La suma fija de 60.000 pesos que anunció el Gobierno para paliar los efectos de la inflación comenzó a los tropiezos. Está dirigida a trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado, pero la negativa a pagarlo de los gobernadores de doce provincias reforzó la posición de las cámaras empresarias de hacer lo mismo. El planteo se transformó en un duro desafío para el oficialismo en medio de la campaña. No sólo por el nivel de acatamiento del bono, sino por los recursos que puede tener el Gobierno para que su aplicación sea obligatoria.

"Las empresas que no paguen tendrán una infracción, van a tener que pagar el bono y encima una multa", aseguró este martes la ministra de Trabajo Raquel Kelly Olmos. La funcionaria buscó despejar las dudas sobre las consecuencias que afrontarían los que no paguen el bono. El interrogante es relevante porque el Ministerio de Trabajo es la autoridad encargada de verificar este pago, pero hasta el momento no hay una sanción específica para castigar el incumplimiento en el pago de un bono de estas características. 

En medio del escenario electoral, el rechazo que ya anticiparon conglomerados empresarios como la CAME es un doble problema para el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Si el bono no se paga, pondrá en crisis una de las medidas que apuntan a mitigar el impacto de la inflación, pero también pondrá en tela de juicio la capacidad del ministro para aplicarlo.

Las principales cámaras empresarias emulan a los gobernadores: cuestionaron el bono y deslizaron que no lo pagarán.

Para afrontar esa fragilidad en Economía preparan un decreto para aplicar el bono y formalizar las multas que pagarían las patronales que se resistan a pagarlo. Recién ahí podría comenzar una primera respuesta concreta para obligar al pago de la suma fija. 

La cartera laboral cuenta con una línea gratuita para recibir denuncias de carácter laboral. Es el 0800 666 4100 y es anónimo. Será el canal para que los trabajadores en relación de dependencia puedan denunciar que su empleador no pagó el bono. El paso siguiente será la verificación y el envío de inspectores para aplicar la multa.

Sin embargo, a ese procedimiento le falta que el Ejecutivo defina si creará una multa específica para perseguir el incumplimiento. Una medida de este tipo podría aumentar las tensiones con las mismas cámaras empresarias que salieron a rechazar el bono. En el Gobierno no lo pierden de vista pero acotan que "es peor que desafíen una medida antes de su aplicación" y que el embate la haga fracasar.

Bono de suma fija: fragilidad en el momento menos pensado

La eventual decisión ejecutiva para reforzar la obligatoriedad de la suma fija de 60.000 pesos cuenta con un contexto complejo, porque el Gobierno sólo puede invitar a las provincias a pagarlo. La primera respuesta configuró el mayor desafío para el bono. Sólo tres provincias lo pagarán, como Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja, mientras que otras 12 no lo harán.

A ese obstáculo se sumaron los intendentes de esas provincias y los bonaerenses, que ya le pidieron al gobernador Axel Kicillof un fondo especial para afrontar esa suma a cuenta de futuros aumentos. El problema es que el mandatario provincial todavía no confirmó si lo pagará. La respuesta de las provincias desató distintos malestares en la Casa Rosada. Puertas adentro apuntan al ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, por no haber previsto el escenario adverso con los gobernadores peronistas y no buscar alternativas para evitar el portazo público. También hay resquemores y señalamientos a las cuentas de cada gobernador.

"Tienen fondos para asumir ese aumento, especialmente por los plazos fijos que tienen. Con los intereses que están sacando, tranquilamente podrían pagarlo, pero prefieren decir directamente que no, eso es un error político de ellos, pero también nuestro", lamentó un funcionario ante el traspié de los gobernadores propios. En el caso de los municipios, se cristalizó un debate de larga data dentro del Ejecutivo. Aunque implica dos pagos de 30.000 pesos por única vez, el total de 60.000 es un incremento extraordinario impensado para municipios cuya escala salarial sigue siendo muy baja y se achica con la inflación.

El gobernador santiagueño Gerardo Zamora es uno de los que pagará el bono, pero el bonaerense Kicillof no se pronunció.

Con las cámaras patronales los tironeos no son nuevos. La semana pasada la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) cuestionó el aumento del 5% mensual por 90 días de 54.000 productos y sigue el tironeo sobre la aplicación de esta etapa del Programa Precios Justos. En ese plano la medida ya está firmada y tiene vigencia. En el caso de la suma fija, su futuro dependerá del nivel de conflicto que el Gobierno esté dispuesto a mantener en este momento. "No alcanza con la intención de pagarlo, lo tienen que pagar", advierten en la Casa Rosada. 

El otro gran ausente, al menos por ahora, es la respuesta de los sindicatos. La CGT y las dos CTA ya han reclamado respuestas urgentes ante la caída del poder adquisitivo. El bono era una posibilidad aceptable y le hicieron un guiño cuando surgió la primera posibilidad de aplicarlo.

¿Habrá una respuesta contundente si el incumplimiento del bono se extiende en todo el país? En las dos centrales no pueden asegurarlo, porque sus conducciones gremiales están más enfrascadas en el escenario electoral y en los tramos que se vienen de las negociaciones paritarias que en el alcance de la suma fija, pagadera en dos cuotas y absorbible de futuros aumentos.