El Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y pediátrico, pero postergó su aplicación

El Gobierno Nacional promulgó las leyes de Financiamiento Universitario (Ley 27795) y Emergencia Pediátrica (Ley 27796), pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso de la Nación delimite el financiamiento e incluya las partidas en el Presupuesto Nacional. 

A través de dos disposiciones 759/2025 y 760/2025, publicadas en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo pospuso la aplicación de ambas legislaciones, que fueron ratificadas por la Cámara de Diputados y la de Senadores pese al veto del presidente Javier Milei, al argumentar el impacto fiscal que generarían.

La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente apuesta a "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina".  Asimismo, obliga a la actualización automática ajustada a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con las leyes promulgadas, el Gobierno volvió a ampararse en el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, el cual establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

Asimismo, citó el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional, el cual prevé que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".

Por qué el Gobierno posterga su aplicación

Según señaló el Gobierno en los Decretos 759 y 760, publicados este martes en el Boletín Oficial, la ejecución de la medida que prevé mayores fondos para las universidades nacionales conllevaría en 2025 un costo de más de un billón de pesos, mientras que la iniciativa denominada "Ley Garrahan", implicaría una erogación de 196 mil millones de pesos. 

El Poder Ejecutivo señaló que ambas normas "incrementan de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, generan un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables".

Por todo esto, el Ejecutivo promulgó ambas leyes, pero suspendió su ejecución "hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento e  incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".

No es la primera vez que la Casa Rosada recurre a esta maniobra. Hace algunas semanas, aplazó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad por el mismo motivo, luego de que el Congreso volteara otro veto del mandatario.