Reforma laboral: Pettovello aseguró que la ley no quita derechos y busca reducir la litigiosidad

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno y sostuvo que la iniciativa busca "proteger el trabajo y a los trabajadores", en un contexto de debate político y cuestionamientos sobre el alcance de las modificaciones. La funcionaria afirmó que el proyecto no elimina derechos adquiridos y planteó que el objetivo central es promover la formalización del empleo y reducir la litigiosidad que, según indicó, impacta en la contratación.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Pettovello señaló que la propuesta apunta a actualizar la normativa vigente y corregir lo que definió como distorsiones que afectan principalmente a pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con su explicación, la resistencia a los cambios responde a intereses políticos y no a una reducción de garantías laborales.

Durante la entrevista, la ministra remarcó que "el primer derecho es poder trabajar" y sostuvo que existen interpretaciones erróneas sobre el contenido de la reforma. En ese sentido, aseguró que no se modifican las vacaciones ni otros derechos contemplados por la legislación actual. También indicó que el temor a conflictos judiciales y a indemnizaciones elevadas desincentivó la creación de empleo registrado, especialmente en pymes.

Reforma laboral: objetivos, litigiosidad y formalización

Pettovello explicó que uno de los ejes del proyecto es disminuir el nivel de judicialización en las relaciones laborales. Según detalló, la existencia de demandas frecuentes y costos asociados a indemnizaciones genera incertidumbre para los empleadores y limita nuevas contrataciones. La iniciativa, señaló, busca establecer un marco de mayor previsibilidad para ambas partes.

Como parte de los cambios, mencionó la incorporación de un fondo de asistencia laboral. Este mecanismo, de acuerdo con la funcionaria, funcionaría como una herramienta de respaldo para los trabajadores ante eventuales desvinculaciones y, al mismo tiempo, como incentivo para los empleadores al reducir riesgos legales.

La ministra también vinculó la reforma con la situación de la informalidad laboral. Indicó que el crecimiento de la economía no se tradujo en un aumento proporcional del empleo formal y sostuvo que el esquema normativo actual no favorece la registración de trabajadores.

En relación con los datos del mercado de trabajo, informó que durante el tercer trimestre de 2025 la actividad económica creció 5,2%, mientras que el empleo asalariado, tanto formal como informal, registró una suba de 0,1%. En contraste, el trabajo autónomo aumentó 6,3%. Según su interpretación, esta diferencia responde a cambios regulatorios recientes y a condiciones que facilitan modalidades independientes.

Además, afirmó que desde 2011 no se verifica crecimiento sostenido del empleo en relación de dependencia. Para la funcionaria, este comportamiento evidencia la necesidad de revisar la legislación laboral vigente.

Políticas sociales y eliminación de intermediarios en planes

Otro de los puntos abordados por la ministra fue la política social implementada por la cartera de Capital Humano. Pettovello informó que el Gobierno eliminó la intermediación de organizaciones sociales en la administración de planes, de modo que los beneficiarios perciban las transferencias de manera directa.

Según explicó, el nuevo esquema busca que el cobro de la asistencia no dependa de avales o validaciones de dirigentes. La funcionaria sostuvo que esta modificación redujo la participación de intermediarios en la gestión de los programas y permitió una relación directa entre el Estado y los titulares de las prestaciones.

También señaló que, tras estos cambios, se registró una disminución en la cantidad de manifestaciones vinculadas a reclamos por planes sociales. De acuerdo con su planteo, la reestructuración del sistema modificó la dinámica de organización de las protestas.

En cuanto al destino de la asistencia, Pettovello indicó que la gestión priorizó a la población infantil y adolescente. Señaló que este grupo concentra los niveles más altos de pobreza y que la política social se orientó a ampliar la cobertura de prestaciones básicas.

La ministra precisó que la cobertura de la canasta básica pasó del 50% al 100% y que la protección etaria se extendió de los 13 a los 17 años. De acuerdo con sus declaraciones, estas medidas buscan reforzar los ingresos de hogares con menores de edad.

Datos de pobreza infantil y enfoque de la gestión

Pettovello afirmó que la franja de niños y adolescentes registra niveles de pobreza cercanos al 70%, según cifras oficiales. En ese marco, explicó que el diseño de programas sociales se enfocó en ese segmento con el objetivo de fortalecer ingresos familiares y acceso a bienes esenciales.

La funcionaria señaló que la estrategia apunta a concentrar recursos en sectores con mayor vulnerabilidad. Según indicó, el propósito es evitar la reproducción de situaciones de pobreza en el largo plazo a través de transferencias directas y ampliación de beneficios.

Además, remarcó que la asistencia social se articula con políticas de empleo y capacitación laboral, con la intención de facilitar la inserción en el mercado de trabajo formal.

Causa judicial por el ex Instituto Perón

Durante la entrevista, Pettovello fue consultada por la causa judicial vinculada a la ocupación del ex Instituto Perón, en la que se encuentra involucrado el dirigente social Juan Grabois. La ministra indicó que el Gobierno respeta las decisiones del Poder Judicial y manifestó confianza en el avance de la investigación.

Según describió, el episodio incluyó la toma de un edificio público, incidentes con personal policial y daños materiales. Sostuvo que se trata de hechos que deben ser evaluados por la Justicia y remarcó que la administración nacional aguarda resoluciones en el marco del proceso legal correspondiente.

Sistema previsional y situación de los jubilados

En materia previsional, Pettovello cuestionó el funcionamiento del régimen de reparto. Señaló que la incorporación de alrededor de cuatro millones de personas que no realizaron aportes impactó en el equilibrio financiero del sistema.

De acuerdo con su planteo, esta situación generó un desajuste estructural entre ingresos y egresos, lo que obliga a revisar el esquema de financiamiento. La funcionaria sostuvo que determinadas decisiones adoptadas en años anteriores tuvieron efectos fiscales que continúan vigentes.

En relación con las medidas destinadas a jubilados y pensionados, informó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) firmó acuerdos con cadenas de supermercados y entidades bancarias para ofrecer promociones y descuentos específicos. Estas acciones, indicó, buscan ampliar el poder de compra del sector.

Definiciones políticas y rol del Gobierno

Al referirse al liderazgo del presidente Javier Milei, Pettovello señaló que las reformas impulsadas por el Ejecutivo responden a una agenda orientada a modificar marcos regulatorios laborales, sociales y previsionales. Según expresó, el equipo de gobierno mantiene la decisión de avanzar con los cambios propuestos.

Las declaraciones de la ministra se produjeron en un escenario de debate parlamentario y discusiones públicas sobre el alcance de la reforma laboral y las transformaciones en la política social. Los proyectos continúan en análisis legislativo mientras distintos sectores sindicales, empresariales y sociales evalúan su impacto.

De esta manera, el Gobierno plantea que las modificaciones buscan incentivar la creación de empleo registrado, reducir conflictos judiciales, reordenar la asistencia social y revisar el funcionamiento del sistema previsional, en el marco de un conjunto de medidas que se encuentran en proceso de implementación.