Ley de Alquileres: plan opositor para empujar la derogación ante la indefinición del Gobierno
Tras las idas y vueltas que hubo en el Gobierno respecto del futuro de la Ley de Alquileres y la incertidumbre que eso generó en el mercado, la oposición intenta retomar la iniciativa en el Congreso para presionar sobre la derogación de la norma, con el fin de retrotraer el marco legal hasta lograr uno nuevo nuevo.
La primera muestra se dio en la sesión que tuvo lugar el miércoles en la Cámara de Diputados, donde Juntos por el Cambio pidió sumar al temario un proyecto presentado por Hernán Lombadi y otros legisladores del PRO que plantea la derogación de la ley 27.551.
"La ley tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, pero es evidente que no funcionó y no podemos hacer oídos sordos", afirmó Lombardi en el recinto. A su turno, el radical Martín Tetaz subrayó que "la versión que circuló de una intención del Ejecutivo de suspender o derogar, además de ir en contra de la Constitución, generó una parálisis en el mercado".
Para meter el proyecto de derogación, que no figuraba en el temario del día, se necesitaba la aprobación de las tres cuartas partes de los diputados presentes, pero el Frente de Todos rechazó el planteo y el intento de la oposición se frustró. No fue sorpresivo, porque la idea de Juntos por el Cambio era simplemente instalar el debate de cara a las próximas semanas.
Ley de Alquileres: el plan de la oposición para derogarla
Una fuente de la principal bancada opositora señaló a iProfesional que, al no haber acuerdo para aprobar una nueva ley, intentarán unir fuerzas con el Interbloque Federal para empujar la derogación de la normativa actual en la próxima reunión de la Comisión de Legislación General, que fue la cabecera del debate frustrado para modificar la 27.551.
"En este contexto, lo ideal sería volver a la legislación anterior hasta que se pueda acordar una nueva ley", indicó otra de las fuentes consultadas por este medio. En caso de que se dé un acuerdo en ese sentido entre Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, al oficialismo le resultaría difícil frenar la derogación.

Y es que durante el debate que se dio el año pasado, esos dos espacios habían alcanzado un acuerdo para avanzar con un proyecto de reforma y, con sus votos sumados, podían pulsear con el Frente de Todos con chances de imponerse. El problema es que ese consenso se desarmó con el correr de los días. Sin mayorías, ni de un lado ni del otro, la ley siguió vigente.
Durante el debate del último miércoles, luego de que fuera rechazada la moción para debatir el proyecto de derogación, el radical Julio Cobos reclamó "que entre en la agenda de las prioridades de esta Cámara el tema alquileres".
Entre rumores y trascendidos, todo sigue igual
Como contó iProfesional, el problema que se generó en las últimas semanas fue que se filtró a la prensa que en el Ministerio de Economía evaluaban, en efecto, impulsar cambios a la Ley de Alquileres o incluso suspenderla.
Esto fue confirmado por fuentes del oficialismo consultadas por este medio pero reconocieron que no había por el momento nada definido ni en la cartera que encabeza Sergio Massa ni en la Cámara de Diputados. La filtración generó una expectativa muy superior a las posibilidades reales de hacer cambios rápido.
En el mercado inmobiliario empezaron a suponer que ley -muy rechazada por el sector- llegaba a su fin y al observar que esto no ocurría y que tampoco aparecían alternativas, la distorsión empeoró, con una fuerte caída en la oferta de inmuebles.
"La ley de alquileres es perfectible, sin ninguna duda, pero es una ley que básicamente protege a los inquilinos. Hasta que no tengamos una herramienta mejor de protección a los inquilinos es la ley que está vigente", señaló la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, para poner fin a los trascendidos, días atrás.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Ahora en la oposición vuelve a tomar fuerza la idea de presionar en la Cámara de Diputados para derogar la ley, volver a la situación anterior a 2020 (donde no había un marco normativo nacional) y tratar de llevar así alguna certidumbre al mercado.
¿Qué pasa si se deroga la ley actual?
La ley 27.551 estableció contratos de alquiler por tres años, con un ajuste anual determinado por la combinación del índice de inflación (IPC) y el de variación salarial (RIPTE), además de incluir nuevos tipos de garantías para los inquilinos e incentivos fiscales para los propietarios.
El término de los contratos y el ajuste anual es, sin embargo, el corazón de la ley y lo que más críticas genera por parte del sector inmobiliario, a diferencia de lo que sostienen las agrupaciones de inquilinos: que el índice del ajuste mantiene los aumentos anuales por debajo de la inflación.
Si se deroga la ley, según estiman en la oposición, se volvería a los contratos de dos años que regían antes y los ajustes podrían hacerse semestral o trimestralmente, debido a la escalada inflacionaria que vive el país.
Sin mebargo, las entidades como Inquilinos Agrupados se oponen a la derogación porque sostienen que, sin un marco normativo, no habría garantías de que los alquileres sean al menos de dos años y los ajustes serían mayores a los que se dan hoy.