Juicio político: el oficialismo da un paso clave en su embestida a la Corte, pero sacrifica las leyes económicas
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El avance del oficialismo con el juicio político a la Corte Suprema mediante la aprobación de la admisibilidad es un elemento clave de su estrategia para desgastar a los jueces del máximo tribunal, pero a la vez lo aleja un poco más de la posibilidad de aprobar en la Cámara de Diputados los proyectos económicos que el Gobierno envió para las sesiones extraordinarias.
La aprobación del informe de admisibilidad implica que se abre el sumario de investigación y se inicia la etapa de producción de pruebas contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, a quienes el Frente de Todos acusa, bajo la figura del "mal desempeño", de fallar sucesivamente con motivación política contra el Gobierno y jugar en tándem con la oposición.
El Frente de Todos dio ese paso en la Comisión de Juicio Político este jueves gracias a su mayoría de 16 miembros sobre 31 luego de una fuerte discusión con Juntos por el Cambio, que presentó un rechazo "in limine" a los expedientes contra los jueces y acusó al oficialismo de declarar "la guerra contra la Constitución" y hacer un "daño a la democracia".
De esta manera, la bancada oficialista logró uno de los objetivos que se trazó para la sesiones extraordinarias a riesgo de sacrificar otro: el de vencer el virtual bloqueo que le impone Juntos por el Cambio con su negativa a dar quórum mientras avance el juicio político y celebrar al menos una sesión para tratar proyectos como la moratoria previsional y el monotributo tech.
Y es por estos días el Frente de Todos intenta acordar con otros bloques minoritarios para reunir el quórum y poder sesionar la semana próxima. Sin embargo, hasta ahora no alcanza las 129 presencias requeridas según deslizaron fuentes parlamentarias a iProfesional y el nuevo paso en la comisión, que le permite entre otras cosas empezar a citar testigos, aleja la posibilidad de que Juntos por el Cambio revise su postura.
Juicio político vs leyes económicas: ¿podrá sesionar el oficialismo?
El Congreso sufre una parálisis legislativa, por lo menos, desde noviembre. La peor situación se da en Diputados. El Frente de Todos responsabiliza a Juntos por el Cambio por no dar quórum a ningún debate y la principal bancada opositora acusa al oficialismo de generar este parate con su insistencia en una agenda que, a su criterio, intenta "disciplinar a la Justicia" para buscar "la impunidad" de la vicepresidenta Cristina Kirchner en sus causas.
Fuentes del interbloque opositor deslizaron a este medio que en las últimas semanas algunos de sus legisladores propusieron puertas adentro suavizar su postura para que la Cámara de Diputados pueda volver a aprobar proyectos y leyes en el recinto. Sin embargo, con el nuevo avance sobre el juicio político esta posibilidad pierde terreno.
En este contexto, hay un debate interno en Juntos por el Cambio pero la postura mayoritaria hasta ahora es ir a las comisiones, discutir los proyectos, pero dejar que el oficialismo consiga el quórum sin la ayuda de la principal bancada opositora al menos hasta que empiece el período de sesiones ordinarias el 1 de marzo.
El Frente de Todos empezó ya en enero a buscar la forma de vencer esa resistencia. Intentó convencer a algunos de sus pares de Juntos por el Cambio, sin éxito. Con sus 117 diputados (sin contar a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau), necesita asistencia perfecta y el apoyo de los 4 legisladores de la Izquierda, los 4 de Provincias Unidas y los 2 diputados del bloque SER y del MPN, que suelen acompañarlos. Pero aun así no llegaría.
Por eso busca el apoyo del Interbloque Federal, la bancada de 8 diputados cuyos principales referentes son Graciela Camaño y Alejandro "Topo" Rodríguez con el fin de sesionar la semana próxima. Necesitaría que se sienten en el recinto al menos la mitad de ellos, si cuentan con todos los otros apoyos.
Camaño le envió una señal positiva al oficialismo semanas atrás, al asegurar que ella no quiere "paralizar el Congreso en el contexto adverso" que tiene el país. Sin embargo, luego trascendió que los federales piden, para colaborar con el quórum, que haya un mínimo acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
¿Cuáles son los proyectos económicos en juego?
El interés de la bancada del Frente de Todos es poder avanzar con al menos una o dos de la veintena de iniciativas que el presidente Alberto Fernández incluyó en el temario para las sesiones extraordinarias que finalizan el 28 de febrero. La prioridad es el nuevo plan de pagos para personas en edad jubilatoria y pre jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aportes. Hay una fuerte insistencia de los diputados y del Ejecutivo por este tema, bajo la advertencia de que unas 800.000 personas quedarían afuera del sistema previsional. Juntos por el Cambio lo rechaza y eso complica más sus chances.
Además, esta semana el oficialismo le dio dictamen al proyecto que establece un nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, también conocido como "Mono-Tech" o "monotributo tech", que apunta a los profesionales que exportan sus servicios basados principalmente en el conocimiento -incluidos los "gamers"- al exterior con el fin de que puedan cobrar en dólares con un tope anual de hasta u$s30.000 y pagar al fisco mediante un esquema de escalas diferenciadas.
La principal bancada opositora también tiene reparos sobre este tema por considerar que no es exactamente una reforma sino simplemente un nuevo "tipo de cambio diferencial" para un sector puntual.
En el temario de las extraordinarias también figura el proyecto de Fomento del Desarrollo Agroindustrial que apunta, a grandes rasgos, a la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética en la cadena productiva del sector con el fin de exportar más valor agregado y potenciar así las ventas al exterior.
Otro de los temas, impulsado con especial interés por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, es el proyecto de ley de "exteriorización del ahorro argentino" que propone un nuevo blanqueo de capitales no declarados apalancado en el nuevo acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos.
¿Por qué la admisibilidad del juicio político es un paso clave?
Entre las atribuciones de la Comisión de Juicio Político está la de pedir informes, realizar inspecciones, solicitar a los jueces expedientes judiciales e incluso órdenes de allanamiento o de secuestro de cosas. Todo ello, sumado a la posibilidad de citar a testigos y reunir testimonios, forma parte del proceso de producción de pruebas.
Al aprobar la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político, el oficialismo abrió la puerta a ese proceso que constituye el corazón de su estrategia contra la Corte: que la comisión pida documentos y empiece a citar testigos, entre los que estarían todos los empleados del máximo tribunal y, finalmente, los propios jueces.
La intención del oficialismo, que sabe que le será casi imposible reunir en el recinto la mayoría de dos tercios para aprobar el inicio efectivo del juicio político que podría llevar a la destitución de los magistrados, es exponer a los magistrados y generarles una suerte de desgaste.
La idea es remarcar una tesis que varias veces subrayó Cristina Kirchner: que el accionar del máximo tribunal en los últimos cuatro años tiene supuestas motivaciones políticas contra el peronismo pero también afecta la vida cotidiana con fallos como el que anuló la declaración de los servicios de internet y TV por cable como servicio público, que hubiese limitado los aumentos.
En ese contexto, el Frente de Todos busca un desfile de testigos que también incluirá a dirigentes de Juntos por el Cambio como el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, por sus supuestas conversaciones por chat con un colaborador de Rosatti, Silvio Robles.
Y es que la confrontación con la oposición y en especial con uno de sus principales candidatos presidenciales como es el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también forma parte del proceso que el Frente de Todos quiere llevar adelante en la Comisión de Juicio Político.