Un proyecto del diputado del PRO por La Pampa, Martín Maquieyra, en línea con la política de incentivo del empleo formal iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri, busca establecer a través de un decreto que quiénes tengan programas nacionales de empleo continúen percibiendo una ayuda económica cuando accedan a un trabajo formal bajo relación de dependencia en el sector privado.

"La iniciativa plantea que aquellos que reciben un plan social puedan seguir trabajando durante un año sin perderlo, y si son despedidos sin justa causa, podrán recuperarlo. El objetivo es generar empleo registrado y asegurar la protección de los trabajadores", explicó Maquieyra en declaraciones a iProfesional.

Según el diputado del PRO, con el proyecto se busca "terminar de alguna manera con el plan social como solución a la falta de empleo y lograr mayor empleabilidad y registrar a tantas personas que hoy no tienen la posibilidad de trabajar y a muchas que consiguen un trabajo pero que tienen miedo a perderlo".

Maquieyra precisó además que la intención es que aquellos que consigan trabajo formal "no se les corte el plan social en el primer año", al explicar que se trata de una práctica recurrente sobre todo en el interior del país que "cuando una persona entra a trabajar y la quieren poner en blanco, no quiere registrarse básicamente por perder el plan social. Frente a eso es la iniciativa que presentamos, que también estipula que si la persona es despedida sin justa causa pueda volver a tener ese plan social para asegurarle también de alguna manera que va a estar protegida".

"Es necesario realizar políticas serias que tengan como objeto empleo formal a fin de revalorizar la asistencia social y jerarquizar su fundamento. En efecto, una medida que es realizada como emergencia a una situación no deseada, como es el desempleo, no puede tener otro objeto que la incorporación de la persona de nuevo (o por primera vez en muchos casos) al empleo",  afirma Maquieyra.

Convertir planes en empleo: ¿qué plantea el proyecto?

A través del proyecto, se establece que "los trabajadores afectados por problemáticas de empleo, incluídos en programas nacionales, que accedan a un empleo bajo relación de dependencia en el sector privado, mantendrán la ayuda económica mensual de la que son beneficiarios".

Además, señala que "el empleador podrá imputar el beneficio social como parte de la remuneración laboral neta mensual abonada al trabajador por el plazo de un año", a la vez que establece que "el contrato debe ser por tiempo indeterminado".

Por otra parte, el texto propone que el trabajador que fuera despedido sin justa causa dentro de los dos años de iniciada la relación laboral "deberá ser dado de alta de forma inmediata en el programa nacional al que estuviera adherido".

Para no afectar el financiamiento de la seguridad social ni el cálculo de la movilidad previsional, el beneficio será compensado con recursos del Tesoro Nacional.

El beneficio, según el proyecto, "se otorgará sin más trámite que el alta o baja del trabajador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos".

En tanto, si el empleador fuera una PyME tendrá además una reducción del 100% de contribuciones patronales vigentes con destino subsistemas de la seguridad social respecto al trabajador contratado bajo esta normativa por el plazo de dos años.

¿Una salida de los planes sociales?

La reconversión de los planes sociales en empleo genuino es una discusión que viene hace años y en la que coinciden todos los sectores políticos.

En agosto de 2022, el Gobierno publicó el decreto para iniciar el programa "Puentes de Empleo" con este fin.

De hecho, desde todos los partidos políticos se plantea la necesidad de transformar ese sistema para generar trabajo formal, incluso desde el gobierno nacional hay propuestas para modificar el actual régimen que perciben más de 3 millones de argentinos.

Actualmente, además del Progresar o Potenciar existen programas del Ministerio de Trabajo como el Programa Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro de Desempleo.

Sin embargo, en el contexto actual con más del 40 por ciento de la población bajo la línea de pobreza y en un año electoral, el escenario parece no tener demasiadas chances de modificarse.

Si bien no son las únicas ayudas que otorga el Estado, constituyen "planes sociales" puros porque pueden eliminarse en cualquier momento y se convierten, en muchos casos, en materia de negociación con las organizaciones sociales y piqueteras.