Por primera vez se vieron las caras. Los dos funcionarios que, con miradas y planes distintos, aprueban los cheques del Estado Nacional con el que se pagan las obras públicas en el territorio nacional.

Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas saliente y, el entrante, Guillermo Ferraro, designado ministro de un poderosísimo Ministerio de Infraestructura que, por sus obligaciones, trae recuerdos de aquel que comandara Julio De Vido durante las gestiones kirchneristas.

Es la transición la que ya produjo un corte abrupto de las obras públicas. Entre varias novedades, bastará señalar un ejemplo. La reversión del gasoducto del norte para que la cuenca de Vaca Muerta abastezca con fluido a las provincias del noroeste ante la caída de la producción de gas en Bolivia.

Un proyecto trabajado por Enarsa que queda congelado hasta que el equipo de Javier Milei decida qué hacer con los 170 millones de dólares que debería aportar Cammesa al proyecto, compañía energética privada pero controlada por el Estado que recibe millonarios fondos por los subsidios que otorga a las tarifas de luz.

La cuestión de los subsidios es otro de los problemas mayúsculos que tendrá que afrontar la gestión de Javier Milei si quiere reducir el monumental déficit fiscal de la Nación.

La preocupación en el sector energético es enorme porque todos los expertos coinciden en la necesidad de llevar a cabo esta obra de infraestructura por la cual están comprometidos préstamos internacionales que otorgaron el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe por 450 millones de dólares.

Guillermo Ferraro, quien estará al frente del Ministerio de Infraestructura

Ahora bien, esta preocupación del sector de la energía se extiende como una mancha de petróleo en el mar sobre el resto de las actividades productivas que viven de la obra pública, y, que, según el diputado nacional electo por la Libertad Avanza, "Bertie" Benegas Lynch, su tiempo, en la Argentina, tal cual la conocimos hasta hoy, está "llegando a su fin".

Una razón que parece haber sido sustentada por el propio presidente electo, Javier Milei, quien más pragmático y conocedor de los verdaderos números de la economía nacional que, en principio, difundirá a los ciudadanos durante su discurso de asunción del mando, advirtió que "no hay plata para obras públicas".

Actualmente hay casi 3.000 proyectos afectados, entre los que están ejecución y los más de 600 que todavía no se iniciaron. 

Sin embargo, el alcance del enfriamiento total de las obras de infraestructura está en discusión en algunos sectores del nuevo oficialismo porque entraría en colisión con otra de las promesas de campaña del propio Milei que reafirmó hace pocas horas, "Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan".

Por las dudas, el equipo económico residual de Alberto Fernández y Sergio Massa, suspendió todas las licitaciones hasta que asuma un nuevo gobierno.

Una decisión que no les debe haber tomado demasiado tiempo adoptar teniendo en cuenta que el enfriamiento de la obra pública ya había comenzado durante la administración de Alberto Fernández.

Cuánto destinó el Gobierno a obras públicas

Consultoras privadas señalaron que, durante el año 2022, el gobierno destinó a obras un 38,3% menos que los fondos invertidos en 2021. Ese año, la obra pública creció porque durante el año 2020, el de la pandemia por Covid-19, la actividad laboral estuvo paralizada.

Si se lo compara con los años de los gobiernos de Cristina Kirchner, de los cuáles surgieron los coletazos judiciales por los denominados "cuadernos de la corrupción", los gastos en obras públicas fueron un 31,3% inferiores con respecto a esas presidencias.

El gobierno de Alberto Fernáandez destinó a obras un 38,3% menos que los fondos invertidos en 2021

Para Alejandro González Escudero, de la fundación Economía y Sociedad, se deben analizar dos ítems en las obras de infraestructura para medir el nivel de inversión estatal.

"El Presupuesto Nacional y sus modificaciones son esenciales porque allí se anota la inversión real directa, compra de equipos y gastos de obras, y las transferencias de capital que son los recursos dinerarios que la Nación gira a las provincias y municipios para la realización de obras de infraestructura y que representan la preocupación expuesta en el documento difundido ayer por los gobernadores peronistas".

El contador Escudero se refiere al reclamo de muchos mandatarios provinciales que verán congeladas obras de infraestructura en puentes, caminos, viviendas, entre otras obras y, específicamente, en el reclamo de los mandatarios provinciales para extender en el tiempo el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Este Fondo, que estará en el centro de las discusiones de los gobernadores con los "dos Guillermos" que serán los negociadores de Milei, Guillermo Ferraro y Guillermo Francos, futuro ministro de Interior, existe desde el año 1995 cuando, desde la administración de Carlos Menem y por Decreto, se asistió a 16 provincias y, a varios municipios, en la privatización de sus bancos.

A lo largo del tiempo brindó asistencia financiera a los estados provinciales y tuvo un rol importante durante la pandemia al crearse el Programa de Emergencia Financiera Provincial a través de aportes del Tesoro Nacional, por un monto total de $70.250 millones y se refinanciaron deudas por $13.689 millones.

Durante el presente ejercicio fiscal y, a través de resoluciones del ministerio de Economía conducido por Sergio Massa, se sellaron convenios de financiamiento con aquellas provincias que presentaron problemas de pagos a proveedores por un monto total de 37.600 millones de pesos y se refinanciaron deudas por 103.230 millones de pesos.

Se deben analizar presupuestos para la inversión real directa, compra de equipos y gastos de obras

La situación en las provincias

Ahora bien, la situación real en las provincias no fue la mejor durante el transcurso de este año porque, si bien desde la Cámara de la Construcción y desde las gobernaciones se advierte que están en peligro 2.330 obras en ejecución y 676 proyectos a futuro, la verdad es que la devaluación de la moneda nacional y, su contracara, el crecimiento de la cotización de los dólares paralelos que genera una enorme brecha cambiaria con el oficial, paralizaron de hecho obras en provincias de la Patagonia, por ejemplo, Chubut, y del noroeste, Tucumán y Chaco, donde se registraron demoras en los pagos y pymes de la construcción al borde de la quiebra.

Si bien el equipo de Katopodis suele señalar que los pagos siguieron emitiéndose hasta hace unos días, los empresarios que obtuvieron licitaciones en provincias y municipios tienen una visión diferente.

La mayoría de ellos enfrentaron con recursos propios los gastos de las obras que, en su mayoría, son del rubro de la construcción a la espera de los pagos de la Nación cuyos giros se producen cada dos meses en promedio.

Sea como fuere, la reducción a cero de la obra pública está obligando a muchos ejecutivos provinciales y municipales a realizar un relevamiento de las obras que podrían quedar inconclusas.

Un breve repaso de algunas de ellas podría ser: en Bahía Blanca, si no llegan fondos no habrá más obras de cloacas en el barrio Patagonia ni viviendas en el barrio Luz y Fuerza. Además, se cancelaría la doble vía de la avenida 14 de Julio.

En la provincia de San Juan, donde asumirá Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio, hay preocupación por la financiación para obras viales y de infraestructura edilicia, en una zona donde los temblores en la tierra suelen generar enormes desafíos.

Asesores de Katopodis dicen que peligra la continuidad de 250.000 empleos que se caerían por el freno total de las obras

El gobernador intentó llevar tranquilidad y afirmó que "buscará las maneras para sostenerla". En declaraciones a radio Sarmiento, el titular de la Cámara de la Construcción cuyana, Ramón Martínez, afirmó que "la obra pública es lo primero que se toca cuando hay que ajustar y molesta que esta gente que entra en el Gobierno se crea que la construcción es el mejor negocio del mundo cuando no es así".

En Córdoba, sólo en la localidad de Villa María, una de las obras más importantes quedaría detenida. La circunvalación de la ruta 158, que ya se realizó en un 70%. O las obras de viviendas, 300 casas en el denominado Ecobarrio o aquellas comprometidas en el Plan Procrear II, que sería borrado.

Ese plan junto al Plan Nacional de Suelo Urbano, para la construcción de viviendas, sería quitado de la misma manera que el Ministerio de la Mujer por Javier Milei al grito de "Afuera".

En síntesis, sería un ajuste gigantesco, posiblemente necesario, como señala el economista liberal Federico Domínguez, quien había alertado por el recorte brutal a la obra pública que se preparaba aupado en la crisis fiscal y monetaria.

En declaraciones al canal E, había afirmado que "cualquier solución para la crisis económica tiene que venir acompañada con estabilidad fiscal para poder ser efectiva. El próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal en la obra pública".

Mientras los funcionarios de la transición frenan los proyectos del gobierno saliente, asesores de Gabriel Katopodis, ya generan declaraciones políticas, que advierten por la continuidad de 250.000 empleos que se caerían por el freno total de las obras.