El trascendido sobre la intención del Gobierno de desactivar la Ley de Alquileres generó una expectativa que sobrepasó en cuestión de horas las alternativas políticas para ofrecer una solución a los problemas que se dan en ese mercado, lo cual llevó a varios actores del Congreso y del Gobierno a preguntarse por el origen del rumor que hasta ahora solo provocó incertidumbre en inquilinos e inmobiliarias.

El Ministerio de Economía que encabeza Sergio Massa está evaluando tomar medidas sobre el tema de los alquileres ante la disparada de los precios que el sector inmobiliario atribuye a la ley 27.551 sancionada en 2020 y que otros sectores, entre ellos las agrupaciones de inquilinos, asocian al efecto lógico de la inflación descontrolada que ya superó el 100% anual.

Así lo indicaron fuentes del oficialismo consultadas por iProfesional aunque aclararon que "al momento no hay nada suspendido" ni tampoco algo definido entre el Ministerio de Economía y la Cámara de Diputados respecto del camino legal que tomará el asunto ni del plazo. "Lo raro de todo esto es que el rumor no salió de Economía ni de Diputados", deslizó una de las fuentes consultadas.

En ese sentido, en el Frente de Todos varios estiman que la filtración fue en Presidencia, luego del encuentro que mantuvieron el pasado lunes el presidente Alberto Fernández y Massa. El trascendido generó cierto malestar porque volvió a poner presión sobre un problema que, a pesar de la crisis del sector, estaba "planchado" desde que oficialismo y oposición presentaron dos proyecto de reforma irreconciliables entre sí, sin que nadie tenga mayoría para avanzar.

Ley de Alquileres: ¿suspensión, derogación o nueva ley?

Como contó iProfesional, la alternativa más firme hoy es la de la suspensión de la ley, algo distinto de la derogación, que podría generar planteos de inconstitucionalidad contra el Gobierno. Uno de los trascendidos es que Massa optaría por un decreto para suspender el marco normativo y pediría al Congreso trabajar en una nueva.

Sin embargo, aquí empieza la incertidumbre política. "Economía lo está analizando al tema, pero no hay nada en concreto aún por el lado de la Cámara de Diputados, sigue todo como estaba", deslizó una fuente parlamentaria a iProfesional.

Los trascendidos generaron una expectativa difícil de contener políticamente y también incertidumbre en el mercado

Esto implica varios problemas para la intención de apurar una solución. Por un lado, hay más de 30 proyectos en la Cámara baja y dos de ellos tienen dictamen, uno de Juntos por el Cambio y otros espacios opositores que perdió el consenso que había logrado el año pasado, y otro del Frente de Todos. Ninguno tiene hoy una mayoría clara para avanzar.

El proyecto que impulsó el bloque de diputados del Frente de Todos no toca el marco normativo cuestionado por las inmobiliarias, que contempla contratos de 3 años y ajustes anuales determinados por la combinación de la inflación y el índice de variación salarial (RIPTE).

Son los mismos puntos que Massa busca modificar desde el año pasado, cuando pidió a los diputados del propio oficialismo y de la oposición que trabajaran en una reforma de consenso que nunca se logró. El tema quedó trabado.

La expectativa versus los límites políticos

Esto complica la posibilidad de que el Ministerio de Economía pida al Congreso trabajar en una nueva ley e incluso dificulta el avance de una iniciativa propia, algo que tendría que ser conversado y analizado sí o sí con la bancada oficialista.

En tanto, si solo se avanzara con una suspensión del marco normativo vigente, los nuevos contratos de alquiler quedarían librados a lo que puedan acordar inmobiliarias e inquilinos, con todos los problemas que ello pueda generar.

Es probable que, de surgir un proyecto alternativo desde el Ministerio de Economía se reabra la discusión interna en el oficialismo, donde nunca hubo una postura común frente a los cambios que habría que efectuar sobre la ley vigente.

La posible suspensión de la ley obligaría a reabrir la discusión en el oficialismo sobe la reforma

A ello se le suma que la sola posibilidad de reabrir el debate ya generó críticas a Massa por parte de entidades como Inquilinos Agrupados, cercana al kirchnerismo. Este sector defiende la ley actual con el argumento de que la combinación del índice de precios y de variación salarial mantiene los ajustes anuales apenas por debajo de la inflación, a pesar de que los precios de base son los que vienen aumentando a un ritmo difícil de soportar.

Mientras tanto, el proyecto de Juntos por el Cambio propone volver a los contratos de 2 años que se usaban antes de la ley, con ajustes que pueden ser anuales o semestrales según acuerden las partes y cuyo porcentaje tampoco estaría regulado por la ley.

En la bancada opositora ya hubo diputados como el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, que advirtieron que cualquier cambio debería pasar por el Congreso pero también pusieron por delante su iniciativa. "Esperemos que sea cierto que el Gobierno aceptará cambiar la ley de Alquileres, que tiene dictamen hace un año y el oficialismo mantiene pisada", señaló el radical.