El Congreso de Perú destituyó a Dina Boluarte en medio de una grave crisis institucional
El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, tras aprobar su vacancia por "permanente incapacidad moral" para ejercer el cargo. La decisión, adoptada en una sesión de emergencia con 123 votos a favor de los 130 parlamentarios presentes, se produjo en medio de una creciente ola de violencia y descontento social que sacude al país.
En reemplazo de la mandataria, asumió José Jerí, abogado de 38 años y hasta ese momento titular del Congreso. Juró como presidente interino en las primeras horas del viernes y ejercerá hasta julio de 2026, cuando culmina el actual período presidencial. Las elecciones generales están previstas para abril del mismo año.
Una destitución marcada por la violencia y la falta de apoyo político
La decisión parlamentaria se tomó tras una maratónica sesión en la que Boluarte fue acusada de no haber respondido adecuadamente a la crisis de inseguridad que atraviesa Perú. El detonante habría sido un tiroteo ocurrido durante un concierto en Lima, que dejó cinco heridos y profundizó la sensación de descontrol frente al avance del crimen organizado.
Boluarte no se presentó al Congreso para ejercer su defensa. Horas después, afirmó que la decisión "afecta la democracia del país" y se definió como "una mujer demócrata que ha trabajado por el bienestar del pueblo". Sin embargo, su mandato —iniciado en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo— llegó a su fin menos de tres años después.
Desde 2016, Perú ha tenido siete presidentes, tres de ellos destituidos por el Congreso. La sucesión constante de gobiernos refleja una prolongada crisis política que no logra estabilizarse.
Los argumentos del Congreso
La moción aprobada contra Boluarte se basó en la figura de "incapacidad moral permanente", prevista por la Constitución peruana. Fue impulsada por partidos de distintos bloques, incluidos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, que hasta ahora habían protegido a la mandataria.
El debate se aceleró luego de que el Congreso admitiera cuatro pedidos de vacancia y convocara a la presidenta a defenderse en la misma jornada. Ante su ausencia, la mayoría parlamentaria avanzó con la votación y declaró la vacancia del cargo.
Tras el anuncio, el propio José Jerí —como jefe del Parlamento— tomó juramento y asumió de inmediato la jefatura del Estado. En su primer discurso, señaló: "El principal enemigo está afuera, en las calles: las bandas criminales y las organizaciones que aterrorizan al país. Debemos declararles la guerra."
El gobierno de Boluarte estuvo marcado por acusaciones judiciales y fuertes protestas sociales. En los primeros meses de su mandato se registraron más de 500 manifestaciones, en su mayoría en el sur andino, que dejaron 50 civiles muertos, incluidos menores de edad. Diversos organismos internacionales denunciaron uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.
Además, la exmandataria enfrentaba tres investigaciones fiscales: una por la represión de protestas, otra por presunto abandono de cargo cuando se sometió a una cirugía sin autorización del Congreso, y una más por el llamado "Rolexgate", tras aparecer con joyas no declaradas.
Con su destitución, Boluarte pierde el fuero presidencial y podrá ser procesada judicialmente.
El nuevo escenario político
La llegada de José Jerí al poder abre un nuevo capítulo en la política peruana, pero también plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y la capacidad de su administración para enfrentar la crisis de seguridad. Jerí, líder del partido Somos Perú, asumió con un discurso centrado en la lucha contra el crimen organizado y la necesidad de "restaurar el orden".
El gabinete encabezado por Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, había acudido al Congreso poco antes de la votación para exponer un plan contra la delincuencia. "No nos aferramos al cargo; sabíamos que cada día podía ser el último", declaró Arana, defendiendo la gestión de Boluarte.La inestabilidad política se acentuó desde el intento fallido de Pedro Castillo de disolver el Congreso en 2022, hecho que derivó en su destitución y arresto. Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el cargo pese a haber prometido que renunciaría si Castillo era removido. Aquella decisión generó un quiebre con parte de la ciudadanía, especialmente en regiones rurales.
El clima de descontento se intensificó en los últimos meses, con marchas encabezadas por jóvenes del colectivo Generación Z y protestas de transportistas que paralizaron Lima.
El atentado en el concierto de cumbia de la banda Agua Marina, ocurrido la noche del miércoles, fue el último detonante. Los disparos, según testigos, provinieron desde detrás del escenario y desataron el pánico entre el público. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas músicos y asistentes.
Perú enfrenta así una nueva transición presidencial en menos de tres años, en un contexto de creciente violencia, desconfianza institucional y fragmentación política.
Con la salida de Boluarte, el país vuelve a quedar en manos del Congreso, un poder que ha ejercido un rol central en la remoción de mandatarios desde 2016. Mientras tanto, la población espera señales de estabilidad en un escenario donde la crisis de seguridad y la falta de legitimidad política se combinan como los principales desafíos del nuevo gobierno.