Escándalo de las fotomultas: procesaron y embargaron por $350 millones al exministro de Kicillof
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió procesar al exministro de Transporte bonaerense Jorge Alberto D’Onofrio por presunto lavado de activos de origen ilícito, en el marco de una investigación vinculada a irregularidades con multas de tránsito y la VTV. La medida incluye un embargo por $350.000.000, aunque el exfuncionario continuará en libertad.
La misma resolución alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, quien también fue procesado y recibió un embargo de $300.000.000.
En el caso de D’Onofrio, el procesamiento quedó agravado por su condición de funcionario al momento de los hechos. Para Asensio, en cambio, el magistrado descartó ese agravante debido a que no se acreditó una relación funcional directa con la maniobra investigada.
La inhibición general de bienes que pesa sobre ambos imputados -vigente desde el 20 de marzo de 2025- continuará firme.
Corrupción con fotomultas y la VTV: el origen de la causa
La investigación comenzó el 5 de septiembre de 2024, luego de una denuncia que señalaba que D’Onofrio lideraba junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo "una estructura criminal integrada por distintos estamentos, con división de funciones y claro establecimiento de jerarquías…", diseñada para desviar fondos provenientes del cobro de multas de tránsito en municipios bonaerenses. Según esa presentación, los recursos sustraídos eran utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles simulando un origen lícito, incluso mediante prestanombres.
Uno de los elementos centrales del expediente fue la compra de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio el 19 de octubre de 2023 por un monto declarado de $30.000.000, pese a que la cobertura de seguro del vehículo ascendía a $173.800.000 en ese período.
De acuerdo con la investigación, D’Onofrio era quien ejercía el uso y control real del vehículo: figuraba autorizado para conducir desde la compra y abonaba el servicio de Telepase asociado.
Además, la operación incluyó un contrato de mutuo entre Asensio y la empresa Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario S.A. por $30.000.000, una firma cuyos accionistas son los padres de Asensio y que -según determinó la Justicia- no posee actividad económica comprobable ni domicilio operativo.
La resolución sostiene que la diferencia entre el valor asegurado y el precio declarado, sumada al contrato de mutuo sin respaldo verificable, configura una maniobra orientada a ocultar al verdadero titular del vehículo y el origen de los fondos empleados. Más tarde, el Audi fue transferido al tercero Sebastián Eduardo Berterretche el 12 de noviembre de 2024, el mismo día en que la Cámara Federal de San Martín confirmó la competencia del juzgado de Campana.
Las declaraciones de los imputados
D’Onofrio negó haber sido propietario de la camioneta y dijo haberla conducido solo una vez: "Una vez que vinieron a comer a casa y salí a probarla, nada más", aseguró. Luego explicó que Asensio le entregó la cédula azul en un contexto de "momentos convulsionados" en plena campaña política, describiendo el gesto como un ofrecimiento "por si necesitaba alguno de los vehículos".
Respecto al pago del Telepase, afirmó: "como a mí me quedaba mucho más cerca que a él la estación de Autopistas del Sol donde se entregaba el TAG, pase yo a retirarlo, lo pagué con mi tarjeta de débito, pero tiene que ver con esa familiaridad que tenemos con Facundo".
Asensio, por su lado, declaró que compró el vehículo con fondos surgidos de la venta de un terreno perteneciente a la sociedad familiar y que decidió otorgarle una cédula azul a D’Onofrio.
El juez consideró que ambas versiones resultan inconsistentes y que los elementos reunidos muestran que Asensio actuó como interpuesto registral, es decir, un testaferro, en un esquema clásico de disimulación patrimonial característico del lavado de activos.
La salida de D’Onofrio del Gobierno
El exministro presentó su renuncia el 30 de diciembre, alegando "motivos personales", luego de varias semanas de creciente desgaste por el avance de esta causa y por otra investigación que tramita en La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, por presuntas maniobras de corrupción vinculadas a fotomultas y la VTV.
En ese expediente paralelo, D’Onofrio está imputado como partícipe necesario en delitos de fraude contra la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por el sistema de multas, y como autor en los hechos vinculados con la VTV.