La embestida del Gobierno nacional de Javier Milei contra los intermediarios de planes sociales generó una ola de denuncias en provincias gobernadas por el radicalismo y el PRO contra los históricos referentes sociales y grupos piqueteros. En el Norte argentino, los movimientos sociales comenzaron a entregar, voluntariamente, autos oficiales que se los habrían adueñado.

La semana pasada, en Resistencia, provincia de Chaco, media docena de dirigentes sociales como el Clan liderado por Emerenciano Sena o el piquetero Carlos Barraza, a quien detuvieron con una camioneta de la policía y varias escopetas luego de estar prófugo, entregaron, de forma voluntaria, autos, camionetas y hasta un minibús que pertenecían al gobierno provincial. Estaba naturalizado el uso de rodados por parte de grupos piqueteros cooptados por los salientes gobiernos locales como fuerza de choque contra la oposición política.

El 31 de enero pasado, el Ministerio de Seguridad de Chaco, a cargo de Hugo Matkovich, recibió la información que dirigentes sociales de la provincia entregarían rodados entre ellos:

• Una Pick up Ford Ranger DC 4×4 Superduty modelo 2010,
• Una camioneta Ford Ranger y un Renault Master,
• Una camioneta Toyota Hilux 4×2, cabina simple, tipo Pick-Up, modelo 2012
• Una camioneta Ford Ranger 4×4, XL Plus 3.0L TDI,
• Un minibus Mercedes Benz Sprinter 313, Año 2011, entregada el 20 de julio del 2022.

Denuncian que dirigentes sociales vinculados al gobierno saliente de Chaco se quedaban con vehículos de la administración provincial.

Lo insólito de la situación es que los referentes sociales y representantes de Fundaciones que reciben fondos públicos devolvieron los rodados oficiales sin ruedas, baterías, entre otros elementos. Todos los vehículos estaban en desuso.

Dirigentes sociales devolvieron autos del gobierno provincial de Chaco

Agentes de la Comisaría Séptima, junto con la grúa del Departamento Logística, procedieron a secuestrar la Toyota Hilux y la Ford Ranger DC mencionadas. Otro de los vehículos estaba sin las cuatro ruedas, batería, válvula ni correa; mientras que la Ford no poseía batería ni correa. La titularidad de los rodados correspondía a la Secretaría General de Gobernación y al Ministerio de la Producción de la provincia. Hasta el pasado 31 de enero, nadie parecía preocupado por los bienes públicos antes mencionados.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich realiza la investigación pertinente junto con el comisario general (R) Fernando Javier Romero. En Chaco, la actual gestión, está decidida a ir a fondo contra la herencia de sospechas de corrupción vinculadas al gobierno saliente de Jorge Milton Capitanich.

A propósito de Capitanich, este fin de semana, falleció el exministro de Obras Públicas, Omar Judice, señalado como el "De Vido Chaqueño". Había sido condenado a ocho años de prisión por delitos vinculados con la corrupción, pero, por la lentitud judicial, no pasó un solo día en prisión.

El gobierno de Capitanich no habría controlado el uso que se le daba a los vehículos ni su devolución.

Judis quiso ser intendente de la segunda localidad más importante de Chaco: Roque Sáenz Peña, pero nunca pudo ganar una elección a ese cargo. Y fue el segundo funcionario chaqueño que se mudó a Buenos Aires cuando Capitanich desembarcó en la Casa Rosada.

El primero había sido Carlos Sánchez, el contador que eligió "Coqui" para ubicar al frente de la Dirección de Aduanas en medio de la investigación por la causa de narcotráfico más grande de la historia del norte argentino: Carbón Blanco. El fallecido funcionario había asumido como Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable tomándose licencia como rector de la Universidad del Chaco Austral, donde, según confesó en declaraciones radiales, ganaba "como un juez de la Corte Suprema de Justicia".

Fue el hombre fuerte de las obras públicas de Capitanich durante sus dos primeros mandatos como gobernador. Por eso se lo conoce como el "De Vido chaqueño". Las empresas que apadrinaba terminaron investigadas por la Justicia federal. Fue el caso de Tridelta, Koko Construcciones, Silos Chacos SRL y Taller I.

El caso de Tridelta es llamativo. En el edicto publicado en el boletín oficial de la provincia del Chaco del lunes 11 de abril del 2011, su dirección fiscal es la ruta 16, en el kilómetro 491,5. La diputada Marylin Canata viajó hasta la punta oeste de la provincia, en la localidad de Taco Pozo y fotografió el lugar donde se asentaba Tridelta S.A. No encontró nada excepto un paredón que cubría, vaya a saber qué. Para llegar a Taco Pozo la ruta 16 se adentra en Santiago del Estero y luego regresa al Chaco. El pueblo lo gobierna Carlos Ibáñez. El hijo del intendente es socio del empresario Nelson Jorge Varela, señalado como uno de los supuestos "testas" de Judis. A Canata es una dirigente radical que denunció desde el primer día al fallecido Judis. Consultada por este medio, señala la necesidad que tiene el pueblo argentino de recuperar lo robado por los funcionarios condenados por la corrupción.

Media docena de vehículos que utilizaban dirigentes sociales del norte argentino como si se tratasen de sus dueños, parece poco, pero significa un gesto ante un desfalco millonario realizado en el país que, asegura el Presidente Javier Milei que, "no hay plata".