Milei cierra el año con un triunfo clave en el Congreso, pero deberá negociar para sacar la reforma laboral
El debate del Presupuesto 2026 significó un triunfo político para Javier Milei pero también dejó en claro que no tiene mayorías propias ni margen político para imponer su agenda sin negociar. El Presidente logró sortear una votación clave en el Senado, pero lo hizo a fuerza de llamados de urgencia, promesas de avales de deuda y un operativo político que expuso la centralidad persistente de los gobernadores.
De hecho, la primera votación ganada para sancionar por capítulos el Presupuesto y no artículo por artículo, la ganó por 39 a 33 votos, solo dos senadores por encima del quórum propio.
Luego, el Presupuesto se aprobó en general con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención (de la cordobesa Alejandra Vigo).
Lejos del relato libertario de la "casta derrotada", el trámite presupuestario mostró que en 2026 Milei seguirá condicionado por el Congreso, las provincias y una economía real que no acompaña el optimismo de los números macro y la desaceleración de la inflación.
Milei descubrió que no tiene la vaca atada, sino que está atado a los gobernadores y a los aliados dialoguistas. Desde ayer, vale mucho más la necesidad, por ejemplo, de no terminar de pelearse con el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, ni con el ex presidente Mauricio Macri, si quiere garantizarse la gobernabilidad. El triunfo fue agónico. Y provisorio.
Las 3 urgencias simultáneas que enfrenta el Gobierno
El Gobierno tiene tres urgencias simultáneas. La primera es financiera: el próximo 9 de enero enfrenta un vencimiento de deuda por u$s4.200 millones. Para pagarlo, Milei necesita demostrar que su programa monetario, fiscal y cambiario es sostenible en el tiempo. La colocación de deuda de los últimos días, a cargo de Luis "Toto" Caputo, fue pobre, tan solo obtuvo u$s1.800 millones a una tasa del 9,26%, y dejó más preguntas que certezas. Ahora el ministro promete "otras fuentes de financiamiento", aunque en el mercado todavía no aparece el salvavidas.
La gestión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comenzó con un respaldo rotundo y con el anuncio de un préstamo de bancos de 20.000 millones de dólares. Tras una discusión con esos bancos por las garantías con el Tesoro que dirige Scott Bessent, ahora se discute un tramo de 7.000 millones de dólares.
La segunda urgencia es política: reactivar la ley de Modernización Laboral, postergada hasta el 12 de febrero de 2026 por el conflicto que desató el Presupuesto en Diputados y por la pelea paralela con el PRO por la designación de los auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese proyecto será el próximo campo minado.
Además, Milei amagó con vetar el Presupuesto luego de haber sido recortado en sus alcances del Capítulo 11 por los diputados y eso generó pánico entre los gobernadores, que retiraron su apoyo para la Modernización Laboral hasta que se sancionara un Presupuesto sin que fuera vetado: quieren garantizarse sus compromisos financieros.
La tercera es social y económica: más de 19.000 pymes cerradas en dos años y 270.000 despidos empiezan a sentirse con fuerza en el consumo y en la actividad. Aunque el Gobierno exhibe un crecimiento anual del 5% del PBI, la economía real de la industria, el comercio y la construcción aún no refleja un consenso social indiscutible. En muchos sectores la sensación es simple: "a mí no me tocó" y "no llego a fin de mes".
En Diputados, el oficialismo ya había sufrido una derrota clave: la Cámara baja eliminó el capítulo 11 del proyecto, que buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. Fue una señal de alarma que se trasladó al Senado. También fue un cimbronazo en la relación con los gobernadores.
Allí, el Presupuesto logró avanzar, pero penó especialmente por los artículos 12, 30 y 35 del capítulo 2, vinculados al financiamiento educativo, científico y técnico, la formación en escuelas técnicas y el Fondo para la Defensa. También generó fuerte resistencia el artículo 61, que recorta los giros previsionales a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación. De una deuda prevista de u$s2.975 millones, el Presupuesto sólo garantiza u$s86,2 millones.
El operativo de emergencia que salvó el Presupuesto
El Presupuesto salió "intacto" del Senado gracias a un operativo político de emergencia. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, pidió ayuda directa a la Casa Rosada. Desde Olivos, Javier Milei activó a Diego Santilli, Santiago Caputo y Eduardo "Lule" Menem para salir a convencer gobernadores díscolos y dar vuelta votos que ya parecían perdidos.
Santilli, ministro del Interior, se convirtió en el bombero político. Junto a Lule Menem y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se instalaron en el despacho de Bullrich para hacer conteos finales y negociar hasta minutos antes de la votación. Avales de deuda, obras públicas y fondos previsionales fueron la moneda de cambio.
La estrategia fue clara: romper al peronismo con ayuda de gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). El plan B era ganar por abstenciones.
La reforma laboral como próximo campo de batalla
Superado el Presupuesto, Milei deberá abrir una negociación más seria con la CGT y con los empresarios para avanzar con la reforma laboral. El proyecto incluye una fuerte baja de impuestos a las ganancias para grandes empresas y la eliminación de impuestos internos a seguros, telecomunicaciones, servicios digitales, autos, embarcaciones y aeronaves.
El impacto fiscal estimado va del 0,8% al 2% del PBI, unos u$s12.000 millones. Las provincias dejarían de percibir unos u$s3.800 millones de coparticipación. A eso se suman las flexibilizaciones laborales: convenios por empresa, banco de horas, fragmentación de vacaciones, cambios en paritarias y una regulación más estricta de huelgas y asambleas. Un combo explosivo para la CGT.
En paralelo, el oficialismo abrió otro frente: la pelea por la AGN. Martín Menem acordó con Máximo Kirchner y Sergio Massa la designación de Mónica Almada (LLA), Juan Carlos Forlón (PJ) y Pamela Caletti (massismo). El acuerdo fue avalado por Karina Milei, pero dinamitó la relación con el PRO.
Cristian Ritondo y Mauricio Macri quedaron furiosos. Ahora el encargado de "ablandar" a Ritondo será Santilli, viejo amigo desde los tiempos en que militaban junto a Ramón "Palito" Ortega, Sergio Massa y Jorge Capitanich. La política tiene memoria larga y bandos cambiantes.
Un peronismo dividido como única ventaja de Milei
Milei juega con una ventaja adicional: la interna del peronismo. Axel Kicillof y Juan Grabois buscan arrinconar a La Cámpora, de Máximo Kirchner, pero sin romper del todo con Cristina Kirchner ni con Massa. En el kirchnerismo también asoman otros nombres presidenciales para 2026, como Gerardo Zamora o Sergio Uñac.
Ese desorden le da aire al Presidente, pero no le garantiza gobernabilidad. El Presupuesto 2026 confirmó que Milei no tiene la vaca atada. Cada ley se negocia voto a voto, cada artículo cuesta concesiones y cada triunfo es ajustado. La épica libertaria choca con la aritmética parlamentaria y con una economía real que no termina de despegar.
En 2026, el Presidente seguirá dependiendo de los gobernadores. Y de su capacidad para convencerlos de que, esta vez, el ajuste también les conviene.