Entró al Congreso el proyecto de juicio político contra la Corte Suprema
Diputados del bloque del Frente de Todos (FdT) presentaron formalmente este viernes el proyecto que propone iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, que el Poder Ejecutivo incluyó en la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.
La iniciativa, presentada por el diputado Eduardo Valdés consta de 410 páginas, propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti -su presidente-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, para que se presenten ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación. Los magistrados no están obligados a asistir.
Además, se requiere la presentación de Silvio Robles, vocero del juez Rosatti y de Marcelo D’Alessandro (ex ministro de Justicia y Seguridad del gobierno porteño).
El kirchnerismo intenta demostrar, a partir de supuestos chats obtenidos en una operación de espionaje ilegal, que hay connivencia política entre la Corte y el gobierno porteño.
Además, el documento pide que se convoque a los gobernadores que suscribieron, junto al presidente Alberto Fernández, el pedido de enjuiciamiento a la Corte. También la presentación de procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, entre otros.
El proyecto pide también que sean citados "todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o pudieran aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados". En total son 48 testigos.
Entró el proyecto de juicio político contra la Corte: fundamentos
Entre los fundamentos, la iniciativa sostiene que "el juicio político que se promueve resulta ser un proceso constitucional llevado a cabo por un órgano constitucional (el Congreso de la Nación) con una función específica y exclusiva, tal como es la de analizar la responsabilidad política de los magistrados acusados y juzgar si aún mantienen la idoneidad necesaria para continuar ejerciendo adecuadamente el cargo que detentan, y de esta forma garantizar la calidad institucional, la legitimidad y credibilidad del Poder Judicial".
Finalmente, el proyecto afirma que "el proceso que se promueve tiene por finalidad proteger el principio constitucional de idoneidad –tanto técnica como ética– de los magistrados en el desempeño de su cargo, característica que debe permanecer durante todo su ejercicio y que, como tal, y atento a las causales admitidas, abarca no sólo los supuestos de mal desempeño en el ejercicio de la función, sino también aquellos desórdenes de conducta que afectan la investidura personal del magistrado y extienden la afectación a toda la magistratura judicial".
El proyecto podría ser tratado durante el período de sesiones extraordinarias que se extenderá del 23 de enero al 28 de febrero, según el Decreto 17/2023.