El Gobierno busca sumar un nuevo filtro a la hora de contratar empleados públicos
La embestida contra la denominada casta política del presidente Javier Milei se profundiza cada vez más.
Con el escándalo por la caída de Ficha Limpia y las acusaciones cruzadas con el macrismo de fondo, el Gobierno busca ahora continuar su ofensiva contra la casta.
Empleados públicos y funcionarios: el Gobierno busca aplicar nuevo filtro
Se trata de un proyecto impulsado en las últimas horas por diputados libertarios, encabezados por la mendocina Mercedes Llano y que firman, entre otros, Lilia Lemoine y la salteña María Emilia Orozco, que propone establecer un período de "Abstinencia Política" para los futuros nombramientos en cargos superiores del Estado.
Según el texto, se busca "despartidizar" organismos e institutos públicos, garantizando su autonomía y jerarquizando su composición con funcionarios idóneos.
Los organismos que abarca la iniciativa son la AGN, Magistraturas, Defensoría de la Nación, Oficina Anticorrupción, entre otros.
La propuesta, sostienen los diputados, pretende introducir "una barrera institucional que garantice la transparencia y despolitice la designación de funcionarios, especialmente los nombrados por el Poder Ejecutivo y magistrados.
"Será un paso significativo hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones, demostrando a los argentinos que los cargos vacantes deben ser cubiertos por agentes con cualidades técnicas y morales, lo cual es una exigencia a gritos de nuestra ciudadanía", enfatizaron los diputados oficialistas.
Creen que con esta iniciativa se garantizará que los funcionarios en posiciones clave sean elegidos "por su competencia técnica e independencia, en lugar de por sus conexiones políticas, lo que contribuirá significativamente a la transparencia y al combate contra la corrupción endémica".
Los diputados afirman que Argentina "necesita enviar un mensaje claro sobre los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad institucional y reafirmar los valores republicanos que han sido desatendidos en numerosas ocasiones".
"La abstinencia política, por ende, se convierte en un mecanismo de salvaguarda que pretende preservar la neutralidad y la transparencia en la administración del Estado, asegurando que las decisiones se tomen en función del bien común y no de agendas personales o partidistas", señalan.
¿Quiénes podrán ocupar organismos públicos?
Si bien la norma es clara, se exceptúan de las restricciones a aquellos individuos que puedan demostrar su idoneidad en la materia a través de certificaciones, credenciales académicas y experiencia profesional relevante, emitidas por instituciones reconocidas y válidas en el ámbito correspondiente.
Esa evaluación de la idoneidad será realizada por un Comité Evaluador compuesto por expertos en la materia, quienes determinarán, en un plazo no mayor a 30 días a contar desde que el interesado afirme haber entregado todos sus antecedentes, si el postulante cumple con los requisitos necesarios para ocupar el cargo en cuestión.
El proyecto establece que las personas propuestas para determinados cargos deberán demostrar que en un lapso inmediatamente anterior de 10 años al momento del pretendido nombramiento, no tuvieron filiación a un partido político ni fueron precandidatos o candidatos.
También, deberán probar que no ocuparon efectivamente puestos electivos, de confianza política o de carrera, ya sean temporarios, permanentes o contratados en cualquiera de los tres poderes del Estado Nacional.
¿Para qué cargos se aplicaría la medida?
El proyecto establece cuáles son los organismos incluidos:
- Magistraturas del Poder Judicial de la Nación, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación
- Magistraturas del Ministerio Público Fiscal de la Nación
- Procurador General de la Nación
- Defensor General de la Nación
- Defensor del Pueblo de la Nación y sus adjuntos
- Presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación
- Síndico General de la Nación y los síndicos generales adjuntos de la Sindicatura General de la Nación
- Oficina Anticorrupción
- Autoridades superiores de los entes reguladores y de los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional y de los servicios públicos concesionados
- Autoridades superiores de los organismos administrativos que ejerzan funciones jurisdiccionales