Ante el riesgo del no comienzo de clases, por el reclamo de los gremios docentes a una paritaria nacional, que el Gobierno a través del vocero Manuel Adorni informó se "está evaluando", se suma el pedido por el giro de fondos a las provincias para el pago de los salarios de los trabajadores de la educación.

Los ministros del área de las diferentes jurisdicciones hicieron una advertencia formal a Casa Rosada la semana pasada. En tanto, desde el Congreso, el tema se tradujo en un proyecto de ley que presentaron diputados de Unión por la Patria, encabezados por el pampeano Ariel Rauschenberger. 

Diputados reclaman que Javier Milei extienda el incentivo docente

Los legisladores plantearon que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), creado por la Ley 25.053 en 1998 (producto de la protesta de la Carpa Blanca a fines del menemismo, que llevó más de mil días) sea prorrogado por 5 años. 

En concreto, la aprobación de un proyecto de este tipo podría ser una garantía para su continuidad, ya que Javier Milei confirmó este jueves en declaraciones radiales que no lo extenderá. El presidente señaló que Argentina "es un país federal" y "la responsabilidad de la educación es de los gobernadores".  "Lo tienen que pagar de la propia", lanzó. 

En diálogo con iProfesional, el diputado Rauschenberger sostuvo que la decisión del Gobierno "ya no sorprende, porque sabemos cuáles son las intenciones de este gobierno respecto a la educación, la valoración que tienen de la educación pública y privada, y por ende de los incentivos a nuestros docentes". Y enfatizó: "La educación es un derecho y desde hace décadas el Estado Nacional aporta una parte significativa del salario docente. Para un Gobierno que apuesta al desarrollo, la educación es un eslabón fundamental y la calidad educativa de nuestros estudiantes también lo es. Sin embargo, a días de que regresen a las aulas, nos encontramos con este panorama". 

El autor del proyecto remarcó que la medida "además de injusta es un ajuste, como todas las medidas que el gobierno de Milei propone". "Las provincias se encuentran en una situación de crisis; más de un millón de docentes se verán afectados por esto, y con ello sabemos que también lo estarán las clases y la continuidad educativa de miles y miles de estudiantes de nuestro país", alertó en declaraciones a este medio.  Aseguró que desde UP rechazan "el ajuste, porque defendemos la educación, porque nos importa el futuro de nuestro país y la labor que nuestros docentes desempeñan cada día". "Vamos a seguir dando batalla desde el Congreso de la Nación, representando la voz de argentinos y argentinas trabajadores, de quienes apuestan por el futuro y la educación", sumó. 

Manuel Adorni confirmó que el Gobierno no enviará los fondos educativos a las provincias y los gremios.

En los argumentos de la iniciativa, subrayaron que el FONID "promueve la reducción en la brecha de desigualdad salarial entre las jurisdicciones", dado que los recursos que provienen de él "se encuentran afectados específicamente al mejoramiento de la retribución de los docentes de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, y de las escuelas e institutos oficiales dependientes de las universidades nacionales, de los ministerios del Poder Ejecutivo nacional, de otros organismos oficiales y de las escuelas dependientes de municipios". 

El FONID representa hasta un 20% de la masa salarial docente en algunas provincias

"El Fondo Nacional de Incentivo Docente representa en muchas provincias el 19 o 20 por ciento de la masa salarial docente, que es de las más importantes que tienen las provincias, que son las responsables de otorgarles el derecho a la educación a todos los habitantes", señaló en diálogo con iProfesional el diputado tucumano Pablo Yedlin, quien aclaró que "si bien no tenemos un Presupuesto Nacional nuevo para este año, porque se había reconducido el Presupuesto de 2023 por una decisión administrativa del propio presidente (Javier) Milei", las provincias contemplaban estos recursos para el año. 

En ese sentido, detalló que "Tucumán en 2023 recibió cerca de 9.100 millones de pesos en este concepto y teníamos previsto algo así como 1.150 millones sólo para enero" de 2024. "En cada provincia esto representa un problema, sobre todo cuando están comenzando las paritarias docente", agregó. 

En declaraciones a iProfesional, el opositor expresó: "Proponemos un proyecto de ley que ojalá no haga falta y el Ejecutivo entienda la necesidad de estos recursos para aquello que siempre se declama tanto en las elecciones y la campaña, de que el futuro es importante y que la educación nos va a sacar de esta situación. Pero cuando algunos llegan al poder se olvidan de esto". 

"Esperamos que el Gobierno lo reconsidere y si no, que el proyecto de ley prospere y podamos recuperar este Fondo que entendemos nosotros es importante para la docencia y, por lo tanto, para la educación de Argentina", completó. 

Por su parte, desde el Senado, la rionegrina Mónica Silva solicitó al Poder Ejecutivo un pedido de informes sobre la falta de envío de los recursos previstos por el FONID, que "afecta la liquidación salarial de los docentes de todas las provincias y que en Río Negro afecta seriamente a más de 23 mil educadores".

Diputados presentaron el proyecto para que los recursos previstos del FONID sean girados a las provincias, en medio de la puja entre Nación y los gobernadores

A través de un proyecto de comunicación, la senadora de JSRN reclamó al Gobierno la "urgencia" en sostener el FONID y advirtió que "la falta de recursos de este fondo implica una disminución salarial significativa en un contexto de alta inflación y pone en riesgo el inicio de clases y, en general, la sostenibilidad del sistema educativo".  Al fundamentar su pedido, Silva, quien responde al gobernador Alberto Weretilneck, recordó que la Ley Provincial 4.819 establece que "la educación constituye un derecho social y un bien público que obliga al Estado Provincial con la concurrencia del Estado Nacional a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio".

"Es por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo que informe sobre la falta de remisión de los fondos referidos y sobre la continuidad del FONID, que consideramos de necesidad urgente para garantizar el derecho de educación en nuestras provincias y en la Nación en su conjunto", insistió.

La historia del FONID

En los argumentos de su iniciativa, los diputados de UP recordaron que la vigencia del FONID se prorrogó de forma sucesiva desde 2004, habiendo sido la última a partir del 1ro. de enero de 2022, por el término de dos años, bajo el decreto 88/22 de Alberto Fernández. "Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo", alertaron. 

El FONID, que estuvo vigente por 25 años, fue creado por la Ley 25.053 a partir del 1ro. de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre del 2003, y para su financiamiento el Congreso Nacional creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones. En agosto del mismo año se comenzó a pagar el incentivo, con la primera recaudación.

En el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis de fines de 2001, el FONID no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. "Se produjeron en consecuencia retrasos en la cancelación de las cuotas de incentivo. Una vez superada la crisis de 2001, se restablece el financiamiento educativo por parte del Estado nacional con mayor protagonismo. Desde fines del 2003 el entonces Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación instaura un esquema de cancelación gradual de la deuda; y desde 2004 el Estado nacional comienza a cancelar dicha deuda con un adicional al incentivo. A principios de 2005, se canceló el rezago de las transferencias del FONID", enumeraron los diputados de UP. El FONID se consolida finalmente con la sanción de un conjunto de leyes (Financiamiento Educativo; Educación Nacional y Educación Técnico Profesional) bajo la presidencia de Néstor Kirchner.