Gita Gopinath abrió mucho los ojos, en una expresión de gran sorpresa. Javier Milei sabía que generaría esa reacción de parte de la vicedirectora del FMI, que en su reunión privada en la Casa Rosada lo escuchó describir su nueva idea: un proyecto de ley por el cual se penalice con prisión a todo funcionario que emita dinero para financiar, directa o indirectamente, el déficit fiscal. Y que, además, la misma pena corra para los diputados y senadores que aprueben presupuestos sin financiación.

Milei insinuó que este proyecto podría estar entre los próximos anuncios, posiblemente en la inauguración de las sesiones legislativas.

El presidente ha hecho de ese tipo de gestos una de sus fortalezas políticas, porque refuerzan su imagen de persona decidida a no renunciar a sus principios y que, ante cada revés político, está dispuesto a redoblar la apuesta.

Fue así, por ejemplo, que desató la guerra fiscal con las provincias cuando le retacearon su apoyo para la aprobación de la ley ómnibus. El mensaje tácito era que su circunstancial minoría en el Congreso no sería un obstáculo para que él cumpliera el objetivo del equilibrio fiscal.

Y, en este caso, su sorpresiva promesa de atarle las manos al Banco Central va en la misma línea. No fue casualidad que Milei haya elegido la circunstancia de la visita de Gopinath para anunciar su decisión: él sabía que la directiva del FMI recibiría más tarde a varios economistas y empresarios, que le darían una visión escéptica respecto de su capacidad para sostener el drástico plan de ajuste.

Y, efectivamente, eso fue lo que ocurrió: en la oficina del FMI frente a la plaza Libertad, Gita escuchó dudas sobre el límite de la paciencia social, sobre todo cuando se sienta a pleno la actualización de las tarifas de servicios públicos.

Javier Milei le adelantó a Gita Gopinath su proyecto para criminalizar la emisión monetaria, como forma de reforzar la credibilidad de su plan fiscal

Gerardo Martínez, representante de la CGT, fue drástico al señalar que lo que se viene es un agravamiento de la conflictividad.

Y los economistas le señalaron que el superávit de enero es producto de una situación excepcional: recaudación tributaria que creció al ritmo de la inflación, en conjunto con gastos estatales que fueron licuados o, en algunos casos, directamente pospuestos para más adelante.

Para colmo, la caja de la AFIP se ha hecho más dependiente de impuestos que están llamados a desaparecer en el futuro, como el impuesto PAIS -que ya representa casi un 10% de la recaudación-, que el propio Milei dijo que no sobreviviría una vez que fuera levantado el cepo cambiario.

¿Legisladores presos por votar el presupuesto?

Para contrarrestar las razonables dudas que Gopinath se pueda haber llevado de Argentina, Milei desplegó su golpe de efecto. Y la sorpresa de la funcionaria está bien fundamentada: si una ley de ese tipo se generalizara, prácticamente no existiría país en el mundo en que los presidentes de los bancos centrales no terminaran presos.

Milei llevó más lejos aun su compromiso, porque no se limitó a decir que prohibirá la asistencia monetaria directa desde el Banco Central al Tesoro, que es la forma más burda de financiación del déficit, sino que tampoco tolerará otras formas más indirectas y sofisticadas, como la compra de bonos del Tesoro por parte del BCRA.

Esta práctica fue corriente durante casi toda la gestión de Alberto Fernández, sobre todo cuando hubo volatilidad alta en la cotización de los títulos de deuda soberana. Y en buena medida esas prácticas se realizaron con la tolerancia o la "vista gorda" -a la hora de la auditoría- del propio FMI.

Pero Milei va más lejos: según le explicó a Gopinath, está dispuesto a prohibir la aprobación de presupuestos que impliquen un déficit. Y no se limitará a declararlos nulos sino que, además, prometió que todos los legisladores que voten un presupuesto sin financiación sean pasible de castigos penales.

Para el presidente, ese ese tipo de gestos duros los que cimentan su credibilidad en el mercado y es lo que hace que, pese a sus reveses políticos, no se haya disparado el dólar en las últimas semanas.

Milei, en pleno conflicto con el Congreso, amenaza con tipificar como delito la aprobación de presupuestos que no tengan financiamiento genuino

Pero en el plano legal, es probable que los abogados constitucionalistas hagan una larga lista de objeciones sobre un proyecto de este tipo, que no solamente elimina por ley la posibilidad de hacer política monetaria sino que hasta criminaliza la toma de medidas técnicas como la compra de bonos o el accionar legislativo en la aprobación de presupuestos.

Pero acaso ese sea, desde el punto de vista de Milei, un tema menor: lo verdaderamente importante no era que el proyecto de ley fuera realmente aprobado, sino el mero hecho de enunciarlo. Ahí estaba implícito un nuevo mensaje político: ante las dudas sobre si en algún momento aflojaría con su objetivo del "déficit cero", estaba dispuesto a levantar la apuesta, una vez más.

Otro espejo con el kirchnerismo

Así como no fue casual la elección de la interlocutora a la cual le contó su idea, tampoco es casual el "timing" del anuncio: en vísperas de su esperado discurso ante el Congreso el viernes 1° de marzo, para inaugurar el año legislativo.

No será un mero acto formal, desde ya: viene precedido por el revés con la ley ómnibus y por la consiguiente guerra con los gobernadores provinciales y los legisladores -tanto peronistas como de fuerzas aliadas- que no votaron las drásticas medidas de ajuste fiscal.

Enunciar, ante la asamblea general, que está dispuesto a criminalizar -y plasmarlo en un proyecto de ley- la tradición argentina de votar presupuestos con déficit es una garantía de polémica.

Sin embargo, tampoco puede afirmarse que la actitud de Milei sea una novedad para el panorama político argentino: una vez más, el presidente asume un involuntario paralelismo con el kirchnerismo.

A fin de cuentas, fue a instancias de Cristina que, durante el período anterior, se asimiló a una conducta delictiva la asunción de deuda externa. Que, en definitiva, es una de las formas de financiar déficit público que tienen los gobiernos con acceso al crédito.

Fue Alberto Fernández, en la apertura de las sesiones del 2021, quien primero planteó la cuestión. Equiparó el endeudamiento con los conceptos de "administración fraudulenta" y "malversación de fondos".

En la apertura de sesiones de 2021, Alberto Fernández anunció una querella del Estado contra los funcionarios que asumieron deuda externa

En aquella ocasión anunció que el Estado sería querellante contra los funcionarios que habían firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo cual, en principio, afectaba a Federico Sturzenegger y a Nicolás Dujovne, pero eventualmente también a Mauricio Macri, que como presidente tenía la responsabilidad política máxima por la política económica.

Curiosamente, un tipo de argumentación jurídica que asignaba la posibilidad de criminalizar una decisión de política económica, algo que la propia Cristina siempre cuestionó cuando ella sufrió el mismo tipo de acusación por la causa del "dólar futuro".

El riesgo del efecto boomerang

Por las ironías de la política argentina, un año más tarde, la inauguración de las sesiones legislativas del 2022 encontró a Alberto Fernández negociando con el macrismo para que votaran el nuevo acuerdo "stand by" con el FMI, negociado por el entonces ministro Martín Guzmán y que el kirchnerismo se negaba a aprobar.

Cristina no solamente cuestionaba los aspectos técnicos del acuerdo con el Fondo, sino que además criticaba sus consecuencias políticas: implicaba que el Congreso "legalizara" la deuda tomada por Macri en 2018 y, para peor, que aquella deuda macrista pasara ahora a transformarse en una nueva deuda peronista.

Finalmente, de los 118 diputados del Frente de Todos, 28 kirchneristas votaron en contra y 13 se abstuvieron, lo cual dejó a Alberto Fernández en la necesidad de negociar con Juntos por el Cambio para que el proyecto tuviera aprobación parlamentaria. Una tarea, dicho sea de paso, en la que el rol de interlocutor con la oposición le correspondió a Sergio Massa.

El resto de la historia es conocido: nadie fue juzgado ni sancionado por haber tomado la deuda con el Fondo, y aquella sobreactuación de dureza por parte de Alberto Fernández se terminó transformando en un efecto boomerang.

Tres años más tarde, Milei parece embarcarse en una estrategia similar: convencido de que la credibilidad de su plan económico depende de su dureza e inflexibilidad, está dispuesto a convertir la monetización del déficit fiscal en un delito.

Y, como le ocurrió a Alberto, existe la posibilidad de que esa estrategia, en un futuro acaso no tan lejano, se le pueda volver en contra.