delitos.

El fiscal Luciani finaliza hoy su alegato y se espera un duro pedido de prisión para Cristina Kirchner

Uno de ellos es ser jefa de una asociación ilícita que desde su gobierno y el de Néstor Kirchner planeó un armado ilegal para que el empresario Lázaro Báez reciba obra pública en Santa Cruz por 12 años.

El otro, fraude en perjuicio de administración pública. De esta manera, la Fiscalía pedirá una pena que puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito.

Cuándo serán los alegatos de las defensas

Los alegatos de las defensas no comenzarán esta semana: cuando finalice la exposición de los fiscales, el tribunal dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (todavía no está definido, pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados puedan terminar de pulir sus ponencias en el marco del debate final.

Si bien no se descarta que la Fiscalía pueda pedir alguna audiencia más, hasta última hora del viernes eso no había ocurrido y por el contenido de la exposición de ese día (los fiscales repasaron la supuesta responsabilidad de algunos imputados y los tipos de delitos que dicen haber probado) se espera que este lunes concluya el alegato, como estaba previsto.

"Se establece un límite máximo de 9 jornadas de alegato para la Fiscalía de Juicio y de tres audiencias de alegato para cada una de las partes restantes. Nuevamente con el objeto de asegurar la mayor previsibilidad, se informa que para los alegatos de las defensas se establece un orden alfabético, sucesivo y continuo", había advertido el tribunal a las partes en junio pasado.

De imponerse ese criterio, las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la Vicepresidenta llegaría recién en el sexto lugar, según el orden alfabético de los imputados.

La Fiscalía pedirá una pena que puede ir de los 7 a los 16 años de prisión, sumando los mínimos y los máximos de cada delito

Sin embargo, ese esquema podría alterarse, ya que hubo abogados que plantearon la necesidad de modificar el orden, aunque los cambios eventuales se anunciarían recién cuando concluya el alegato del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a lo que informó Télam.

Quiénes son los otros imputados en la causa

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.

De Vido, López y Periotti fueron acusados de ser los supuestos organizadores de una asociación ilícita para beneficiar a empresas de Báez y a través de maniobras que habrían perjudicado las arcas del Estado.

Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la Fiscalía sostuvo que "no hay pruebas sobre algún aporte o participación" en la supuesta asociación ilícita y que "no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva".

Entre los imputados también están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los exresponsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda.

Además, también se encuentran los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

Julio De Vido es otro de los acusados en la causa Vialidad

Qué plantearon los fiscales

A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la presidencia.

A la vez, aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no solo no las evitaron ni controlaron, sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados, sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades. A la vez, plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a proponer conclusiones equivocadas.