El Gobierno pidió reimprimir las boletas en Buenos Aires y confía en que la Justicia habilite a Santilli
La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires reconfiguró el escenario electoral de La Libertad Avanza (LLA). El Gobierno presentará hoy la baja formal ante la Justicia y solicitará que Diego Santilli sea habilitado como cabeza de lista, lo que implicaría la reimpresión total de las boletas únicas (BUP) ya distribuidas.
La decisión será presentada ante el Juzgado Federal con competencia electoral de Buenos Aires, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Según confirmaron fuentes partidarias, el apoderado nacional de LLA, Santiago Viola, entregará la documentación que oficializa la renuncia de Espert y pedirá dos medidas concretas: que Santilli encabece la lista y que se reimpriman las boletas con los cargos nacionales correspondientes a la provincia.
Desde el entorno del oficialismo aseguran que las boletas con la imagen de Espert ya están impresas en un 80% del total previsto, lo que complica la logística. "En principio vamos a pedir la reimpresión total", reconoció una fuente del equipo que prepara la presentación. El costo estimado supera los 10 millones de dólares.
Quién paga el costo de las nuevas boletas: el reclamo opositor
El punto más controvertido gira en torno a quién deberá afrontar el gasto. Desde La Libertad Avanza afirman que la responsabilidad financiera recae en el Ministerio del Interior, encabezado por Lisandro Catalán, funcionario que responde al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Francos declaró que respalda la reimpresión total, aunque aclaró que la decisión final será del juez Ramos Padilla: "El juez verá si los plazos dan para imprimir una boleta diferente. Entiendo que una parte ya está impresa y otra no".
Sin embargo, la oposición en el Congreso presentó un Proyecto de Resolución para que el gasto sea absorbido por La Libertad Avanza y no por el Estado. Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein sostienen que la coalición gobernante debe responder por los costos de su "impericia política".
El proyecto impulsado por Paulón y Fein apela al propio eslogan de campaña del presidente Javier Milei, recordando que "no hay plata" para cubrir gastos extraordinarios. En ese sentido, los legisladores denunciaron que el oficialismo "hace aparecer fondos" para viajes o beneficios fiscales, pero pretende que "el conjunto de la sociedad pague por sus errores políticos".
En el texto, los diputados argumentan que si se dispone la reimpresión de los 14 millones de boletas bonaerenses, el costo debe recaer sobre el partido oficialista: "Es de estricta justicia que si se ordena la reimpresión, el gasto sea absorbido por LLA, dado que fueron responsables de sostener hasta último momento una candidatura fallida".
El documento advierte además que una nueva erogación estatal sería una "defraudación a la confianza ciudadana" y afectaría la integridad del sistema democrático.
La salida de Espert y el apoyo de Milei
La dimisión de Espert se precipitó tras los cuestionamientos por sus presuntos vínculos con el empresario Federico Machado, investigado por narcotráfico. Aunque había asegurado que seguiría en carrera, el economista anunció su retiro mediante un mensaje en X, afirmando que enfrentará la Justicia "sin fueros ni privilegios".
Minutos después, Javier Milei compartió su publicación y expresó su respaldo: "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".
Con esta señal, el Presidente buscó cerrar filas internas y preservar la unidad de su espacio, aunque el problema logístico y jurídico de las boletas impresas sigue abierto.
El dilema judicial y los plazos electorales
El juez Ramos Padilla deberá resolver en las próximas horas si autoriza la sustitución del candidato y si existen condiciones para imprimir nuevamente las papeletas. La resolución será clave no solo para el cronograma electoral bonaerense, sino también para la campaña nacional de La Libertad Avanza, que apuesta a mantener el orden tras semanas de turbulencia.
Mientras tanto, el debate se centra en el impacto económico y legal de una medida de este tipo. Para el oficialismo, se trata de un paso necesario para garantizar la transparencia de la elección. Para la oposición, una muestra más de improvisación y gasto injustificado en plena crisis fiscal.