El presidente Alberto Fernández habló sobre los hechos de violencia ocurridos en Jujuy este martes y señaló que "la violencia estatal sucedida en Jujuy es inadmisible", además de asegurar que irá a la Justicia por la reforma que se aprobó en Jujuy.

"Quiero transmitirles mi posición y la del Gobierno nacional. Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos son inadmisibles, en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto, que por primera vez algo acaecido ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos", señaló el mandatario.

Asimismo, detalló que la CIDH, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch "se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y garantizar la vigencia de los derechos humanos en Jujuy".

"Por todas estas razones una vez más instó de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente: es nuestro pueblo y es el mundo el que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy", sentenció Alberto Fernández.

Inconstitucionalidad de la reforma

Anunció además que instruyó al Ministerio de Justicia para que "analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma" de la carta magna de Jujuy que "violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales".

El presidente Alberto Fernández le pidió al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que "no utilice al pueblo" de esa provincia como "banco de prueba de represión y saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante", y afirmó que esa administración contará con el "apoyo" del Gobierno nacional si se decide a promover un diálogo.

Fernández reiteró el pedido para que el mandatario jujeño "convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas".

"Cuenta conmigo personalmente y con apoyo del Gobierno nacional", subrayó.

Remarcó que "los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática", a tal punto que "ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

Incidentes y represión en Jujuy

La movilización frente a la sede de la Legislatura jujeña para rechazar la jura de la modificada carta magna derivó en serios incidentes y represión por parte de la Policía provincial, que incluyó gases lacrimógenos y balas de goma.

Ej Jujuy se vivió una jornada de represión y violencia contra los manifestantes

Como saldo del accionar de la Fuerza norteña, se registraron al menos 170 manifestantes heridos, uno de los cuales terminó internado en grave estado por un fuerte traumatismo de cráneo. Imágenes de personas heridas se viralizaron en redes sociales con fuertes críticas al gobernador jujeño, Gerardo Morales.

En tanto, en lo que respecta al balance de detenciones, trascendió que 68 manifestantes fueron demorados por la Policía de Jujuy por considerarlos responsables de distintos hechos de violencia en medio de las protestas, como daños a edificio públicos, quema de autos y agresión a los uniformados.

Según había dado a conocer el propio gobernador radical, algunos de los manifestantes que participaron de las protestas contaban con antecedentes penales.

"Mire algunos antecedentes de los pacíficos manifestantes, ¡dejen de joder!", le había espetado al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, durante un cruce en redes sociales el pasado domingo.

De acuerdo a la información difundida por el Gobierno provincial, eran al menos seis los detenidos que ya habían estado involucrados en la presunta comisión de otro tipo de delitos como hurtos, robos, tenencia de estupefacientes, exhibiciones obscenas, lesiones, daños, desobediencia judicial, amenazas y resistencia a la autoridad, entre otros.

Una de las personas registraba 19 antecedentes en los últimos siete años, así como otros detenidos ya habían sido condenados en distintas causas por hechos de inseguridad.