El proyecto es impulsado por la diputada de Evolución Radical, Danya Tavela, quien precisó que la iniciativa "apunta a toda la ciudadanía en general y a la mayor inclusión de personas con alguna discapacidad".

"El presente proyecto tiene como objetivo implementar y desarrollar el lenguaje claro en las expresiones de los poderes del Estado. Estructuramos la propuesta en la redacción de una ley específica, que aborde de manera detallada la implementación del lenguaje claro", afirmó la diputada de Evolución Radical.

Para Tavela, "esta ley es importante para que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones de forma clara, transparente y accesible. De esta manera todos van a poder participar de forma efectiva en la vida democrática de la sociedad".

En declaraciones a iProfesional, la diputada de Evolución Radical sostuvo que "es responsabilidad de todos los poderes del Estado garantizar la comprensión de sus acciones y normas, facilitando así el cumplimiento de su deber de informar de manera efectiva y equitativa".

Acceso a la información y lenguaje claro: la diputada Tavela propone cambios

La iniciativa busca una modificación a la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, donde se incorpora el lenguaje claro entre los principios rectores enumerados en la norma para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

"Este método es el lenguaje claro o lectura fácil, y hay que entenderlo como el procedimiento que aplica un conjunto de pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño y estructura de documentos, y a la validación de la comprensibilidad de éstos, destinado a hacer accesible la información, a toda la población y en especial a las personas con dificultades de comprensión lectora", afirmó la diputada de Evolución Radical.

Según Tavela, "los sujetos a quien va dirigida la norma son los organismos públicos de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), las empresas del gobierno nacional y las vinculadas por el motivo que sea".

"Los beneficiarios son las personas a quiénes llega esa información, esa ley, ese documento, ese acto administrativo, esa sentencia, esa resolución, esa respuesta a una solicitud, que estará escrita de manera sencilla, sin términos en latín, tecnicismos o giros innecesarios que dificultan la comprensión del texto", precisó la diputada.

De acuerdo al proyecto, "a través de este mecanismo, no sólo se garantiza el derecho de acceso a la información pública, es además un modo de inclusión de la población con discapacidad cognitiva, analfabeta o con bajos niveles de educación y personas de la tercera edad".

También, la iniciativa busca beneficiar a la población en general, "para quien el uso excesivo de tecnicismos genera una incomprensión absoluta de los textos. De esta manera potenciamos la empatía desde el Estado y hacia la sociedad".

Según la diputada de Evolución radical, "la autonomía es otro aspecto que se pone en valor mediante el lenguaje claro, porque permite que la persona no dependa de la interpretación de un profesional y pueda usar la información y tomar sus decisiones. Además, genera un ahorro de tiempo y energía, ya que evita que se inicien nuevos trámites solicitando aclaraciones o ampliaciones, los cuales generan un mayor gasto en la administración pública: se deben dedicar más horas de trabajo, más insumos".

"Considerando los avances que se vienen desarrollando en diversas instancias, creemos necesario plasmar estos principios en una ley nacional de aplicación en todo el territorio de la nación e invitar a las jurisdicciones provinciales y municipales a la implementación de este tipo de mecanismos en sus administraciones públicas. Y además, modificar la ley 27.275 sobre Derecho de Acceso a la Información Pública, incorporando como principio rector de la materia, el lenguaje claro para toda la documentación pública que emane de los gobiernos, empresas, entes y organismos públicos",

Diputada Danya Tavela, autora del proyecto.

Un paso más para la modernización del Estado

La modernización del estado, de la que tanto se habla, no sólo refiere a la incorporación de nuevas tecnologías y la agilización de los trámites, también refiere a la accesibilidad, la transparencia y el control por parte de la ciudadanía.

"Todo ello resulta imposible si la información no se entiende, si las personas no pueden conocer sus derechos y obligaciones. Caen por tierra los argumentos que sostienen que este mecanismo atenta contra la formalidad o profesionalismo de los textos, que vulgariza el derecho y baja el nivel de los documentos públicos, que se busca eliminar los latinismos, cuando entendemos que el Estado brinda un servicio a la comunidad y debe, por todos los medios, tender a mejorar ese servicio y llegar a sus destinatarios de manera eficiente y eficaz", precisó la diputada nacional de Evolución.

Proyecto de Lenguaje Claro: los antecedentes

Como antecedente en nuestro país, existe la Red Nacional de Lenguaje Claro conformada en 2017. Es una comunidad de organismos públicos, redes y personas que promueve el uso del lenguaje claro en los organismos del Estado para garantizar la transparencia de los actos de gobierno, el derecho a entender y el acceso a la información pública.

La Red fue creada por un convenio entre el Senado de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Participan organismos públicos, instituciones privadas, redes de instituciones y personas interesadas en el lenguaje claro.

Los objetivos que se propusieron son: promover el uso del lenguaje claro en todas las comunicaciones con los ciudadanos; capacitar profesionales y equipos gubernamentales; recopilar experiencias y diagnosticar usos; implementar proyectos, establecer estándares y modelar buenas prácticas, evaluar impacto y mejoras, reconocer y premiar proyectos.

¿Cuáles son las normas que hoy promueven el lenguaje claro en Argentina?

Uno de ellos es el Decreto 258/2019 – Plan nacional anticorrupción (2019 -2023) y el Decreto 891/2017 – Buenas prácticas en materia de simplificación.

• Senado: se creó el Departamento "Ley Clara", en la Dirección de Apoyo Técnico Legislativo, dependiente de la Dirección General de Comisiones, entre cuyas competencias específicas aparece, entre otras, "la calidad en la redacción de proyectos y lenguaje claro en sus expresiones".
• Ciudad de Buenos Aires: la Ley 6367/2020 y la Resolución 185/2022 – Secretaría Legal y Técnica – "Manual de Lenguaje Claro" y "Guía de Lenguaje Claro" ambos del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad.
• Córdoba: el Acuerdo Reglamentario del Tribunal Superior de Justicia y Creación de un Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil
• Mendoza: la Conformación de Comisión de trabajo de lenguaje claro y Creación por Resolución de Presidencia N°36.831
• Formosa: el Acuerdo 3058 ANEXO I Acta N° 3058 – Guía de Lenguaje Claro en el Poder Judicial de Formosa
• Buenos Aires: la Ley N° 15.184 que promueve el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales emitidos por los 3 poderes del Estado provincial.