Lejos de las críticas y el descrédito a la Corte Suprema con la decisión de no acatar el fallo sobre la coparticipación, en el fragmento de una entrevista en el programa "Desde el llano" (TN) hace tres años atrás, puede verse al persidente Alberto Fernández esbozar una opinión totalmente contraria a la que tiene hoy sobre la Corte Suprema.

En el video, se muestra al Presidente diciendo: "La Corte tiene cinco jueces dignos". Y luego añade: "A mi me puede gustar más o menos como Rosenkrantz resuelve, pero la verdad es un hombre con antecedentes académicos absolutamente incontrastables".

Más adelante, termina su respuesta con la siguiente afirmación:  "Nada hay que hacer con la Corte, absolutamente nada. Hay que dejar que la Corte funcione".

Coparticipación: por qué el Gobierno no acatará el fallo

El Gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte Suprema que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que "es de imposible cumplimiento" y "tiene una mirada unitaria" de la Argentina.

"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento", señala un comunicado firmado por el presidente Alberto Fernández y 14 gobernadores con los que se reunió este mediodía en la Casa Rosada para fijar postura sobre el fallo de la Corte que obliga a la Nación a entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

Además, el texto oficial precisa: "El presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis' de la resolución cautelar dictada".

El documento conjunto se dio a conocer seis horas después haber finalizado la reunión en la Casa de Gobierno, la cual contó con contó la presencia de 10 mandatarios provinciales y cuatro de manera virtual.

En tanto, el escrito aclara que los gobernadores "instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación 'in extremis' de la misma".

Criticas a la Corte

Respecto al fallo, consideraron que la Corte sostiene, de manera "insólita", que "transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas", y retrucaron: "Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación".

"En un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad", concluyeron.

El oficialismo sostiene que se trata de "un fallo político, de cara al año electoral"

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se expresó a través de las redes sociales: "Luego de reunirnos con el Presidente de Nación, Alberto Fernández, las y los Gobernadores coincidimos en que el fallo de la Corte Suprema tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional".

En un posteo realizado en su cuenta de Twitter, Melella afirmó que el fallo del máximo tribunal de Justicia es "un golpe al federalismo para beneficiar políticamente a la Ciudad de Buenos Aires, en especial a su Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) en desmedro de todas las provincias argentinas".

"Es claro que suspender la aplicación de una ley del Congreso y ordenar a la Nación a otorgar el equivalente a 2,95% de fondos coparticipables, ha sido una decisión para beneficiar a Larreta y perjudicar a las provincias y a la Nación", apuntó.

También se expresó a través de las redes sociales Sergio Ziliotto: "Defender el Federalismo es Defender La Pampa. Como siempre lo hicimos, como siempre lo haremos".

Larreta denunciará a los funcionarios que no acaten la orden judicial

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este viernes que Alberto Fernández "quiere quebrar el orden constitucional", luego de que el Poder Ejecutivo Nacional anunciara que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de coparticipación que el Presidente le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.

Larreta aseguró que la decisión del mandatario nacional es de "altísima gravedad institucional" que "pone en riesgo las bases de nuestra democracia".

"El Presidente de la Nación tomó la decisión de no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia y decidió presentar una recusación contra todos los jueces de la Corte para evitar que participen del proceso. Esto no es en contra de la Ciudad: es en contra de la Constitución Nacional, de la seguridad jurídica en nuestro país, es en contra de cualquier posibilidad de desarrollo", sostuvo el mandatario porteño.

En declaraciones a la prensa desde la sede del Ejecutivo de la Ciudad, el referente del PRO alertó que el desacato de la Nación es un acto de "altísima gravedad institucional que pone en riesgo las bases de la democracia".

¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia?, cuestionó Larreta 

El jefe de Gobierno porteño brindó una conferencia de prensa en la sede de la administración porteña de la calle Uspallata donde criticó a la Nación

"¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley? Esto supera todos los límites imaginables", cuestionó Rodríguez Larreta.  

Y añadió: "El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte".  

Además, anticipó que presentará una denuncia contra los funcionarios que no acaten la orden judicial del máximo tribunal.