A pocos días del paro nacional con movilización al Congreso dispuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), se tensiona la relación con el Gobierno, en un punto sin retorno y con una escala que, por ahora, no tiene techo. Este jueves, el Ministerio de Seguridad envió una intimación formal a los sindicatos y organizaciones sociales exigiendo el pago de los gastos ocasionados por la marcha realizada el pasado 27 de diciembre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se concentraron frente a los Tribunales. La demanda del Ejecutivo supera los 40.000.000 de pesos.

La respuesta de la CGT fue contundente, al sostener que "este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país".

Asimismo, subrayó que "esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado.

Dura respuesta de la CGT a Milei: "No representamos los intereses de una casta"

"No representamos los intereses de 'una casta'", señalaron desde el consejo directivo de la central obrera, "sino los intereses de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga", aclararon.

La cartera de Seguridad de la Nación, a cargo de la excandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, envió una intimación formal a las organizaciones gremiales y sociales para reclamar el pago de los gastos ocasionados por la marcha realizada el pasado 27 de diciembre de 2023 en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno realizó el reclamo a los sindicatos y movimientos sociales a través de una notificación enviada por Correo Argentino con la firma de Martín Siracusa, a cargo de la secretaría de Coordinación Administrativa del ministerio de Seguridad de la Nación. En la misma, se comunica de la existencia de un expediente con los informes en los que se determinaron los gastos ocasionados y las organizaciones que participaron de la interrupción total o parcial del tránsito vehicular.

El protocolo "antipiquetes" que anunció la ministra Bullrich contempla multas a quienes corten la calle en las marchas.

Cuáles son los gremios a los que intiman a pagar la multa

De esta forma, el ejecutivo intimó al pago solidario de 40.419.227,56, pesos, a efectivizarse en el transcurso de los próximos 10 días hábiles, una vez recepcionada esta documentación.  Según señalaron desde el ministerio, el cobro es en concepto de "costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público".

Por lo pronto, las organizaciones que quedaron bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes son las siguientes:

• Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval (FEMPINRA)
• Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS)
• Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN)
• Asociación Civil Polo Obrero
• Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD)
• Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)
• Movimiento Socialista de Trabajadores (MST)
• Agrupación Izquierda Socialista
• Unión Obrera Metalúrgica (UOM)
• Sindicato Prensa de Buenos Aires (SIPREBA)
• Sindicato Único de Trabajadores de Neumáticos Argentino (SUTNA)
• Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)
• Sindicato de Choferes de Camiones  
• Central de Trabajadores Argentinos (CTA)
• CONADU Histórica
• CTA Autónoma

Bullrich insiste: "Pueden protestar, pero no cortar la calle"

El miércoles, la CGT realizó un plenario con 81 Delegaciones Regionales de todo el país ratificando el apoyo a la estrategia y el accionar del consejo directivo, rechazando el DNU y la Ley Ómnibus, y repudiando la criminalización de la protesta social. De esta forma, los dirigentes provinciales acompañaron las medidas de fuerza; más concretamente el cese de tareas desde las 12 del 24 de enero, con marcha y concentración en la Plaza del Congreso.

Por la última marcha a Tribunales, el Gobierno intimó a la CGT a pagar más de 40.000.000 de pesos.

En la misma jornada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, exhortó a la central obrera a "levantar el paro", para "poder avanzar con el diálogo democrático", insistió con que "está permitida la protesta, pero no se puede cortar la calle" y acusó a los líderes de movimientos sociales de "utilizar a los pobres".

Durante su exposición ante el plenario de comisiones que analiza el proyecto de ley ómnibus, la funcionaria cuestionó que "cuando los gobiernos son peronistas el sindicalismo casi no hace paros, y cuando gobierna otro signo político la cantidad aumenta considerablemente".

Afirmó que "el derecho de la protesta es sin cortar la calle. ¿Está claro? Hagan la manifestación que quieran, pero sin cortar la calle" y señaló que las centrales sindicales "anunciaron el paro con un mes de anticipación", y que eso "parece un chiste".

Bullrich apuntó: "Ustedes lo que pueden hacer es una protesta, lo que no pueden es cortar la calle en un país que está destruido; con 46 millones que no pueden vivir en un país que estaba tomado", y desafió: "Si no les gusta este plan económico, presenten otro a ver si se lo vota la sociedad, tienen el derecho"

La CGT se reunió con la Izquierda, Pichetto y Manes

En tanto, la CGT informó que mantuvo distintas reuniones tanto con el espacio del Frente de Izquierda como con los diputados liderados por Miguel Ángel Pichetto y Facundo Manes, donde coincidieron en la necesidad de rechazar la forma del DNU y oponerse a la reforma laboral que se pretende realizar; ratificar los mecanismos republicanos para tratar cualquier trámite legislativo; discutir en el marco de un diálogo institucional un modelo de país productivo antes que finaciero; poner el énfasis en la mirada social sobre trabajadores, jubilados, pobres e indigentes, que son quienes están padeciendo la devaluación y brutal inflación.

Asimismo, hicieron un pedido formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los tres presidentes de Comisiones de participar de la discusión del tratamiento de la "Ley ómnibus", al tiempo que anunciaron una reunión con la Asociación de Inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires.