El presidente Javier Milei ya tiene preparado el decreto para desvincular a unos 7.000 empleados estatales, con el fin de continuar con su plan de ajuste. Para lograr su objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal, el mandatario no renovará los contratos de una serie de trabajadores que hoy se desempeñan en organismos como ANSES, PAMI o AFIP.

"Las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas", indica el primer artículo del DNU, que este lunes se publicará en el Boletín Oficial.

Asimismo, el documento firmado por el Jefe de Estado menciona que serán excluidos únicamente quienes cumplan funciones en empresas o sociedades estatales.

Se abarca a empleados transitorios "y de toda otra modalidad de contratación que concluya al 31 de diciembre de 2023″, de toda la administración nacional, como así también a las contrataciones "derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales" y al personal que "haya estado prestando tareas con fecha previa al 1 de enero de 2023 y haya cambiado su modalidad".

Milei profundiza su plan de ajuste: quiénes podrán renovar su contrato

Se permitirá la renovación de aquel "que el titular de cada jurisdicción evalúe que resulte indispensable para el funcionamiento" de la misma, aunque "de manera restrictiva y de manera fundada que su continuidad es necesaria por razones impostergables de funcionamiento".

Milei no renovará el contrato de empleados públicos contratados en 2023 y evaluará contrataciones anteriores.

Según la nueva normativa, si se elige renovar la contratación, se "deberá fundar la decisión, demostrando la necesidad" de mantener a ese trabajador, cuyo vínculo laboral no podrá extenderse "por un periodo mayor a noventa (90) días corridos".

Asimismo, todas las áreas del Gobierno tendrán que informarle en un tiempo determinado el cumplimiento de este DNU al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien "podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para su mejor aplicación y podrá delegar las facultades asignadas por la presente medida.

Hoy por hoy, son unas 500.000 personas quienes ejercen su actividad laboral en el ámbito público nacional. Sin embargo, esa cifra se extiende a los 4.000.000 si se consideran, además, los funcionarios provinciales, municipales, de empresas públicas, de la banca estatal y de universidades y organismos autónomos.