Alberto enfrenta una tormenta legal por la coparticipación: ¿puede prosperar un juicio político en su contra?
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Con la decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema que ordenó devolver fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández quedó frente a una tormenta de denuncias penales y al menos dos pedidos de juicio político que diputados Juntos por el Cambio presentarán la semana entrante en el Congreso, con la idea de subir la presión pública sobre el Gobierno.
Si se observa la conformación de la Cámara de Diputados, las chances de que avance un planteo de este tipo contra Fernández son bajas, pero la presentación intenta reforzar la idea de que el mandatario "quebró el orden institucional" con el envión que le dan el rechazo de las cámaras empresariales a la decisión presidencial y las denuncias penales como la que presentó Elisa Carrió.
El anuncio sin precedentes de Alberto Fernández tiene el respaldo de 14 gobernadores y también de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien se espera que hable sobre el tema en el acto del que participará el martes próximo en Avellaneda.
Mientras ella esté preparándose para su primera aparición pública luego de la sentencia en la causa "Vialidad" y en medio del grave choque de poderes que también la involucra, en la Cámara de Diputados estará ingresando un pedido formal de juicio político contra el Presidente por "incumplimiento de los deberes de funcionarios público" impulsao por el bloque radical.
La presentación se concretará el lunes por la tarde o el martes por la mañana, según adelantaron fuentes de ese bloque a iProfesional, y se le sumará otra que realizará el diputado del PRO, Pablo Tonelli, contra el Presidente y contra el jefe de Gabinete, Juan Manzur. En el partido amarillo también esperan señales del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para coordinar con él su estrategia parlamentaria.
¿Puede prosperar un juicio político contra Alberto Fernández?
La Constitución Nacional establece que el juicio político rige para el presidente, el vicepresidente, el jefe de Gabinete, los ministros y los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el encargado de llevarlo a cabo es el Congreso y que su único objeto es la destitución del funcionario o su inhabilitación para ejercer cargos públicos. No determina responsabilidades penales, solo políticas.
La Cámara de Diputados es la encargada de acusar formalmente al funcionario, lo cual debe ser aprobado con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. Previamente, el pedido de juicio político debe ser tratado en la Comisión de Juicio Político, que actualmente preside Carolina Gaillard (Frente de Todos), secundada por Juan Manuel López (Coalición Cívica).
Con 116 diputados, Juntos por el Cambio no alcanzaría los dos tercios si estuvieran presentes los 257 miembros de la Cámara baja ni siquiera con el apoyo de otras bancadas opositoras como el Interbloque Federal o el sector de los liberales que encabezan Javier Milei y José Luis Espert.
De máxima, podría forzar la apertura de la Comisión de Juicio Político, aunque el oficialismo tiene allí un diputado más que la oposición y puede, con todos sus miembros alineados, rechazar cualquier planteo.
Si la acusación fuera aprobada en Diputados el procedimiento seguiría en el Senado, que se encarga de juzgar al funcionario en cuestión y, también con una mayoría de dos tercios, decide si destituye o absuelve al acusado. Cuando el juicio sea contra el Presidente de la Nación, el Senado tendrá que ser presidido por el titular de la Corte Suprema.
Los primeros pasos de la oposición y el alineamiento PRO con Larreta
En esta situación puntual, si el juicio político prosperara lo más sobresaliente de la escena sería que Cristina Kirchner tendría que dejarle su lugar a Horacio Rosatti, el principal destinatario de las críticas del kirchnerismo por la seguidilla de fallos adversos para el oficialismo que viene sacando la Corte.
De cualquier modo, las posibilidades de que Fernández sea sometido a juicio político son mínimas. En principio, eso solo se daría si el oficialismo decidiera sorpresivamente permitir que avance el trámite, algo que no está en el horizonte debido a que, en este caso, el sector kirchnerista y el Presidente parecen jugar para el mismo lado: contra la Corte.
La idea del bloque radical que encabeza Mario Negri es subir la presión que el Gobierno empezó a tener en las horas posteriores a la decisión que tomó el Presidente junto a 14 gobernadores, furiosos por el fallo que ordenó devolver a la Ciudad y al gobierno de Larreta el 2,95% de la masa de fondos coparticipables que corresponden a la Nación, tras la quita de 2020.
En tanto, el diputado del PRO Tonelli presentará otro pedido de juicio político contra Fernández y un proyecto de interpelación a Manzur, algo que le pidió la presidenta del partido, Patricia Bullrich, según adelantaron a iProfesional fuentes del bloque.
De todos modos, el PRO se mantiene en estado de deliberación. "Hay que ver que hace Horacio. Lo que hagamos debería ser coordinado", comentan algunos diputados.
De esta manera, empieza a verse que la decisión del Presidente también generó un alineamiento detrás del jefe de Gobierno, que ya está anotado en la carrera por la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio para 2023. Larreta ya anunció que volverá a la Corte y que denunciará "a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo".
La denuncia de Elisa Carrió
La Coalición Cívica que lidera Carrió fue el primer sector de Juntos por el Cambio en accionar contra Alberto Fernández, a través de una denuncia penal que la líder del espacio presentó junto a los diputados nacionales de su bloque.
La denuncia es por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por la decisión de no acatar el fallo de la Corte, aunque no alcanza solo al Presidente.
En el escrito, Carrió apuntó también al ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, al jefe de Gabinete, Juan Manzur, y al ministro de Economía Sergio Massa, a los que considera como funcionarios responsables del cumplimiento de la cautelar que dictó el máximo tribunal a favor de la Ciudad.
La denuncia lleva las firmas del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque; Juan Manuel López y las diputadas nacionales Paula Oliveto y Mariana Zuvic, entre otros.
En la Cámara de Diputados, el interbloque también analiza denunciar penalmente al procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, quien dirige el cuerpo de abogados del Estado nacional.
Por su parte, el partido Republicanos Unidos presentó otra denuncia a través del legislador porteño Roberto García Moritán y el dirigente Yamil Santoro contra el Presidente por el delito de "sedición".