Cambia el negocio para los laboratorios: qué implica la ley de patentes que habilitará Milei tras pacto con EE.UU.
El triunfo de los Estados Unidos en la discusión por las patentes fue total. El gobierno de Donald Trump obligó al de Javier Milei a respetar la propiedad intelectual de los medicamentos y agroquímicos, marcas y derechos de autor con lo cual, entre otros, los laboratorios argentinos no podrán copiar más las fórmulas e invenciones que quedarán protegidas en el país de la violación de esas patentes en que se incurre desde 2012.
Tal como anticipó iProfesional en septiembre de 2025, en el Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones entre la Argentina y los Estados Unidos obligó a la Argentina a no permitir a los laboratorios locales copiar la fórmula patentada en materia remedios y de agroquímicos, lo cual será un fuerte golpe para los laboratorios locales.
"Fue un acuerdo favorable a los Estados Unidos en toda la linea", dijo a iProfesional un diplomático especialista en comercio internacional e inversiones. Se sabe que el respeto a las patentes fue el requisito clave para el apoyo financiero del gobierno de Trump a Milei en 2025.
Tambien, el acuerdo comprometió a la Argentina a tomar durísimas medidas contra la falsificación de marcas, que afectarán a ferias como La Salada y todas aquellas ventas de marcas falsificadas o "truchas" y tendrá que respetar a rajatabla el derecho de autor (copiright).
Los laboratorios extranjeros, especialmente norteamericanos, alemanes, suizos o británicos, nucleados en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), celebraron automáticamente el extenso capítulo del acuerdo bilateral que protege la propiedad intelectual.
"Celebramos el anuncio de la Cancillería sobre la firma del acuerdo entre Argentina y los Estados Unidos" como "una señal sumamente relevante para profundizar el entendimiento entre ambos Estados, ampliar oportunidades y consolidar una agenda de apertura comercial bilateral orientada al crecimiento y a la integración internacional", señaló el texto de Caeme.
El gobierno de Milei tendrá que cumplir requisitos durísimos y muy complejos políticamente:
- Se comprometió a derogar la Resolución Conjunta 118/2012, 546/2012 y 107/2012 sobre pautas de patentamiento dictada en el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012 que anuló en los hechos la ley de patentes sancionada en 1995 por el gobierno de Carlos Menem y que había sido reclamada por los Estados Unidos.
- También el Congreso deberá ratificar expresamente antes de abril de 2026 el Patent Cooperation Treaty (PCT, Tratado de Protección de Patentes), del cual participan 100 países. Este convenio global permite que un laboratorio que patenta su invención en uno de los países firmantes queda protegido en todos. Es posible que los lobbies de los laboratorios locales comiencen a actuar de manera dramática en el Congreso y haya resistencia de algunos bloques en "defensa de la industria nacional".
- Además la Argentina se comprometió a firmar un conjunto de acuerdos internacionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual.
La protección de la propiedad intelectual que impusieron los Estados Unidos consistirá lisa y llanamente que un laboratorio argentino no pueda copiar por 20 años una fórmula que patenta una empresa de cualquier parte del mundo con sus propias investigaciones. Solo cumplido ese lapso, el local lo puede comercializar.
Los laboratorios suelen invertir millones de dólares en investigaciones de fórmulas medicinales o agroquímicos. Apenas descubren una molécula la patentan por 20 años. Pero la investigación dura un promedio de 10 años hasta que se comercializa.
En los hechos, suelen estar protegidos comercialmente por unos 10 años en que ponen sus productos en el mercado. Las patentes sólo regirán en el país hacia adelante: no serán retroactivas por lo que los laboratorios nacionales seguirán comercializando medicamentos actuales.
Este antiguo conflicto, entre extranjeros y locales, representa miles de millones de dólares que mueve la industria farmacéutica. Siempre fue materia de conflicto político.
En el artículo 2.6, de "Propiedad Intelectual", el acuerdo establece que "Argentina establecerá un sólido estándar de protección de la propiedad intelectual" y puntualiza que "establecerá sistemas eficaces en los ámbitos civil, penal y fronterizo y garantizará que dichos sistemas combatan y disuadan la infracción o la apropiación indebida de la propiedad intelectual".
Incluso, tambien incluyó ese requisito "en el entorno digital. Argentina priorizará y adoptará medidas eficaces de aplicación de la ley penal y fronteriza contra las infracciones de derechos de autor y marcas registradas".
En ese sentido, Caeme manifestó su "disposición a colaborar con las autoridades en la implementación de estos lineamientos, con el objetivo de consolidar un marco regulatorio moderno que incentive la inversión, fortalezca la inserción internacional y contribuya a mejorar el acceso a la innovación que mejora la salud y la calidad de vida".
En la pulseada interna del Gobierno, este acuerdo fue un triunfo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que al igual que la ex canciller Diana Mondino, siempre impulsó el respeto a la propiedad intelectual. En esa pelea chocaba contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el asesor presidencial Santiago Caputo, que siempre tuvieron influencia de los laboratorios locales.
Lo que dice el acuerdo
El capítulo de Propiedad Intelectual del acuerdo es uno de los más extensos, técnicos y duros jamás firmados por la Argentina con otro país. No se limita a patentes farmacéuticas: abarca marcas, derechos de autor, indicaciones geográficas, comercio digital, control aduanero, justicia penal y hasta la estructura del Poder Judicial.
En materia de indicaciones geográficas, Argentina deberá garantizar procedimientos transparentes para su reconocimiento, oposición y cancelación, evitar confusiones con marcas preexistentes y, sobre todo, impedir que se protejan términos que sean de uso común para los consumidores. El acuerdo habilita expresamente a las autoridades a evaluar cómo entiende el público un término —según diccionarios, prensa, comercio real y uso internacional— para impedir monopolios encubiertos sobre nombres genéricos de productos.
En cuanto a acuerdos internacionales, el país se compromete a cumplir plenamente los principales tratados globales de propiedad intelectual —Berna, París, OMPI, Marrakech— y a someter al Congreso, con plazos perentorios, la ratificación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes de abril de 2026. Además, antes de fines de 2027 deberá enviar al Parlamento otros siete convenios clave sobre marcas, patentes, diseños industriales, señales satelitales, obtenciones vegetales y microorganismos, alineando la legislación argentina con los estándares más exigentes del mundo desarrollado.
El acuerdo también obliga a Argentina a desarmar el andamiaje normativo que permitió desde 2012 restringir el patentamiento, derogando resoluciones dictadas durante el kirchnerismo y cuestionadas sistemáticamente por Washington. A la vez, exige estudiar la implementación de un régimen de protección de datos de prueba similar al vigente en el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá.
En el plano penal y aduanero, el compromiso es aún más severo: penas de prisión y multas agravadas para delitos de falsificación cometidos por organizaciones criminales, facultades de actuación de oficio para Aduana, allanamientos masivos, decomisos en mercados informales, estadísticas públicas trimestrales y la posible creación de una fiscalía federal especializada en propiedad intelectual.
El texto apunta con especial énfasis al entorno digital. Argentina deberá sancionar leyes que permitan acciones civiles rápidas contra la piratería online, investigar penalmente a los operadores de sitios web radicados en el país que lucren con contenidos ilegales, castigar la elusión de medidas tecnológicas de protección y promover la cooperación entre proveedores de Internet y titulares de derechos para reducir la infracción en línea.
Finalmente, el acuerdo impone un cambio estructural en la forma de regular: obliga a publicar normas con anticipación, abrir consultas públicas, realizar análisis de impacto regulatorio, revisar regulaciones vigentes y alinearse con estándares internacionales. Parte de estas obligaciones deberá cumplirse en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor.
En síntesis, no se trata solo de patentes: es una reingeniería completa del sistema argentino de propiedad intelectual, diseñada en Washington, aceptada por el gobierno de Milei y celebrada por los grandes jugadores globales, con consecuencias profundas para la industria nacional, el comercio informal y la política regulatoria del país.
Los grandes ganadores
El primer ganador es el gobierno de Donald Trump, que logró que la Argentina desarme por escrito el andamiaje legal que desde 2012 permitió limitar, dilatar o directamente bloquear patentes extranjeras.
Los segundos ganadores son los laboratorios multinacionales, en especial los estadounidenses, suizos, alemanes y británicos, que operan en la Argentina a través de CAEME. Para estas compañías, el acuerdo es un blindaje jurídico: podrán explotar sus medicamentos, vacunas y agroquímicos sin competencia local durante 20 años, con protección penal, aduanera y judicial reforzada y con la promesa de un Estado alineado a los estándares de la OCDE.
También ganan las empresas globales de software, entretenimiento y contenidos digitales, que obtienen un régimen mucho más duro contra la piratería online, la copia de software, el streaming ilegal y la violación de derechos de autor. El acuerdo obliga a investigar penalmente a sitios web locales, a castigar la elusión de medidas tecnológicas y a involucrar a proveedores de Internet en la vigilancia del contenido.
Otro ganador indirecto es el Ministerio de Economía, que usó este capítulo como moneda de cambio para sostener el respaldo financiero y político de Estados Unidos con el respeto irrestricto de la propiedad intelectual como precio del apoyo externo.
Los grandes perdedores
Del otro lado quedan los laboratorios nacionales, en especial los medianos y pequeños, cuyo modelo de negocios se basó durante años en la producción rápida de genéricos y en la copia de fórmulas.
Pierden también los lobbies industriales que durante años bloquearon el PCT en el Congreso, ahora forzados a dar una batalla cuesta arriba. Otro perdedor evidente es el comercio informal. Ferias como La Salada y los mercados de falsificación de marcas quedan en la mira directa de allanamientos, decomisos, multas agravadas y penas de prisión.
El texto es inequívoco: la Argentina abandona el esquema laxo, discrecional y políticamente intervenido en materia de propiedad intelectual y se alinea con los intereses de los países centrales.