Hubo un solo punto en el que el Gobierno y la oposición coincidieron respecto de los incidentes en Jujuy: pueden ser interpretados como un adelanto de lo que vendrá a nivel nacional en caso de que Juntos por el Cambio gane las elecciones y asuma el poder en diciembre.

Ese clima de tensión y violencia es lo que ambas partes pronostican para la próxima gestión. Desde el punto de vista del kirchnerismo, ocurrirá por la vocación represiva de Juntos por el Cambio, que cree que mostrar "mano dura" ante la protesta social le reditúa desde el punto de vista político.

Más aun, algunos analistas del kirchnerismo ya están notando con preocupación cómo los incidentes sirvieron involuntariamente para que se limaran las asperezas entre "halcones" y "palomas" y, ante la avanzada del adversario común, se fortaleciera la unidad opositora.

"En el aire queda una advertencia para el peronismo, enredado en disputas internas autodestructivas. Los cambiemitas se re-juntaron pronto, privilegiaron la unidad ante los adversarios. Al servicio de una causa espuria pero con una astucia política que vale la pena registrar", advirtió el influyente editorialista Mario Wainfeld. Desde ese punto de vista, el ex Frente de Todos está en desventaja, dado que la cuestionada reforma constitucional jujeña contó con el apoyo de parte del peronismo, lo cual agrega otro motivo de fisura en la interna.

Del lado de Juntos por el Cambio, la interpretación sobre lo ocurrido en Jujuy trajo inevitables reminiscencias de diciembre de 2017. La violencia en la plaza del Congreso, con su lluvia de piedras mientras se votaba la nueva fórmula indexatoria para las jubilaciones, quedó registrada en la memora de la gestión macrista como el símbolo de las dificultades para imponer una agenda de reformas estructurales.

"Es inevitable ver las imágenes de Jujuy y no recordar lo que vivimos en 2017 cuando nos apedrearon el Congreso. Todo mi repudio y condena a la violencia: el orden era entonces y es hoy fundamental. Sin ley no hay progreso. Sin progreso solo hay más pobreza y cada vez menos futuro", escribió el ex presidente Mauricio Macri.

Los incidentes violentos y la represión en Jujuy, un "adelanto de lo que vendrá" según ambas coaliciones

El foco en los recursos naturales

¿Qué significa Jujuy, entonces, como predicción de lo que puede venir en los próximos años? La respuesta va más allá de la controversia política que aparece a primera vista; se trata de la disputa por imponer una nueva agenda, y allí aparece una palabra clave: litio.

Detrás de la controversia por la reforma constitucional está la cuestión de los reclamos de comunidades originarias jujeñas, que quieren tener voz y voto respecto de cómo se realice la explotación minera en uno de los nuevos recursos estratégicos de la Argentina.

El litio es una de las estrellas ascendentes en el panorama exportador argentino: en 2022 vendió al exterior u$s696 millones, más que triplicando la cifra del año anterior. Y en el acumulado de este año muestra una tasa de crecimiento en torno del 100%.

Las previsiones oficiales apuntan a que, de concretarse los cerca de 40 proyectos de inversión externa que se sumen a los dos yacimientos actualmente en producción, la exportación podría multiplicarse por siete en apenas tres años. Si ese pronóstico es correcto, entonces el litio quedaría, en términos de volumen de ventas al exterior, en el quinto lugar de los principales complejos exportadores, por encima incluso del sector triguero.

Y ante cada nueva noticia sobre el interés de las grandes potencias mundiales por el litio argentino, el tema inevitablemente se politiza. Muestra de ello es el interés que Cristina Kirchner está demostrando en la cuestión en sus últimos discursos.

En plena polémica con el gobernador Gerardo Morales, le dedicó un tuit irónico: "Hasta James Cameron se dio cuenta", en el cual alude a que el cineasta publicó un comunicado en el que se manifestó "víctima de una emboscada", por haber respondido al llamado de una fundación ambientalista para visitar Jujuy. Tras fotografiarse con Morales, el cineasta recibió una carta de organizaciones originarias que le explicaban su postura crítica hacia la explotación de litio que no contara con una previa aprobación popular.

En su último discurso desde Santa Cruz, Cristina Kirchner abogó por emular a Chile con una regulación estatista para el litio

La prédica de Cristina viene de lejos, aunque no se encuadra estrictamente en la línea ambientalista dura que se opone a la explotación. Más bien al contrario, la líder kirchnerista siempre se mostro proclive al desarrollo de la explotación minera, pero bajo un marco regulatorio de fuerte impronta estatista.

En su último discurso en Santa Cruz aludió al tema, al criticar a los políticos que "se ponen contentos porque en Bolivia y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio, porque dicen ‘bueno, como les tienen muchas exigencias allá, van a venir acá".

Y motivó los aplausos del auditorio cuando remató con una frase con su sello personal: "Qué vocación de colonia, hermano, qué vocación por volver a ser Potosí".

Aunque no lo mencionó directamente, la alusión al gobernador jujeño fue clara: pocos días antes, Morales había manifestado su entusiasmo por la ventaja comparativa que supondría para Argentina tener una regulación más benigna que la de los países vecinos.

"Chile está yendo para atrás, y en buena hora, porque van a venir más inversiones a la Argentina. También retrocede Bolivia, hay que avanzar por el camino de los Acuerdos de Libre Comercio, no me gusta la idea del triángulo de litio", había dicho el jujeño, luego del anuncio del presidente chileno, Gabriel Boric, sobre una nueva política nacionalista enfocada al litio.

Chile, que actualmente ocupa el segundo puesto en el ranking exportador mundial detrás de Australia, tendrá una empresa estatal de litio que tomará el control de los salares, y firmará acuerdos con los inversores extranjeros para desarrollar proyectos. El objetivo declarado del presidente es maximizar el proceso de valor agregado dentro de Chile y, para ello, se impondrá un régimen de incentivos en el esquema de regalías e impuestos.

El ámbito empresarial chileno dio su veredicto inmediato respecto de la propuesta de Boric, con una caída del índice bursátil, arrastrado por el desplome de las acciones vinculadas a la minería.

La nueva estrategia de Cristina

Es en el marco de esa discusión que el discurso del kirchnerismo empieza a teñirse de una impronta nacionalista respecto de los recursos naturales. Y esto obedece tanto a una postura ideológica como a un cálculo de estrategia política.

Desde el año pasado, el kirchnerismo analiza con lupa una investigación realizada por el consultor español Alfredo Serrano Mancilla, que afirma que, a diferencia de lo que se suele plantear en los medios de comunicación, no hay una tendencia a la "derechización" ni existe una mayoría social que esté reclamando el regreso de los principios liberales y privatistas de los años ’90.

Más bien al contrario, su investigación observó una decidida preferencia por la gestión estatal en los recursos naturales. Por ejemplo, en el tema del litio, una mayoría de 52,2% cree que se debería avanzar a un régimen de nacionalización, mientras un 32,4% cree que su gestión sería más eficiente en manos de los privados.

A partir de allí, Cristina Kirchner dio un notorio giro estatista en sus discursos, empezó a recordar la nacionalización de YPF como uno de los hitos de su gestión, y centró su argumentación en la agenda de los recursos naturales, a la que vinculó con el acuerdo con acreedores externos, empezando por el Fondo Monetario Internacional.

Así, retomó el tema del marco regulatorio en el que se desarrollarán las actividades extractivas. "Es imprescindible el cambio de actitud, ponerse de acuerdo en lo fundamental. Porque si no, podremos tener 20 Vaca Muerta, 80 mil toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando dólares", definió Cristina.

Los gobernadores Sáenz, Jalil y Morales, en su "mesa del litio" rechazaron avanzar en la misma dirección que Chile y Bolivia

Inmediatamente después, Máximo Kirchner dijo a los militantes que había que defender la consigna "Argentina para los argentinos", ante quienes quieren impedir "que los argentinos realmente disfruten de su tierra, su riqueza, de sus ríos". La frase enlazaba con la denuncia de que en Estados Unidos se plantean una pelea con China por los recursos de litio de Argentina como si fuera un territorio cuya propiedad fuera a disputarse entre ambas potencias.

En esa estrategia, el tema del litio comenzó a avanzar en la agenda, primero con impulsos personales, y luego de manera más orgánica. A fines del año pasado, el diputado Juan Marino planteó que Argentina imite la decisión del gobierno mexicano, que decretó la nacionalización del litio con el argumento de que era la forma de garantizar que el recurso pudiera ser industrializado en el país.

Luego, un grupo de diputados del Frente de Todos, liderados por Juan Carlos Alderete, de la organización piquetera Corriente Clasista y Combativa, presentó un proyecto para declarar "recurso estratégico" a los yacimientos de litio. El objetivo declarado era la industrialización nacional del mineral y la coordinación de la explotación con los pueblos originarios.

"Es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el código minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía", planteó el autor del proyecto.

El talón de Aquiles del discurso estatista

Pero ahí quedó rápidamente en evidencia el talón de Aquiles de la estrategia kirchnerista: no resultará tan fácil embarcar en esta agenda a los propios gobernadores de las provincias peronistas con intereses en el litio.

La reacción empresarial ante ese proyecto fue el de un inmediato rechazo por el cambio en las reglas de juego, dado que se alteraría también la regulación para los proyectos ya en marcha. Y se muestran desconfiadas sobre una prevalencia de la Nación por encima de las provincias a la hora de negociar.

Las estimaciones apuntan que el actual nivel de exportación de litio podría multiplicarse por siete en tres años

Pocas semanas más tarde, en una feria de la industria minera, los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca -ambos peronistas-, se mostraron alineados con el jujeño Morales en una postura contraria a la nacionalización.

Destacaron que, gracias a las regalías mineras, se pudo constituir fideicomisos que ayudaran a la financiación de obras públicas. Y, además, manifestaron su rechazo a los proyectos para constituir una especie de "OPEP del litio" junto a Chile y Bolivia.

Su previsión es que, gracias a la explotación del litio, a la integración con la industria automotriz eléctrica y a la generación de baterías, se podrá generar ingresos por unos u$s17.000 millones.

Ahí surge un posible conflicto interno del peronismo. De la misma manera en que se cuestionó la reforma constitucional jujeña por avasallar derechos de las comunidades originarias -pero se obvió la cuestión de que también contó con votos del peronismo-, una situación parecida puede ocurrir con la agenda neo-estatista.

Los gobiernos provinciales del norte minero, en su casi totalidad peronistas, tienen una percepción diferente -más pragmática, menos ideologizada y menos influida por el discurso ambientalista- de lo que se pergeña desde el Instituto Patria.