Milei acelera la reforma laboral: su plan para reducir los juicios y crear un fondo para financiar despidos

Cuando parecía que el tratamiento de la reforma laboral quedaría para febrero o marzo, Javier Milei ordenó acelerar y poner sobre la mesa la reforma laboral, una de las iniciativas con mayor impacto de la administración libertaria, cuestionado por la CGT.

Entre los ejes de la "modernización" del mercado de trabajo sobresale el interés oficial por poner límite a la denominada "industria del juicio", que se convirtió desde hace años en un dolor de cabeza para las empresas, con montos imposibles de afrontar por muchas pymes que quedan al borde de la quiebra.

Javier Milei acelera la reforma laboral: industria del juicio e indemnizaciones más baratas

Estudios jurídicos actúan en connivencia con los jueces laborales para que esto suceda, es la lectura que hacen en la Casa Rosada, y prometen cortar de raíz ese "negocio".

Con ese objetivo, el proyecto definirá una reducción en la base de cálculo de las indemnizaciones, al no incluir las vacaciones o el aguinaldo.

Pero, en el punto que promete desatar más polémica con los sindicatos -que ya empezaron las marchas de protesta-, propondrá la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos.

Ese FAL recibirá el aporte del 3% de las empresas al SIPA, según consta en la iniciativa oficial que será defendida por los legisladores libertarios, que ya tienen la primera minoría en la Cámara baja.

No será el único golpe de gracia que se buscará darle a los gremios. El proyecto prevé la eliminación lisa y llana de la denominada "ultraactividad".

Se trata de un concepto clave que históricamente la CGT ha defendido. Es que esta iniciativa oficial pondría fin a la continuidad de los convenios colectivos más allá de su vencimiento.

También fijará la prioridad de las negociaciones convencionales por empresa por sobre las de actividad.

En los considerandos se destaca que apunta a reducir el costo laboral de las empresas.

Y también a flexibilizar —una palabra maldita en la historia laboral argentina— de las condiciones de contratación.

Si hay algo que en estos dos años de administración, Milei no ha podido lograr es crear fuentes de trabajo. Todo lo contrario: se produjeron más de 300 mil despidos durante su mandato.

En el Gobierno aseguran que esta ley fomentará el empleo. Entre los gremios sostiene lo contrario: "No solo no creará puestos de trabajo, sino que hará más precarios los existentes, ya golpeados de por sí por el crecimiento de los monotributistas en las plantillas laborales", señalan desde la CGT.

El proyecto también pone límites al derecho de huelga y la percepción de los aportes de los afiliados a los sindicatos.

Y en un punto reivindicado por las empresas, rebaja las contribuciones patronales.

"Este combo permitirá una rápida creación de empleo, en un año que será mucho menos volátil porque no habrá elecciones", especulan desde la Secretaría de Empleo.

"Lo que más se destaca sobre la modernización laboral es: ultraactividad, prelación de convenios y carga fiscal laboral. Hay un montón de cosas, hay temas para trabajadores autónomos, de plataformas, cambios en el trabajo agrario y la derogación de normas obsoletas como la Ley de teletrabajo, que no tuvo el efecto deseado", dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dar ninguna especificación sobre la reforma.

Desde el lado de la UIA, se propuso computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal y que se avance en reformas puntuales como vacaciones fraccionadas, banco de horas y pago en cuotas de sentencias laborales.

Para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se trata de una reforma laboral "muy balanceada, para que haya más empleo en la Argentina, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir".

En la CGT cuestionan con dureza el proyecto y señalan que fue redactado en forma directa por asesores de las grandes empresas, como Julián De Diego, tal vez uno de los más prominentes letrados a favor de la flexibilización.

La reforma tendrá varias espadas defensoras, empezando por el propio Sturzenegger, quien desde hace tiempo viene tratando de imponer en la agenda la necesidad de que los convenios colectivos sean por empresa y por región.

El desafío será acabar con un esquema laboral que tiene 80 años de vigencia en la Argentina, y que claramente ya no contribuye a generar trabajo, sino más bien traba esa posibilidad, afirman cerca de Adorni.

Con esa lógica, el proyecto reduce la cantidad de conceptos que integran la remuneración a los fines de ser considerados para el cálculo de las indemnizaciones por despidos.

En esa lógica, beneficios como vacaciones, aguinaldo, propinas o premios no serán considerados "salarios en especie", por lo que no serán tomados en el cálculo indemnizatorio.

Y, en lo que constituye el punto más polémico y a la vez audaz, se crea el concepto del "salario dinámico", por el cual se posibilita incorporar un salario adicional basado en el mérito "personal" del trabajador.

Igual, ese extra tampoco será considerado al momento del resarcimiento por despido.

El FAL, uno de los cambios más polémicos

El proyecto diseña un sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despidos, llamado FAL.

Surgirá del aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema integrado previsional argentino.

Para tranquilidad de las empresas, ese dinero será descontado de la contribución empresaria al sistema previsional.

De esta forma, terminaría siendo el Estado -vía baja de impuestos-, el que terminaría financiando el pago de las indemnizaciones.

Vacaciones y banco de horas

La iniciativa brinda además cobertura legal a la posibilidad de convenir el fraccionamiento de las vacaciones por un mínimo de 7 días.

Y crea el "banco de horas", que permitiría a las firmas compensar "horas extraordinarias" del trabajador con "francos" en lugar de pagar las clásicas horas extras. Más reducción de costos en perjuicio del ingreso de los empleados.

Contempla también un régimen de incentivo a la creación de empleo formal mediante una reducción de las cargas patronales.

Los beneficios regirán por un año y prevén una alícuota del 2% por contribuciones patronales; alícuota del 3% al PAMI y del 3% al Fondo de Asistencial Laboral.

En todos los casos será aplicable para los primeros 4 años de inicio de la nueva relación laboral.

Según trascendió, dispone para el empleo ya registrado una reducción de las contribuciones para el funcionamiento de las obras sociales a cargo del empleador de un 6%, lo que impactaría sobre las cajas sindicales.

En materia de reducción de cargas, también prevé que se reduzcan los aportes patronales con destino a los subsistemas de seguridad social, INSSJ, al Fondo Nacional del Empleo, SIPA y Régimen de asignaciones familiares.

Sería del 20,40% al 17,40% para el rubro "servicios y comercio" siempre que sus ventas superen los límites como empresa mediana; y del 18% al 15% para el resto de los empleadores del sector privado.

Menos poder para los gremios: regulación del derecho de huelga y asambleas

El proyecto fija además dotaciones de "servicios esenciales o actividades de importancia trascendental" en caso de huelga.

Y limita la realización de asambleas y aclara "que el trabajador no devengará salarios durante el tiempo de la misma".

Incluso, fija como "infracciones graves" el bloqueo o las tomas de las empresas.

En otro golpe a los sindicatos, el proyecto facilita la obtención de la personería gremial de los sindicatos de empresa, una antigua demanda del sector patronal.

Además, invierte la predominancia de los convenios y determina que uno de ámbito menor prevalece frente a otro de ámbito mayor, anterior o posterior.

Es uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos, que ya preparan protestas. Sin ir más lejos, la conducción de ATE a nivel nacional prevé marchas al Congreso, en rechazo al proyecto de reforma laboral.

El proyecto, por otra parte, contempla la convocatoria y la realización de las asambleas del personal fuera y dentro de las empresas.

Dispone que deberán contar con la autorización previa del empleador respecto sobre el horario, la duración de las asambleas y el lugar de su realización.

Y quienes participen no percibirán el salario durante el tiempo que demande la asamblea.