En los próximos días será puesto en discusión en el Concejo Deliberante de Pilar el proyecto del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de Pilar (COUTP), un cuerpo normativo de 123 páginas, 218 artículos y 9 anexos que fue elaborado durante el último año y medio por el municipio.

El intendente Federico Achával, con asistencia técnica de la Subsecretaría de Territorio de la Provincia de Buenos Aires y financiamiento del Consejo Federal de Inversiones, presentó en asalmblea legislativa el proyecto que surgió tras la creación, en 2022, de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda y del Registro de Suelo Urbano por parte del gobernador Axel Kicillof con la misión de "ordenar el suelo bonaerense, coordinar las áreas que trabajan en esta temática y llevar respuestas a miles de familias de todos los municipios".

De ser aprobada (el Frente de Todos cuenta con mayoría en el Concejo Deliberante), reemplazará al código actual que está vigente desde 2018 y fue elaborado por el ex intendente macrista Nicolás Ducoté y la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. La audiencia pública contó con una concurrencia de alrededor de 180 personas y un poco más de 50 oradores.

La oposicón criticó el proyecto

Desde la oposición, la concejal de Juntos por el Cambio, Adriana Cáceres asegura que el "Frente de Todos quiere imponer un delirante Código de Ordenamiento Territorial que le permite, entre otras cosas, expropiar y regalar tierras".

"Antes fomentaban las usurpaciones, ahora las legalizan. Pareciera un código escrito por Grabois, pero fue diseñado por Kicillof", enfatizó la concejala, quien en su cuenta de Instagram elaboró un resumen de los puntos más preocupantes del proyecto oficialista.

"El Estado dispone sobre la propiedad privada. Se obliga a los propietarios a hacer uso del suelo. Es decir, a vender, parcelar o construir en sus propiedades, caso contrario se pueden expropiar", aseguró Cáceres.

"Frente de Todos quiere imponer un delirante Código de Ordenamiento Territorial", rechazó la oposición

 

Además, cuestionó la creación del Banco de Tierras Municipal, que "contabiliza y dispone sobre los inmuebles vacantes y baldíos en la órbita municipal, así como los inmuebles expropiados, los terrenos fiscales, etc. para distribuirlos a beneficiarios de planes de hábitat".

De aprobarse la iniciativa kirchnerista, la concejal dijo que los dueños de Pilar estarán "obligados a construir, sino pasado los 3 años aumentan las tasas un 50% y tras 5 años te pueden expropiar". Llegado a este extremo, esos inmuebles "se entregarían a personas o entidades inscriptas en el Registro Municipal de Demanda Habitacional".

"El lunes previo a Semana Santa entró el proyecto a rendición de cuentas, que son casi 8 mil hojas. Los concejales tuvimos solo tres días hábiles para leerlo y nos encontramos con que el Viernes Santo el municipio convocó a una audiencia pública para exponer el tema el lunes siguiente, cuando por ley se requiere una antelación no menor a 30 días", precisó el concejal Sebastián Neuspiller de Juntos por el Cambio.

"Mas allá de una asamblea convocada sin antelación, no hubo participación, no hubo consulta y mucho menos un dictamen favorable y fundado del Consejo Asesor Urbano Ambiental, que en la nueva gestión del intendente Achával nunca tuvo funcionamiento", se quejó Neuspiller.

Sin embargo, los concejales opositores denunciaron que el Intendente de Pilar en coordinación con la Provincia proponen un nuevo código que realiza modificaciones que "no tienen un sustento en las problemáticas reales en materia urbana".

"El código vigente data de 2018 y fue presentado, discutido y aprobado de acuerdo con los mecanismos correspondientes y atendiendo a las necesidades de los distintos actores: vecinos, comerciantes, industriales y desarrolladores. Toda idea en esta materia debe tener en cuenta el diseño de una estructura urbana que considere las principales problemáticas: cuidado del medio ambiente, seguridad, movilidad, desarrollo. Nada de esto fue presentado en la audiencia realizada la semana pasada", indicó Neuspiller, quien aseguró que "el 90% de los vecinos y empresarios se mostraron en contra del proyecto".