Kicillof contra el uso del dólar colchón: ARBA lo llamó un "blanqueo encubierto" y seguirá con los controles

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) expresó duras críticas al nuevo paquete fiscal anunciado recientemente por el Gobierno nacional, al que calificó como un "blanqueo encubierto" que carece de seguridad jurídica y sustento normativo. Así lo señaló Cristian Girard, director ejecutivo del organismo, quien además adelantó que la provincia mantendrá intacta su estrategia de fiscalización.

El jueves pasado, el Gobierno lanzó un nuevo régimen fiscal con el objetivo de incentivar a los ciudadanos a ingresar al circuito financiero los dólares ahorrados en la informalidad. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) eliminó ciertos regímenes de información y elevó los umbrales de otros, mientras que también anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para "proteger a los ahorristas" frente a eventuales cambios de administración.

Críticas desde la Provincia al "nuevo blanqueo": "Carece de seguridad jurídica"

Desde ARBA, sin embargo, descartaron que estas medidas modifiquen el escenario impositivo vigente. "No se introdujeron cambios normativos reales. Las disposiciones carecen de seguridad jurídica y parecen más bien una promesa electoral que una política tributaria sólida. Además, se enmarcan en un contexto de urgencia por la falta de acumulación de reservas durante la liquidación de la cosecha gruesa", afirmó Girard.

El nuevo esquema, que se enmarca en el denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", permite que los contribuyentes realicen gastos mensuales de hasta $50 millones (alrededor de u$s40.000) sin ser reportados por el fisco.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, esta iniciativa busca liberar a los ciudadanos de ciertos controles financieros. "Cada persona puede gastar sus ahorros sin problemas, porque ARCA no recibe esa información y no puede fiscalizarla", sostuvo.

Sin cambios para la fiscalización bonaerense

Frente a esto, los fiscos provinciales evalúan su posicionamiento. En el caso de Buenos Aires, ARBA fue tajante: las medidas nacionales no afectan las competencias ni la normativa tributaria provincial. "Esto es una adhesión personal, no automática ni obligatoria para las provincias", señalaron fuentes del organismo.

Girard insistió en que el plan del Gobierno encubre una estrategia para legitimar fondos no declarados. "Se lo presenta como una medida para proteger a los ahorristas, pero en realidad se trata de un mecanismo de blanqueo que habilita la legalización de flujos de dinero sin declarar. No se enfoca en los ahorros ya acumulados, sino en evitar que estos fondos sigan en la informalidad esperando un nuevo blanqueo. La legislación penal tributaria y de prevención del lavado de activos sigue vigente, lo cual deja a los contribuyentes en una zona gris legal", advirtió.

Desde ARBA también aclararon que no habrá modificaciones en los mecanismos de control ni en las obligaciones impositivas en la provincia. No obstante, reconocieron que podría haber impactos indirectos en tributos como el inmobiliario, automotor o sobre embarcaciones, si llegaran a declararse bienes previamente no registrados.

En cuanto a la estrategia fiscal bonaerense, Girard fue enfático: "No se han producido cambios sustanciales. Los regímenes de información continúan vigentes y nuestras acciones de control seguirán su curso".

Además, remarcó la falta de claridad del nuevo régimen. "Mientras no exista una ley aprobada por el Congreso, todo queda en el aire. Si una persona adhiere al régimen y luego se determina que usó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. Esto no es una amnistía ni un nuevo orden tributario. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar, y eso implica una gran responsabilidad para quienes deciden no reclamar lo evadido", agregó.

Por otro lado, Girard reconoció como positiva la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias, que busca formalizar a los monotributistas y eximirlos de ciertos controles patrimoniales. Sin embargo, advirtió que aquellos que no se inscriban seguirán bajo el régimen general, con riesgos de recategorizaciones y sanciones retroactivas.

Finalmente, concluyó: "Desde ARBA vamos a seguir trabajando para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales con todas las herramientas legales disponibles. Nuestro compromiso es que quienes tienen mayor capacidad contributiva paguen lo que corresponde. Solo así se puede construir un sistema justo y sostenible, que financie políticas públicas para toda la sociedad".